*Por Sebastian Fernandez
A diferencia de los ciudadanos integrados, “como uno”, que podemos recibir rentas como accionistas o asignaciones familiares como empleados sin por ello perder la cultura del trabajo o nuestra responsabilidad como padres; que los sectores más vulnerables cuenten con un ingreso asegurado, aún módico, los condenaría al desenfreno y la pereza.
En 1944, el gobierno militar implementó el Estatuto del Peón por iniciativa de Juan D. Perón, con el polémico objetivo de equiparar los derechos del trabajador rural con los del resto de los trabajadores. La Sociedad Rural se opuso argumentando que el del campo es un ámbito particular que no puede ser comparado con el resto ya que allí se establece una “camaradería de trato, que algunos pueden confundir con el que da el amo al esclavo, cuando en realidad se parece más bien al de un padre con sus hijos”. Tal vez esa sea la razón de la alta tasa de trabajo en negro en ese sector, que duplica el promedio nacional: no son relaciones laborales sino familiares. Con respecto a la remuneración, la SRA recomendó que “en la fijación de los salarios es primordial determinar el estándar de vida del peón común. Son a veces tan limitadas sus necesidades materiales que un remanente trae destinos socialmente poco interesantes.” En otras palabras, que los peones ganen más no era aconsejable ya que, a diferencia de sus empleadores, se la gastarían en vino.
Varias décadas más tarde, cuando en el 2009 el gobierno de CFK estableció la Asignación Universal por Hijo (AUH) –una asignación familiar para desocupados y empleados no declarados– el notable senador Ernesto Sanz denunció que esa plata“se está yendo por la canaleta de la droga y el juego”.
El escritor Marcelo Birmajer señaló por su parte que la AUH “destruye la cultura del trabajo” ya que “el pueblo tiene derechos adquiridos a recibir dinero de manera mágica”, y concluyó que ese ingreso “le quita al padre de un niño la responsabilidad de sustentarlo, de educarlo”. Imaginamos que Birmajer no debe considerar mágicas las asignaciones familiares que el Estado le entrega a cada asalariado de la misma forma y con el mismo objetivo de solventar los costos de su familia a cargo. Del mismo modo, sospechamos que Sanz nunca se preocupó por saber si los asalariados usan el dinero de las asignaciones familiares en pañales o se lo gastan en Campari.
Hace unos días, en una de sus habituales charlas con Joaquín Morales Solá, la Mentalista Carrió, diputada oficialista por Ganímedes, reconoció la desesperanza de la gente por el “impacto (de la crisis) sobre los salarios” y recomendó “a la clase media y media-alta que dé propinas y changas, aunque le cueste”. Teniendo en cuenta que 9 de cada 10 empleos creados durante el gobierno de Mauricio Macri corresponden a monotributos y no a asalariados privados, podemos inferir que el próximo paso será pasar de monotibuto a propina. Un cambio que, podemos también imaginar, no preocuparía a la diputada.
Hay un hilo conductor entre la Sociedad Rural de los ´40, Sanz, Birmajer y la Mentalista Carrió: el fastidio producido por la ampliación de derechos de las mayorías. A diferencia de los ciudadanos integrados, “como uno”, que podemos recibir rentas como accionistas o asignaciones familiares como empleados sin por ello perder la cultura del trabajo o nuestra responsabilidad como padres; que los sectores más vulnerables cuenten con un ingreso asegurado, aún módico, los condenaría al desenfreno y la pereza.
Ninguno de estos moralistas selectivos criticaría, en cambio, la ayuda que esas mismas personas puedan recibir de alguna ONG de nombre amable, logo vistoso e ingresos vidriosos ya que así como se indignan con los derechos, se emocionan con la caridad.
Ocurre que los derechos se exigen, como los sueldos, mientras que la caridad se agradece, como la propina.
A diferencia de los ciudadanos integrados, “como uno”, que podemos recibir rentas como accionistas o asignaciones familiares como empleados sin por ello perder la cultura del trabajo o nuestra responsabilidad como padres; que los sectores más vulnerables cuenten con un ingreso asegurado, aún módico, los condenaría al desenfreno y la pereza.
En 1944, el gobierno militar implementó el Estatuto del Peón por iniciativa de Juan D. Perón, con el polémico objetivo de equiparar los derechos del trabajador rural con los del resto de los trabajadores. La Sociedad Rural se opuso argumentando que el del campo es un ámbito particular que no puede ser comparado con el resto ya que allí se establece una “camaradería de trato, que algunos pueden confundir con el que da el amo al esclavo, cuando en realidad se parece más bien al de un padre con sus hijos”. Tal vez esa sea la razón de la alta tasa de trabajo en negro en ese sector, que duplica el promedio nacional: no son relaciones laborales sino familiares. Con respecto a la remuneración, la SRA recomendó que “en la fijación de los salarios es primordial determinar el estándar de vida del peón común. Son a veces tan limitadas sus necesidades materiales que un remanente trae destinos socialmente poco interesantes.” En otras palabras, que los peones ganen más no era aconsejable ya que, a diferencia de sus empleadores, se la gastarían en vino.
Varias décadas más tarde, cuando en el 2009 el gobierno de CFK estableció la Asignación Universal por Hijo (AUH) –una asignación familiar para desocupados y empleados no declarados– el notable senador Ernesto Sanz denunció que esa plata“se está yendo por la canaleta de la droga y el juego”.
El escritor Marcelo Birmajer señaló por su parte que la AUH “destruye la cultura del trabajo” ya que “el pueblo tiene derechos adquiridos a recibir dinero de manera mágica”, y concluyó que ese ingreso “le quita al padre de un niño la responsabilidad de sustentarlo, de educarlo”. Imaginamos que Birmajer no debe considerar mágicas las asignaciones familiares que el Estado le entrega a cada asalariado de la misma forma y con el mismo objetivo de solventar los costos de su familia a cargo. Del mismo modo, sospechamos que Sanz nunca se preocupó por saber si los asalariados usan el dinero de las asignaciones familiares en pañales o se lo gastan en Campari.
Hace unos días, en una de sus habituales charlas con Joaquín Morales Solá, la Mentalista Carrió, diputada oficialista por Ganímedes, reconoció la desesperanza de la gente por el “impacto (de la crisis) sobre los salarios” y recomendó “a la clase media y media-alta que dé propinas y changas, aunque le cueste”. Teniendo en cuenta que 9 de cada 10 empleos creados durante el gobierno de Mauricio Macri corresponden a monotributos y no a asalariados privados, podemos inferir que el próximo paso será pasar de monotibuto a propina. Un cambio que, podemos también imaginar, no preocuparía a la diputada.
Hay un hilo conductor entre la Sociedad Rural de los ´40, Sanz, Birmajer y la Mentalista Carrió: el fastidio producido por la ampliación de derechos de las mayorías. A diferencia de los ciudadanos integrados, “como uno”, que podemos recibir rentas como accionistas o asignaciones familiares como empleados sin por ello perder la cultura del trabajo o nuestra responsabilidad como padres; que los sectores más vulnerables cuenten con un ingreso asegurado, aún módico, los condenaría al desenfreno y la pereza.
Ninguno de estos moralistas selectivos criticaría, en cambio, la ayuda que esas mismas personas puedan recibir de alguna ONG de nombre amable, logo vistoso e ingresos vidriosos ya que así como se indignan con los derechos, se emocionan con la caridad.
Ocurre que los derechos se exigen, como los sueldos, mientras que la caridad se agradece, como la propina.
Fuente: Nuestras Voces
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