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| Imagen tomada de internet |
30 de Agosto – Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
Recordando especialmente a
aquellos que fueron secuestrados y desaparecidos ilegalmente por el Estado
durante la última dictadura militar en Argentina.
*Por
Ludmila Chalón
Las voces
negacionistas y apologistas de la última dictadura militar argentina nunca se
ausentaron de la opinión pública ni de la vida política del país en democracia.
Hoy, parecen recuperar su resonancia de la mano de una derecha filo castrense.
Acuarteladas por años,
han intentado instalar una lógica discursiva a través de la teoría de los dos
demonios, una falsa disyuntiva que equipara el accionar civil con el del
Estado. Solo en la mayor de las ignorancias jurídicas e históricas puede crecer
esta semilla fertilizada con sangre.
En un nuevo embate desprolijo,
la militancia de la crueldad busca maquillar las atrocidades de los
responsables de estos crímenes bajo un disfraz de “héroes de la patria”, hoy
unos pobres viejitos que hace no tanto “salvaron
a Argentina del caos”.
La violencia política
y social en expansión, que llenó cientos de páginas de libros de historia y
periódicos en las décadas de los ´60 y ´70, no solo perteneció a un contexto
local sino también internacional, donde innumerables grupos abrazaron la
guerrilla como modo de hacer política.
El institucionalismo
clásico perdía fuerza no solo a nivel militante sino también a nivel estatal en
muchos puntos de nuestro continente. Sin embargo, la magnitud, extensión y
excesos del proceso represor en nuestro país fueron desgarradores para el
tejido social, institucional y económico de Argentina.
Para muchos, las
víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 son merecedoras de su
destino. Para algunos, incluso la apropiación y sustitución de identidad de
cientos de bebés y niños, hijos de esas víctimas, cobra sentido viendo el
“prontuario” ideológico de sus padres.
Lo que es difícil de
comprender es porqué la neutralización de los “subversivos” extendió un régimen
por siete años, cuando, al inicio de este desgobierno, ya se habían desarmado
los focos de conflicto armado más importantes del país y, para 1977, los
informes de estos mismos perpetradores del horror hablaban del éxito rotundo
del exterminio que habían venido a ejecutar.
Hay que ser muy
ingenuo para pensar que el régimen tenía un solo objetivo al tomar el poder por
la fuerza. Su extensión en el tiempo y su vocación de inmiscuirse en todos los
rincones de la política nacional son pruebas suficientes para comprenderlo.
El objeto “subversión”
fue la excusa y el canal donde miles de sádicos dejaron volar sus gustos por la
tortura. La dictadura buscó aniquilar ciertas expresiones políticas, pero sobre
todo cualquier resistencia a su siniestro y deliberado plan entreguista,
desindustrializador y empobrecedor. Utilizó el terror y la violencia para
mantener y expandir su poder y ejecutarlo.
Los genocidas que hoy
algunos intentan rehabilitar como “héroes” no solo torturaron y asesinaron,
sino que también se convirtieron rápidamente en burdos ladrones y
extorsionadores, aprovechando la ausencia de ley para apropiarse de bienes y
propiedades de cientos de argentinos, que representaban cifras millonarias.
Todo aceitado con el
engranaje financiero creado por la pata económica del modelo genocida. El entonces
ministro de economía Martínez de Hoz, sostuvo condiciones de manejo de
capitales muy cómodas, que permitían que este robo patrio pudiera ingresar al
sistema, al mismo tiempo que los cómplices civiles comían de esas mismas mieles
para hacer negocios y tomar deuda privada que luego jamás pagarían.
Este proceso de
corrupción no fue un simple abuso de poder, fue el pilar central del régimen,
que permitió a sus líderes y cómplices enriquecerse a expensas del sufrimiento,
la extorsión y el abuso de miles de argentinos.
Sin embargo, este
legado de corrupción y violencia sigue vigente en nuestra sociedad. Los
responsables de estos atroces crímenes, aunque han sido condenados por sus
violaciones a los derechos humanos, nunca enfrentaron un juicio por el
enriquecimiento ilícito que obtuvieron durante esos años oscuros.
Por otro lado, las
grandes fortunas de apellidos reconocidos que se beneficiaron de este saqueo
espurio continúan siendo actores centrales en la economía argentina.
Protagonistas coquetos del coloquio de IDEA, con finos trajes confeccionados a
base de sangre y corrupción, siguen influyendo en la economía y la política del
país.
Nadie pareció recordar
en 2015, por ejemplo, que el candidato ganador fue un niño rico, mucho más rico
desde 1976 en adelante.
Aunque se ha logrado
juzgar a los principales responsables de las Juntas Militares, y este acto ha
sido reconocido internacionalmente por su valor y ha significado un paso
crucial en la consolidación de nuestra democracia, nunca hemos logrado llevar a
cabo el merecido juicio colectivo que necesitamos para frenar a estos vulgares
ladrones de la patria, que no solo han hurtado bienes materiales, sino también
la robustez política y popular que nuestro suelo supo tener.
Haber desarmado el
aparato castrense represor fue solo un hilo del cual empezar a tirar para
garantizar el estado de derecho que nos merecemos como nación, porque el
genocidio político-ideológico se concretó a través de la continuidad de un
poder económico corrupto que sigue operando en las sombras, a costa de nuestra
soberanía y el bienestar de los argentinos.
Continuar la lucha
discursiva y política es el único medio por el cual algún día haremos caer caretas
impolutas que ocultan detrás lamparones
de sangre argentina que corrió por odio y avaricia.
Para sanar, nuestra
única opción real será buscar la integralidad de la justicia, que no solo
condene la violación a los derechos humanos, sino que también sea capaz de
desmontar las estructuras de poder y riquezas construidas, que siguen
ejerciendo poder con los mismos métodos apenas maquillados: la corrupción, el
odio y el terror.
Genocidio Crimini$Cau$a
La destrucción de la
matriz productiva del país y el empobrecimiento deliberado de la sociedad
fueron otras herramientas de sometimiento social que la dictadura genocida
ejecutó de la mano de los grandes empresarios del país.
La precarización de la
calidad de vida de la gente aseguró mano de obra barata.
La sustitución de
importaciones cumplió un rol fundamental en el desguace del aparato productivo
nacional. Permitió la venta de recursos y fábricas a precios de remate.
Absolutamente todos
los índices relevantes para construir prosperidad económica y bienestar social
empeoraron en el período entre 1976 y 1983. Incluso después de haber recuperado
el “orden” en el territorio nacional.
Desempleo: En 1975, el nivel de
desempleo en Argentina era de aproximadamente el 4,2%. Para 1983, había
aumentado al 6%.
Pobreza: En 1975, se estima
que la pobreza en Argentina afectaba a alrededor del 5% de la población. Para
1983, con el impacto de la dictadura y las políticas económicas regresivas,
había aumentado significativamente, afectando al 18% de la población.
PBI per cápita: En 1975 era de
aproximadamente 4700 USD. Para 1983, había disminuido a 3900 USD, reflejando la
recesión y la caída de la actividad económica y productiva del país durante la
dictadura militar.
Desindustrialización: Desde 1976 hasta
1983, se estima que la producción industrial cayó en más de un 20%, con la
pérdida empresas nacionales y una mayor dependencia de importaciones.
A simple vista,
podemos concluir que el desempeño económico de la última dictadura militar fue
un fracaso. Pero no nos equivoquemos, ninguna de estas variables fue
erróneamente devaluada. En ese entonces, y hoy, una Argentina de rodillas es el
objetivo, es el éxito (de unos pocos).
*Politóloga
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