*Por Mario Hernández
Ante la creciente
crisis social, el Gobierno mantiene un fuerte ajuste a las jubilaciones y
asignaciones. No hay IFE para los precarizados y desempleados. Con la pobreza
superando el 42%, es urgente tomar medidas de fondo para recomponer los
ingresos de la mayoría de la población.
Jubilaciones y AUH
se hundieron entre un 10 % y 15 % en el último año
La nueva ley de
movilidad (Ley 27.609) votada el año pasado fue acompañada de declaraciones del
Gobierno que negaban se trate de un ajuste, pero los números publicados por la
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el primer trimestre del año,
dejan claro el ataque sobre los jubilados, pensionados y aquellos que cobran
asignaciones. Además los empleados estatales también se vieron perjudicados
como parte del ajuste para poder cumplir con las exigencias del FMI.
En el informe
presentado afirman que las asignaciones familiares y por hijo (a las cuales se
destinó $ 125.855 millones) presentaron una disminución de 15,5 % en el primer
trimestre, en comparación al mismo período del año pasado, teniendo en cuenta
la inflación. La suba de precios que llegó al 13 %, en los primeros tres meses
del año, fue superior al de las jubilaciones y pensiones que tuvieron un
incremento de sólo 8,07 %, en marzo. Por esto el Estado destinó un 10,5 %
menos, en términos reales, para los jubilados y pensionados (en el primer
trimestre) que en 2020.
Eugenio Semino, el
Defensor de la Tercera Edad en CABA, fue contundente: “a pocos meses de haberse
cambiado la forma de cálculo de la movilidad vemos cómo los jubilados entre el
trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado, enero, febrero y
marzo, vieron cómo perdieron respecto a la inflación general doce puntos más de
poder adquisitivo de su haber”.
Desde el Gobierno
afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales, que alcanzó un total
$ 958.224 millones y tuvo una caída real de 8,3% en relación a igual período de
2020, fue compensado por la ampliación del Repro y el ATP, pero estas partidas
representan una pequeña parte de lo recortado. Al programa Potenciar Trabajo se
destinó $ 31.912 millones y a las Políticas Alimentarias $ 29.251 millones, al
REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $
10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas
del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue
eliminado para 2021.
Por su parte, los
recursos provenientes de la Seguridad Social sumaron $ 448.913 millones, lo que
implicó una caída de 8,4% interanual. El informe señala que: “se verificaron
caídas en la comparación interanual de la cantidad de aportantes al sistema y
de la remuneración imponible» y agrega: «Por la baja en el empleo registrado y
el atraso en los salarios nominales, desde junio de 2018 la masa salarial se
ubica sistemáticamente por debajo del Índice de Precios al Consumidor». Además
en comparación con el 2020, lo destinado a los salarios de los empleados
estatales cayó un 6,5 % (siempre teniendo en cuenta la inflación). Esto refleja
el grave empeoramiento del empleo tanto privado como público.
Pese a la crisis
económica, el alza de los precios internacionales de los alimentos, como la
soja o la carne, generaron un crecimiento importante en lo recaudado por los
derechos de exportación; pasaron de implicar el 12 % de los ingresos
tributarios al 20 %. La suba podría haber sido mayor si el Gobierno
no hubiese otorgado una serie de beneficios a las grandes multinacionales
exportadoras. Pero estos recursos no están siendo puestos en función de las
necesidades de las grandes mayorías, cuando más del 42 % de la población se
encuentra en la pobreza.
Alberto Fernández
sólo anunció un bono de $ 15.000 para las familias del AMBA que cobran la AUH y
los que integran las categorías más bajas del monotributo como paliativo ante
las nuevas medidas de restricción a la circulación. Si el IFE que totalizó $
30.000 en seis meses no pudo evitar la profundización de la crisis social,
mucho menos lo hará esta medida limitada.
El Gobierno elige
recortar las ayudas sociales para seguir ajustando el Presupuesto en función de
las exigencias del FMI. Una deuda fraudulenta que no ha dejado de crecer a un
ritmo acelerado en las últimas cuatro décadas y provocando un saqueo constante
de los recursos del país. Las familias trabajadoras y los jubilados no pueden
seguir pagándola a costa de pasar hambre, es urgente declarar el
desconocimiento soberano de la deuda externa y poner en primer lugar combatir
la pandemia y la pobreza.
Si Mingo lo dice…
Domingo Cavallo
afirmó que Martín Guzmán «puede exhibir los resultados de los cuatro primeros
meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado».
Cavallo dijo que:
«un examen más detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone
de manifiesto que el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de
un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las
prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación
con el resto de los gastos». También agregó como motivo: “la aceptación, hasta
ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la
tasa de inflación».
Pese a que desde el
Gobierno repiten que están aumentando la ayuda social y que los jubilados no
están perdiendo con la inflación, los números muestran otra cosa y un
neoliberal como Cavallo ve con agrado esas cifras. Según los datos de la
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados para las
jubilaciones en primer cuatrimestre del 2021 cayeron más de un 10 % en
comparación con el mismo periodo del 2020 y las prestaciones sociales en más de
un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.
El autor del
corralito analizó que: “El ministro Guzmán confía en que este comportamiento de
las cuentas fiscales no empeore en los próximos meses, con lo cual podría
llegar a sobre cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario. Eso le
daría un importante argumento en la negociación con el FMI».
Cavallo concluyó su
análisis alentando a Guzmán a mantener el ajuste en el tiempo y que no sea algo
circunstancial, al opinar que “el curso de las cuentas fiscales no puede ser
tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitaría la
economía para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de éxito.”
Al respecto, señala
el Lic. Héctor L. Giuliano en su artículo “Destino Emisión” del 8.5.2021: “[…]
La tríada
Oficialismo-Clase Política-Medios está empeñada en hacerle creer a la Opinión
Pública que el Estado Argentino financia su Déficit Fiscal con Emisión
Monetaria cuando ello, estrictamente hablando, no es cierto:
– Primero, porque
el Tesoro no se financia con el emisionismo del BCRA sino con el endeudamiento
del BCRA, sin apelar entonces a una emisión monetaria directa y autónoma.
– Segundo, porque
ni siquiera se llega hoy a financiar realmente el Gasto Público con emisión
dado que la mayoría de la impresión de billetes se hace para sostener el costo
del endeudamiento del BCRA -el pago de los intereses propios- antes que las
necesidades financieras de la Tesorería.
Se está engañando
al Pueblo Argentino vendiéndole la idea de que la culpa de todos los males de
la Economía Argentina deviene de la Emisión Monetaria sin respaldo para
financiar el Déficit Fiscal y que la misma es la causa de la Inflación cuando
el verdadero problema de fondo es la Deuda… y la Inflación que generan los
Intereses de dicha Deuda”.
El Frente de Todos
pagó USD 10 millones diarios a organismos internacionales y otros Estados
El lunes 31 de mayo
vencía la última cuota de la deuda con el Club de París por US$ 2.400 millones,
el Gobierno decidió no pagarla por el momento buscando llegar a un arreglo para
aplazarla dentro de los 60 días previstos en el acuerdo firmado por Axel
Kicillof en 2014 con el organismo.
La gestión del
Frente de Todos viene optando por abonar todos los compromisos internacionales.
Hasta el mes de abril, según los datos de la Oficina de Presupuesto del
Congreso (OPC), fueron destinados más de US$ 6.000 millones para el pago de
préstamos en moneda extranjera (sumando los intereses y las amortizaciones) con
organismos multilaterales de crédito y otros Estados.
Alberto Fernández
no se cansa de repetir que no quiere hacer recaer las consecuencias de la
crisis sobre el pueblo, pero mientras sigue priorizando el pago de la deuda
externa la pobreza alcanza a más del 45 % de la población. Tampoco dejó de
hacer crecer el endeudamiento. Desde principios del año pasado la deuda externa
acumuló un crecimiento de US$ 25.202 millones, acumulando un total en abril de
US $338.501 millones, según los datos de la Secretaría de Finanzas.
De no llegar a un
acuerdo con el Club de París, al país se le cobraría una tasa del 9% en dólares
retroactiva a mayo 2014 por el saldo a pagar, lo cual elevaría sustancialmente
una vez más el monto total. Una deuda con una porción importante que
corresponde a la dictadura militar y que Kicillof, cuando era ministro de
Economía, aceptó casi se duplique al pasar de US$ 5.000 millones a US$ 9.600,
una estafa sin final.
Con el FMI en el
informe de abril (de la Secretaría de Finanzas) lo adeudado ascendía a U$S
45.827 millones, constituyendo uno de los pesos más grandes que carga el
Estado. Durante 2020 los pagos de interés a organismos multilaterales,
totalizaron US$ 1.994 millones, de los cuales el 65% (US$ 1.306 millones)
corresponden al préstamo Stand By del FMI; otros 300 millones de dólares fueron
destinados en mayo para el mismo fin.
Para hacer frente a
estos pagos y mostrarse “sustentable” a futuro el Frente de Todos viene
llevando adelante un duro ajuste que más allá de las diferencias internas todos
sus legisladores aprobaron con el Presupuesto 2021 que fue votado en el
Congreso. En el primer cuatrimestre del año el resultado primario (sin tener en
cuenta los pagos de deuda) de la administración pública nacional arrojó un
déficit de apenas 0,2 % del PIB, contra 1,42 % en igual período de 2020; siete
veces menos. Para lograrlo recortaron las jubilaciones en más de un 10 % y las
prestaciones sociales en más de un 40 %, gracias a la eliminación del IFE.
El Mapa argentino
de la pobreza
Bajo este título,
el informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas
(IPyPP) analiza cómo impacta la pandemia en las provincias argentinas. Claudio
Lozano, integrante del Instituto, afirma: “El impacto social de la pandemia
quedó reflejado en la información del INDEC para el segundo trimestre del 2020.
21 millones de pobres y casi 6 millones de hambrientos. Esta dramática
situación se distribuye en las diferentes regiones y provincias del país”
El economista de la
CTA Autónoma y Diputado Nacional (MC), aseveró que “cinco provincias superan la
tasa de pobreza registrada a nivel nacional (47%), encabezadas por la Provincia
de Buenos Aires (53,9), seguida por Chaco (50,8%), Salta (49,9%), Río Negro
(48,4%) y Neuquén (47,5%). Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Salta superan el
promedio nacional en niveles de indigencia”.
“En este marco, y
con estos datos, resulta inentendible que el Gobierno aún dude respecto a la
necesidad o no de pagar el IFE 4 y que el proyecto de Presupuesto Nacional no
incluya el IFE, no avance hacia un salario universal para la población en
situación de desempleo e informalidad y que frente al aumento del hambre se
reduzca la inversión de recursos públicos en los programas alimentarios”,
remató Lozano.
Las brechas
Los resultados aquí
presentados expresan las desigualdades estructurales que a nivel regional
atraviesan las familias que habitan el suelo argentino, producto de las cuales
el hecho de residir en una u otra provincia influye en la probabilidad de
alcanzar umbrales materiales de vida que aseguren una reproducción en condiciones
adecuadas. En efecto, mientras la información más reciente indica que hay
provincias donde al menos la mitad de la población es pobre, en otras
jurisdicciones este guarismo desciende a un tercio de la población o incluso
menos. Asimismo, la magnitud de la indigencia llega a quintuplicarse en las
provincias más golpeadas respecto a aquellas que alcanzan niveles más bajos.
Por otra parte,
este documento aporta un análisis de la evolución que experimentaron estos
indicadores en el último período, lo cual adquiere especial relevancia a fin de
mensurar los efectos que provocó la irrupción de la pandemia en las distintas
jurisdicciones. De esta manera, este informe complementa el análisis de los
resultados de pobreza e indigencia a nivel nacional que publicamos previamente.
La emergencia
socioeconómica y sanitaria generada por la llegada del coronavirus, impactó
sobre un cuadro social que ya se encontraba en estado crítico, a causa del
acelerado proceso de pauperización experimentado desde el año 2018 y los
elevados niveles de informalidad y precariedad que alcanzó el mercado de
trabajo en los últimos años. Desde mediados de marzo del 2020, la situación
epidemiológica y las medidas de prevención adoptadas comenzaron a tener un
fuerte impacto, como era esperable, tanto en la actividad económica como en la
situación laboral. En el segundo trimestre, el PBI se contrajo un 16,3%, al
tiempo que el empleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2002, lo cual se
tradujo en una pérdida de 3,7 millones de ocupaciones respecto al primer
trimestre.
En los cuatro años de Cambiemos los trabajadores perdieron un cuarto de su poder de compra.
Fuente: Resumen Latinoamericano
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