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| Imagen tomada de internet |
*Por Ludmila Chalón
La desaparición de
Loan lleva casi un mes en todos los titulares y en el prime time de los medios
del país. El niño de 5 años, "perdido", comenzó como un misterio
angustiante y, poco a poco, parece tomar un rumbo poco feliz que enmascara
complejas tramas de delitos aberrantes cubiertos por enmarañadas redes de
corrupción política, policial, judicial y, sobre todo, humana.
Pensar en que existe
una parte de la familia dispuesta a servir en bandeja de plata a los niños del
círculo, por algo de dinero o algunos favores, hiela la sangre. Sin embargo,
esta horrorosa realidad no es una anécdota mediática.
En Argentina, todos
los años se pierden alrededor de 10 menores de edad, de los cuales nunca
volvemos a conocer rastro. Sin embargo, estos casos tan dolorosos representan
apenas un pequeño porcentaje, el porcentaje de los denunciados.
Nuestro país acumula
una lista sin fin de niños sustraídos, vendidos y adoptados de manera ilegal
año tras año. Un mercado millonario y robusto que se alimenta de la
marginalidad, la necesidad, las carencias, la falta de educación, de escrúpulos
y, sobre todo, del vacío de legislación y control.
Cientos de mujeres en
situaciones de extrema vulnerabilidad económica y psicosocial entregan a sus bebés
por algo de dinero y la esperanza de que sus hijos tendrán un futuro mejor,
lejos de la marginalidad que les tocaría sortear junto a ellas. Otras tantas,
en cambio, son ultrajadas de la forma más cruel, y sus bebés son sustraídos
contra su voluntad, muchas veces entregados por otros familiares o engañadas
por matronas que incluso llegan a fingir la muerte del niño para llevárselo sin
levantar sospechas.
Pero, ¿cómo es posible
que esta enmarañada y perversa trama suceda frente a nuestras narices y circule
como un mito urbano entre todos nosotros sin consecuencias?
Para comenzar, la
venta de menores de edad no es un delito tipificado en nuestro código penal. Y
si bien, en reiteradas oportunidades, organismos internacionales han solicitado
al Estado Argentino que regularice esta situación aberrante, hasta el día de
hoy se ha hecho oídos sordos a esta demanda.
La ausencia de esta
tipificación dificulta la investigación y la condena para los partícipes de
estas redes. La carátula de trata de personas muchas veces no encuadra
correctamente las acciones y objetivos de estas inmorales transacciones. Y, a
su vez, la adopción ilegal se enfoca en los apropiadores del menor, pero deja
fuera a todos los nexos que construyeron y monetizaron la posibilidad de que
eso exista.
El oscuro y doloroso
pasado de nuestro país, vinculado a las apropiaciones de menores en la época de
la última dictadura militar, no parece haber sido suficiente para movilizar las
voluntades políticas para perseguir este mercado de personas.
Habiendo sido un país
modelo en la restitución del derecho a la identidad, es difícil entender cómo,
fuera del periodo que va entre 1976-1983, los miles de niños adoptados
ilegalmente desde 1984 hasta el día de la fecha no parecen correr con la misma
suerte en cuanto al compromiso social y estatal que debería velar por su
integridad psicoemocional y, sobre todo, su fundamental derecho a la identidad.
La farandulización del
caso de Loan tiñe de amarillismo una situación dolorosa y llena las horas de TV
de contenido de baja calidad periodística. Sin embargo, todos los menesteres
que se desprenden de este caso parecen cerrar sobre sí mismos y no tomar un
curso rico para abordar las discusiones importantísimas que podríamos plantear
de ahora en más.
Hablar sobre el cuidado,
la correcta estimulación de sus cuerpo y mentes, la alimentación y la
protección de su integridad física y emocional para garantizarle un desarrollo
pleno a los niños, no parece tener mucho lugar en una agenda publica donde solo
se habla de la asistencia y la educación como un gasto a ser recortado.
Pero debatir y
regularizar la ausencia de legislación sobre la venta de niños y su posterior
adopción ilegal, sería una buena forma de comenzar a subsanar algunos de los
agujeros más oscuros que este país proyecta sobre sus niños.
La enorme deuda que
Argentina tiene con las infancias olvida la vulnerabilidad natural del primer
episodio de la vida de los humanos, además, se ve alimentada por la pobreza que
golpea a uno de cada dos niños en nuestro país, el deterioro del sistema
educativo y la situación delicada en la que se encuentran las familias
argentinas. Todas estas situaciones exponen.
La protección de las
infancias no es solo una deuda moral, es una deuda con el futuro.
*Politóloga
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