Este es un momento clave para impulsar el armado de un Frente Parlamentario en Defensa de la Industria Naval Nacional con el objeto de proponer y apoyar en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, iniciativas públicas y privadas que contribuyan al desarrollo y expansión del sector, fortaleciendo la producción local, el progreso de la ciencia y tecnología y demás acciones que fortalezcan a la industria y protejan las fuentes de empleo.
Desde que el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley “ómnibus” al Congreso de la Nación, la mesa multisectorial de la pesca, integrada por gremios y cámaras empresarias del sector, ha mantenido una actividad incesante reuniéndose con legisladores, gobernadores e intendentes.
La razón de este movimiento sectorial la constituyen los 12 artículos contenidos en el proyecto de ley “ómnibus” que modifican el actual Régimen Federal de Pesca establecido por la Ley 24.922. De aprobarse, estos 12 artículos destruirían a la industria pesquera nacional, poniendo en riesgo, no solamente los ingresos de más de 100 mil familias que directa o indirectamente dependen de la actividad pesquera en cinco provincias del litoral marítimo argentino, sino también los recursos vivos del ecosistema del Mar Argentino.
Iniciativas como la de la multisectorial de la pesca son correctas pero resultan insuficientes si se instrumentan únicamente ante una amenaza existencial a un determinado sector. Los argentinos ya hemos padecido políticas de ajuste ultra-ortodoxo con devastadoras consecuencias, pero si los actores de la economía real solo van a reaccionar cuando la “motosierra” se cierne sobre ellos se cumplirá el último verso del poema de Bertolt Brecht: “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
Paradójicamente, en una coyuntura en la que Argentina busca desesperadamente divisas en el exterior para que su economía no se paralice, este proyecto de ley no solo ataca a un sector como el pesquero que en el año 2022 exportó US$1.823 millones (constituyéndose así en el octavo complejo exportador del país), sino que su sola presentación ya ha tenido un efecto devastador sobre la Industria Naval Nacional al crear una enorme incertidumbre pues castiga al armador pesquero que utiliza en su faena buques nuevos de construcción nacional y no tendría prioridad alguna sobre aquellos que pesquen con barcos usados construidos en el exterior. Esto dinamita el proceso virtuoso de renovación de la flota pesquera que se puso en marcha hace cinco años y permitió una reactivación parcial de la Industria Naval Nacional.
A contramano de lo que sucede en los países desarrollados, donde la industria naval promueve una dinámica económica intensa con el desarrollo de la cadena navalpartista, un mercado laboral con empleo de calidad, además de la calificación de sus recursos humanos, el Presidente Milei abjura del rol del Estado y propone que todo quede librado a los “designios del mercado”.
Lo que el Presidente desconoce, o no le interesa, es que la industria naval constituye una actividad fundamental para el desarrollo soberano de las naciones y, por eso mismo recibe apoyo y protección de sus Estados, independientemente de las alternancias electorales y las diferencias ideológicas (como sucede en China, Corea del Sur, Japón, Francia, Rusia y los EE.UU.). Esto se debe principalmente a que la industria naval está directamente relacionada con la defensa de la Soberanía Nacional, la logística del comercio internacional, la producción y transporte de gas y petróleo (fuentes de energía indispensables para la producción fabril), el fortalecimiento de otros sectores industriales y el desarrollo de nuevas tecnologías. Además de eso, la industria naval tiene una importancia estratégica por su capacidad de apalancar el crecimiento económico de regiones que sufren profundas desigualdades sociales al impulsar sectores productivos de apoyo a sus actividades. En efecto, el desarrollo de una red de proveedores para el sector naval así como la creación de escuelas de formación y calificación de mano de obra, contribuyen a establecer una base de apoyo que genera empleo calificado e ingresos, impulsando a su vez las economías locales, por eso a la industria naval se la denomina “madre de industrias”.
En este contexto, se hace cada vez más evidente para la Industria Naval Nacional la necesidad de una política de Estado que no quede sujeta a la discrecionalidad de la administración de turno.
Es imperativo consolidar una legislación que establezca reglas claras para las instituciones gubernamentales a mediano y largo plazo incluyendo a las empresas públicas, de manera tal de reducir la incertidumbre que perjudica las inversiones en el sector naval.
Los actores de la Industria Naval Nacional deben articular una agenda que incluya el diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo en sus diversas instancias, los gobiernos provinciales y municipales, además de realizar un estudio pormenorizado del andamiaje legislativo vigente, para poder así impulsar una legislación que posibilite un planeamiento financiero anticipado, una amplia y coherente organización logística y la debida programación de las etapas de producción de las diversas partes y componentes que requiere un buque o artefacto naval.
Un Frente Parlamentario en Defensa de la Industria Naval Nacional, actuando en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, con carácter partidario transversal, de interés público y federal, integrado por Senadores y Diputados de distintas filiaciones, tendría el protagonismo de proponer y apoyar iniciativas públicas y privadas que contribuyan al desarrollo y expansión del sector, fortaleciendo la participación de la industria local, el desarrollo científico y tecnológico, – entre otras acciones – para impulsar el reposicionamiento de la República Argentina en el nuevo orden económico mundial.
En Brasil, la experiencia de los Frentes Parlamentarios en Defensa de la Industria Naval representó un impulso fundamental para la recuperación de la alicaída industria naval brasileña.
Entre 2015 y 2019, fueron cesanteados más de 60 mil operarios en astilleros y talleres navales brasileños – buena parte de ellos mano de obra calificada – principalmente debido al viraje en la política de compras de Petrobras que dejó de encargar en astilleros brasileños la construcción de buques y plataformas petroleras offshore y empezó a hacerlo en el exterior, así como drásticas reducciones en los requerimientos de contenido local (bienes y servicios que debían ser de origen nacional). Durante ese período, la industria naval en el Estado de Rio de Janeiro fue la que más puestos de trabajo perdió: aproximadamente 25 mil (70% de los trabajadores activos en el 2014).
Ante esa situación, en septiembre de 2017 se lanzó el Frente Parlamentario en Defensa de la Industria Naval en la Asamblea Legislativa del Estado de Rio de Janeiro, presidido por el Diputado Estatal (análogo a un diputado provincial en Argentina) Waldeck Carneiro e integrado por diputados estatales de diversos partidos. El lanzamiento también contó con la participación del Sindicato de Metalúrgicos (SINDIMETAL) de los municipios de Rio de Janeiro, Angra dos Reis y Niterói y la representación del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción y Reparación Naval y Offshore (SINAVAL).
Previamente, en abril de 2017, la Asamblea Legislativa del Estado de Rio Grande do Sul ya había lanzado el Frente Parlamentario en Defensa del Polo Naval de Rio Grande, con el propósito de frenar el desmantelamiento de la industria naval en ese Estado. Tal propuesta fue impulsada por el Diputado Estatal Nelsinho Metalúrgico frente al pedido de socorro efectuado por los trabajadores del Polo Naval, representantes de universidades y el Intendente de Rio Grande Alexandre Lindenmeyer, dada la interrupción de actividades en astilleros locales y la consiguiente desvinculación de millares de trabajadores por el cambio en la política de compras de Petrobras.
Finalmente, en julio de 2023, Diputados y Senadores constituyeron en el Congreso Nacional de Brasil el Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Industria Naval con los siguientes objetivos:
- Propugnar la defensa del contenido local en la exploración y explotación hidrocarburífera offshore en lo que respecta a la discusión, implementación y ejecución de políticas públicas (los índices de “contenido local” son el porcentaje de bienes y servicios adquiridos que deben ser de origen nacional, para alcanzar objetivos relacionados al propio desarrollo industrial y tecnológico);
- Acompañar las políticas de apoyo a la industria naval en el ámbito nacional y provincial, manifestándose en aquellos aspectos que sean relevantes en cuanto a su factibilidad;
- Procurar de forma continua la actualización y desarrollo de la legislación referente a políticas nacionales y provinciales de la Industria Naval Nacional;
- Asesorar y aportar información a los legisladores que integren el Frente;
- Discutir, establecer posiciones y defender los aportes de recursos financieros necesarios para garantizar el desarrollo de la Industria Naval Nacional;
- Promover el intercambio con entidades públicas y privadas, gubernamentales y parlamentarias de otros países, buscando el perfeccionamiento de las políticas dirigidas al desarrollo de la industria naval;
- Proponer, acompañar y revisar la legislación en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación que propugnen la implementación y priorización de políticas públicas que contribuyan a la expansión y consolidación de la Industria Naval Nacional y su mayor competitividad frente al mercado mundial;
- Apoyar y auxiliar en la integración interinstitucional y en la articulación entre las instituciones públicas y privadas en lo que atañe a las políticas dirigidas a la Industria Naval Nacional;
- Fomentar y apoyar la creación de frentes parlamentarios en defensa de la industria naval en las legislaturas provinciales, buscando ampliar el debate sobre las cuestiones regionales;
- Colaborar con organismos, asociaciones, entidades de trabajadores y empresarios, buscando el perfeccionamiento de la cadena navalpartista, promoviendo la cooperación del Honorable Congreso de la Nación con el sector;
- Fiscalizar y velar por la correcta implementación de las normas y políticas dirigidas a la Industria Naval Nacional;
- Dialogar con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales, además de realizar un estudio pormenorizado de la estructura legislativa actual, para poder así, sugerir medidas para que la legislación que regula a la industria naval sea más segura y atractiva para inversores nacionales y extranjeros.
En nuestro país es urgente que tanto políticos, como trabajadores y empresarios se encolumnen en pos de una política de desarrollo de la Industria Nacional, sino sufriremos el destino de países ricos en recursos naturales como Angola, que a pesar de producir 1,2 millones de barriles de petróleo diarios (el segundo mayor productor de petróleo en el África Subsahariana) y poseer reservas de 12.700 millones barriles de petróleo (la segunda mayor reserva petrolífera de África), tiene una economía oligopólica profundamente inequitativa, donde el 15% de la población percibe el 90% de los ingresos, mientras que el 68% de los angoleños vive bajo la línea de pobreza y el 28% bajo la línea de indigencia, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas.
Para evitar que Argentina sufra como Angola la “maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”, resulta imprescindible llegar a un consenso entre gremios y cámaras empresarias a los efectos de presentar una propuesta unificada que sea articulada a través del poder político, ya que uno de los mayores desafíos para aquellas naciones con riquezas naturales lo constituye la forma en que los ingresos provenientes de la explotación de las mismas resulte en un beneficio para TODA su población, lo que solo es posible por medio del desarrollo e implementación de políticas industriales locales.
En el año 2022 Argentina exportó US$88.446 millones (datos del INDEC), de los cuales más del 80% correspondieron a bienes primarios con nulo o bajo valor agregado. Sin embargo, en nuestro país aún no se han instrumentado políticas que permitan que parte de ese flujo de divisas sea utilizado para impulsar a la Industria Nacional ni tampoco se cuenta aún con la legislación necesaria que permita alcanzar objetivos relacionados con su propio desarrollo industrial y tecnológico.
Además, nuestro país cuenta aún con recursos estratégicos sin explotar que resultan críticos en un contexto internacional convulsionado y de creciente multipolaridad.
Por todo lo expuesto, Argentina debe implementar un plan estratégico a mediano y largo plazo en el cual el desarrollo de la Industria Nacional sea una política de Estado con eje en la integración regional, el federalismo, el crecimiento industrial y la transferencia tecnológica, dejando atrás el modelo de economía primarizada exportadora de commodities sin valor agregado.
Tenemos los recursos humanos y naturales necesarios para alcanzar el pleno desarrollo de nuestra Nación, pero solo si defendemos lo propio y trabajamos en conjunto por una pujante Industria Nacional.
*Analista Económico – Ex-asesor en Transporte, Energía, Pesca y Minería de la Honorable Cámara de Senadores y en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación – Asesor en Transporte y Ambiente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicado en: Informe Marítimo
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