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| Imagen tomada de internet |
*Por Pablo A. Vázquez
En nuestra historia política los documentos que integraron la organización institucional argentina tuvieron dos características, o se imponían por el “pretendido” poder central o se establecían por acuerdos entre partes.
Dirá Guillermo Raúl Moreno, en su obra “En cumplimiento de pactos preexistentes: organización institucional argentina (1820 – 1853)” (2008): “Luego del movimiento de mayo, surgirán en el Rio de la Plata dos métodos antagónicos tendientes a la organización del incipiente Estado. El estatutario (o unilateral) y el contractual. El primero de ellos se hace efectivo a través de reglamentos obligatorios, en tanto que el segundo, por medio de pactos políticos”.
Lo estatutario, entonces, es de imposición, por ejemplo, luego de la sublevación de Portezuelas contra el Director Supremo Carlos de Alvear, cae dicho personaje y es nombrado Álvarez Thomas, se nombra una Junta de Observación, la que dicta el “Estatuto Provisional de 1815” a fin de ordenar el potencial Estado argentino, sin participación ni opinión de las provincias.
El pacto, en cambio, es un acuerdo de partes donde se plantea igualdad de participación y opinión, léase los Pactos de Pilar, Cuadrilátero, de Cañuela y de Barracas, hasta arribar al Pacto Federal del 4 de enero de 1831, verdadero organizador de la Confederación Argentina bajo el mando de Juan Manuel de Rosas, y basamento de la Constitución de 1853. Hasta el Pacto Social de 1973, entre la CGT, CGE y Ministerio de Economía, bajo la advocación de Perón, mantiene el sentido del concepto contractual antes detallado, por no citar el “Pacto de Olivos” entre el presidente de la UCR, el expresidente Raúl Alfonsín, y el presidente de la Nación en los ’90, Carlos Menem, en vistas del proyecto constitucional que daría origen a la reforma de 1994.
Efectivamente, el pacto fue un modo de
organización institucional, en el siglo XIX cuando se buscaba la unidad
nacional desquebrajada por la guerra civil, y que hoy busca remedar el actual
presidente Javier Gerardo Milei en su cacareado Pacto de Mayo.
Ni es pacto, ya que reviste la imposición estatutaria al estilo del Directorio, ni fue firmado en mayo, ya que fracasó la reunión de gobernadores en Córdoba, polémico lugar para realizarlo un 25 de mayo, justo la provincia que se sublevó contra la Primera Junta en 1810, para dejar la firma un 8 de julio casi a la medianoche, con asistencia, con traje oscuro según la invitación, de gobernadores aliados, sean los casi absorbidos del PRO, los serviciales radicales y los impresentables que se dicen peronistas.
Aunque se incluyó en los diez puntos la educación a último momento – nota de color, si me guío por el acto en San Juan días pasados, donde se debía relanzar el Plan de Alfabetización, la ministra encargada del área ni dijo “mu” y el Presidente leyó un discurso, digno de Jardín de Infantes, como si fuese Jar Jar Binks, personaje de Star Wars, por lo que veo neblinoso el asunto -, el último debate sobre el tema, ya que nadie refiere su contenido sino lo simbólico del hecho político, es un cruce de insultos entre el escritor Martín Caparros, que objetaba el sentido del acto en San Miguel de Tucumán, con el intelectual orgánico libertario, el biógrafo del presidente Nicolás Márquez.
En vísperas de una nueva celebración de
nuestra independencia, y en ciernes de la final de la Copa América, veremos el
impacto político de dicho evento, y si a Milei le suma en gobernabilidad,
mientras Federico Sturzenegger asume, otra vez, como ministro para desguazar el
Estado.
*Lic. en Ciencia Política
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