La política del gobierno macrista referida a la reivindicación soberana de las Islas del Atlántico Sur muestra el sumisión a las visiones lucrativas demandas por el Reino Unido de Gran Bretaña y sus socios dentro de la OTAN, entre ellos Estados Unidos. Desde 1833, año en que fueron ocupadas militarmente las Islas Malvinas, se instrumentaron por parte de Argentina tres formatos alternativos de respuesta a esa estrategia colonial.
La primera se basó en la continuidad de la presión política, diplomática y económica. La segunda fue la bélica, motorizada únicamente por la última dictadura genocida. Y la tercera consistió en empatizar con los invasores con la ilusoria esperanza de una potencial aceptación del debate bilateral sobre la soberanía.
Esta última ha sido la estrategia implementada durante gran parte de los últimos dos siglos, con resultados claramente deficitarios. Sin embargo, a pesar del probado fracaso de estos trayectos, el macrismo decidió encaminarse nuevamente a transitar los senderos frustrantes de los buenos modales, instituyendo agendas alternativas a la disputa central de la política exterior de la Nación.
Un racconto pormenorizado de las medidas llevadas a cabo por la actual gestión permite hacer un balance respecto al retroceso generado. El punto de partida del deterioro de la posición argentina se inicia el 21 de enero de 2016, cuando el recientemente electo Mauricio Macri se reunió con el entonces primer ministro británico David Cameron en la Cumbre de Davos, en tiempos que el PRO conjeturaba la lluvia de inversiones. En esa ocasión ambos mandatarios acordaron relanzar la relación bilateral abordando todos los temas, incluyendo el conflicto de la soberanía sobre las islas Malvinas, “bajo un paraguas que impida contaminar el resto de los asuntos de interés mutuo”. Dicho paraguas no tardó en convertirse en un eufemismo orientado a proteger los intereses del Reino Unido, inhibiendo la discusión central sobre la soberanía. Mientras que Macri caracterizó aquel encuentro como como “una reunión muy linda”, el comunicado del Foreign Office fue un poco más explícito: “El Reino Unido no se avendría a negociar respecto a Malvinas”.
Empecinados en convertirse en destinatarios de lisonjas e inversiones (que nunca llegaron), la cancillería argentina designó, luego de ese agradable convite Macri/Cameron, a un diplomático de carrera, con nula experiencia en el conflicto del Atlántico Sur, a cargo de la embajada en Londres. El destinatario del plácet fue Carlos Sersale di Cerisano, quien se encargó de sobreactuar el papel reclamado por la entonces canciller Susana Malcorra, apurándose a desmontar la gigantografía de las islas Malvinas, emplazada por su antecesora, Alicia Castro, en la sede del Consulado.
Para darle más coherencia a su rol empático disolvió además el Grupo de Apoyo al Diálogo en la Cuestión de las Islas Malvinas, también instituido por Castro, que incluía a referentes de diferentes países del mundo comprometidos en el debate sobre caminos posibles para darle solución al diferendo. Dentro de esa misma lógica, Sersale di Cerisano se encargó de deslegitimar la conferencia brindada por la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, en noviembre de 2017, planificada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge.
En ese encuentro, la referente argentina de los derechos humanos cuestionó la política macrista, la desaparición del Santiago Maldonado y la política exterior de Cambiemos, solidaria con los intereses de la cancillería británica. Tiempo después, a fines de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja citó a di Cerisano para que explique su referencia a los dirigentes ocupantes de las Islas Malvinas como “máximas autoridades» de las mismas.
Para dejar sentada la política de omisión planificada, en marzo de 2016 el gobierno macrista había rebajado la secretaría de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, transformándola en una subsecretaría. Dos meses después, en mayo de 2016, se produjo el primer encuentro entre los cancilleres de la Argentina y Gran Bretaña (en 14 años), en el marco de la Cumbre Anti Corrupción, lugar en el que manifestaron la necesidad de identificar posibles áreas de cooperación en el Atlántico Sur, sobre todo en los sectores ictícolas, hidrocarburíferos y los vinculados a la logística imprescindible para aliviar la situación económica de los kelpers,
En ese marco se reinstaló el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, funcional a los intereses británicos, interesados en cooperar con las autoridades argentinas, para sortear potenciales causas jurídicas a ser tramitadas en tribunales internacionales.
Esos acuerdos motivaron que la canciller Susana Malcorra admitiese ante el diario The Guardian que “Argentina desea considerar el retomar los vuelos desde y hacia las Islas y de esa manera contribuir al desarrollo de joint ventures argentino-británicos de exploración de petróleo alrededor de las islas Malvinas”. Además de señalar que “la administración anterior era muy confrontacional”, subrayó que el gobierno de Macri tenía con el Reino Unido “un 20% de desacuerdos y diferencias profundas, pero que era posible trabajar en el restante 80% de consensos”. En el paradigma macrista, la soberanía sobre las Islas Malvinas se formulaba porcentualmente en términos minúsculos respecto a la relación bilateral. Apenas la quinta parte de un vínculo con el ocupante. El resto, lo más significativo, se expresaba en términos de negocios.
En agosto de 2016 se produjo un terremoto en la Isla de Asunción y su pista de aterrizaje quedó inutilizable. La isla ubicada en el medio del Atlántico fue durante décadas el centro de mantenimiento militar y logístico de los archipiélagos sureños. Eso generó el inicio de una restricción del puente aéreo con las Malvinas y motivó una desesperada carta de Theresa May a Macri en la que le solicitaba la implementación de vuelos directos desde y hacia las islas.
Se trataba, especificaba la misiva, “de remover las medidas restrictivas” que había adoptado durante la gestión kirchnerista, en relación a la explotación compartida de sus recursos naturales, situación que –según el Foreign Office— impedía asociarse en acuerdos de interés muto. La carta de la primera ministra motivó una sugestiva respuesta halagüeña: el 13 de septiembre de 2016 el ex funcionario de la empresa Shell, Alan Duncan (colega corporativo del entonces ministro argentino de energía, Juan José Aranguren), devenido en vicecanciller británico, firmó junto con su par argentino, Carlos Foradori, una declaración en la que ambos Estados se comprometían “a remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. A ese pedido se le sumó el incremento de los vuelos desde y hacia las Malvinas, a través de aerolíneas de terceros países, evitando de esa manera el aislamiento logístico y económico producido por las limitaciones aeroportuarias de la Isla de Ascensión.
Firmas coloniales
La aplicación de la declaración Foradori/Duncan continuó su implementación mediante el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Instituto Antártico Argentino (IAA) y el British Antarctic Survey el 14 de mayo de 2018 en el Palacio San Martín, en momentos que se desarrollaba la 41ª Reunión del Tratado Antártico.
Ese instrumento permitió al gobierno británico una nueva legitimación de su presencia en el continente blanco a 14.508 kilómetros de distancia de su territorio. En forma paralela, el gobierno de Macri había reducido y desfinanciado el CONICET, institución central validante del Programa Pampa Azul, implantado en 2014 para desarrollar investigaciones científicas en el Mar Argentino y promover el desarrollo de las actividades de exploración y conservación ictícola y medioambiental. Como contrapartida, la respuesta británica fue la ampliación del presupuesto destinado al centro de Investigaciones Ambientales para el Atlántico Sur (SAERI, por su sigla en inglés), que le permitió a Londres aumentar sus espacios de legitimidad académica internacional al interior de los foros científicos, en lo relativo al Atlántico Sur.
Pocos días después de la declaración de los vicecancilleres, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, Macri declaró que Theresa May estaba dispuesta a entablar negociaciones con Argentina en relación a la soberanía de las Malvinas. La taxativa negativa de la cancillería británica fue acompañada por una corrección etérea de Susana Malcorra, quien relativizó las afirmaciones del primer mandatario argentino, contribuyendo a explicitar su fama de pésimo e inválido declarante. En octubre 2016 el Servicio de Hidrografía Naval argentino informó que las fuerzas armadas británicas, acantonada en las islas, se disponían a realizar ejercicios militares entre el 19 y el 28 de ese mes.
El macrismo no se amilanó. Continuó sin embargo con su tarea de desmalvinización: a principios de 2017 intentó reducir la trascendencia patriótica de la fecha del 2 de abril, convirtiéndolo en feriado puente. Luego de la fuerte reacción de los veteranos de Malvinas y de los organismos de Derechos Humanos, el gobierno se vio obligado a rectificarse dado el valor simbólico e histórico de la fecha.
En septiembre de 2018, Javier Iguacel, el funcionario que heredó la cartera de Juan José Aranguren, anunció la convocatoria a un Concurso Público Internacional para la explotación de las offshore dentro de la cuenca patagónica, bajo la jurisdicción en caso de controversia de tribunales internacionales como el CIADI (que recientemente falló contra la Argentina en relación a la nacionalización de Aerolíneas). Las 38 áreas incluidas en la licitación fueron descriptas como de vital importancia geoestratégica dada su cercanía de las Islas Malvinas. Como era de esperar, dicho concurso internacional fue impulsado y estimulado tanto por el FMI como por los fondos de inversión, conocidos como buitres, interesados en la liquidez de divisas para garantizar el retorno de sus flujos especulativas.
La cesión de las diferentes áreas suponía un ingreso de 700 millones de dólares para el Estado argentino, que una vez ingresados por la ventanilla del fisco se reenviarían inmediatamente a las arcas de la usura internacional, ubicadas en las mismas oficinas de los consocios adjudicatarios. En el caso de los fondos buitre se añadía, además, la doble motivación de ser partícipes de los consorcios internacionales beneficiarios de varias de las zonas licitadas.
Pocos días antes de firmarse la adjudicación, el 20 de mayo último, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruti, hizo lugar al amparo presentado por el intendente de esa ciudad, Gustavo Melella, paralizando la adjudicación prevista en el decreto 872/2018. Entre los fundamentos del amparo presentado por Melella se hacía referencia a la peligrosa “entrega unilateral, gratuita de información geológica de la plataforma continental argentina”, pasible de ser utilizada por empresas británicas al servicio de la continuidad de sus intereses coloniales. La solicitud del intendente hacía referencia también a que una de las empresas,
Tullow Oil, operó 7 licencias (ilegales) otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur y que en la actualidad se encontraba por iniciar la producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte. De otorgarse la licencia, subrayaba el pedido de amparo, se estaría premiando (y financiando) a una empresa de mayoritarios capitales británicos, hecho que facilitaba la continuidad del vaciamiento ilegal de los recursos naturales argentinos. Por último se señalaba que una de las directoras de Tullow Oil, Anne Drinkwater, fungía de asesora hidrocarburífera de las ilegales autoridades kelpers.
Soldados olvidados
Las políticas de desmalvinización sistemática tuvieron, sin embargo, su expresión más perversa en lo atinente al tratamientos de las víctimas prioritarias de la guerra de 1982. El último 2 de mayo la conducción de la Armada Argentina emitió una comunicación a través de su cuenta oficial de Twitter, donde afirmaba: “Hace 37 años el crucero ARA General Belgrano se hundió en uno de los mares más hostiles, durante la guerra de Malvinas.
Hoy rendimos homenaje a los 770 tripulantes que volvieron, a quienes quedaron en las frías aguas del Sur y al buque que continúa navegando en nuestra memoria”. La evocación negadora de la acción criminal de la armada británica (“se hundió” como subterfugio de fue hundida) no mereció ningún cuestionamiento por parte de las autoridades gubernamentales, quienes legitimaron ese agravio hacia los muertos y heridos y sus deudos sin que mediase rectificación ni recriminación alguna.
Dentro de esa misma lógica de omisión, insensibilidad e impunidad, la jueza de primera instancia de la ciudad de Rio Grande Mariel Borruto suspendió en la última semana las indagatorias de 18 ex militares acusados de actos de tortura durante la guerra de Malvinas, bajo el pretexto de falta de personal necesario para llevar adelante el proceso. Los ex integrantes de las Fuerzas Armadas estaban citados para declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio, luego de una instrucción iniciada en 2007 por la presentación de 25 denuncias realizadas por el entonces Secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel. Luego de esas primeros testimonios se ampliaron a 105 el total de imputaciones por 84 hechos delictivos cometidos por 90 militares. Entre las acusaciones figuran casos de homicidio, abandono seguido de muerte, tortura, vejámenes, judeofobia, estaqueamientos, coacciones, amenazas, lesiones graves y abuso de autoridad.
La política exterior del macrismo consistente en obtener la confianza británica no solo ha significado un fracaso, sino que ha deteriorado la posición internacional argentina que se había visto fortalecido por la integración regional y el apoyo permanente del MERCOSUR y UNASUR. El denominado regreso al mundo supuso un abandono de los vínculos multilaterales con el 90 % de los países que forman parte de las Naciones Unidas. Lo que el neoliberalismo denomina “el mundo” no es más que una ínfima parte de él, compuesta por Estados que hacen del neoliberalismo y la continuidad colonial sus rasgos más distintivos.
El retorno macrista supuso reducir la intensidad y la presión sobre el Reino Unido con la fantasía de obtener beneficios ulteriores de quienes son competidores directos en la producción de materias primas (el Commonwealth compuesto de 53 países, entre ellos Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y en forma simultánea enemigos de cualquier desarrollo científico-tecnológico que pudiese poner en duda la supremacía militar y/o científica respecto del litigio soberano por las islas Malvinas. Este volver al mundo incluyó fortalecer los vínculos con los pocos países que votan insistentemente contra las reivindicaciones argentinas en la Asamblea de las Naciones Unidas (como Estados Unidos e Israel), en detrimento de los que han acompañado la posición refractaria al colonialismo.
De las tres estrategias que Argentina ha implementado para enfrentar la posición británica, la más exitosa fue aquella que se plasmó en la presión paciente y sistemática, demostrada en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 16 de diciembre de 1965. En esa ocasión el gobierno de Arturo Illia impulsó una presentación que las élites locales, entonces suscriptoras de las buenas maneras y las loas a los centros hegemónicos, consideraron contraproducente.
Ni la guerra de la dictadura genocida, que torturaba a sus propios compatriotas, ni las modosas maneras macristas (que disfrutan en codearse con reyes y príncipes) y que sólo garantizan negocios a los ocupantes ilegales, se han evidenciado como medidas eficaces. Solo la memoria, el homenaje a las víctimas, la multilateralidad, el regreso a América Latina, la presión internacional y la persistencia diplomática permitirán lograr el objetivo de recuperar para el territorio argentino aquellas tierras robadas por quienes siguen haciendo del colonialismo su estrategia geopolítica primordial.
*Sociólogo, escritor, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Fuente: Resumen Latinoamericano
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