27 DE OCTUBRE DE 2003: EL GOBIERNO DE KIRCHNER BUSCA RECUPERAR EL ROL DE LA JUSTICIA LOCAL EN LOS JUICIOS CONTRA EL ESTADO.

*Por Prof. Daniel Chiaenza

El presidente Néstor Kirchner buscó -y los frutos los recogió Cristina- recuperar el rol de la Justicia local en los juicios contra el Estado.

La reactivación de los juicios contra el Grupo Bulgheroni es el primer paso del Gobierno en la estrategia de recuperar la jurisdicción nacional en distintos procesos judiciales. En la década del 90, el Estado les concedió a las privatizadas, a los tenedores de bonos y a otros grupos económicos la posibilidad de resolver sus conflictos en tribunales internacionales. La mayoría de los concesionarios de servicios públicos elevó sus quejas por la pesificación de las tarifas a un árbitro con sede en Washington, mientras que las causas por el default se tramitan en juzgados de Nueva York, Francfort, Roma y Tokio. El gobierno menemista extendió esa práctica a sus amigos locales. El más insólito de los casos fue el que benefició a las empresas de Bulgheroni, acusadas por la AFIP y el Banco Central por deudas millonarias, de las que quedaron a salvo. El Gobierno le arrebató a la Justicia los expedientes y se los entregó a un árbitro que nunca hizo nada, pero siete años después.

Néstor Kirchner habla con Carlos Bulgheroni sobre sus multimillonarias deudas con el Estado, las cuales habían sido licuadas con Menem.

Los acreedores argumentan las ventajas que obtuvieron para presionar con embargos si Argentina no les paga lo que reclaman, la base donde están plantados en la negociación por la reestructuración de la deuda. Las privatizadas son conscientes que el poder disuasorio de los tribunales internacionales es relativo, pero no desecharon esa vía. El Gobierno resolvió dar pelea en ese terreno. El plan es deslegitimar la competencia de los juzgados extranjeros o poner en un pie de igualdad a los tribunales locales.

La idea de Kirchner era deslegitimar a los tribunales internacionales, por simple falta de jurisdicción. 

El procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, dijo que se cuestionará la constitucionalidad del proceso que llevó a Argentina a aceptar la competencia de los tribunales internacionales en el caso de las privatizadas, y sostuvo que si hay una condena por el default, la causa tendrá que trasladarse a Buenos Aires para que sea revisada. Pero eso no inhibiría un eventual embargo en contra del país.

Horacio Rosatti, procurador del Tesoro, quien formulara el anuncio
y los alcances de la estrategia. 

En septiembre del ‘96, Carlos Menem firmó un decreto para trasladar a un tribunal arbitral los juicios entre el Estado nacional y compañías del grupo Bulgheroni. Aunque los casos avanzaban favorablemente en el Poder Judicial. La amistad de Bulgheroni con el entonces presidente fue útil para frenar las actuaciones. Menem tuvo que lidiar con Domingo Cavallo, quien rechazó la derivación de las causas a un árbitro –Bulgheroni lo acusó de operar en favor de las papeleras Ledesma y Massuh, en contra de la suya, Papel del Tucumán–, pero logró que Roque Fernández, que lo reemplazó como ministro, lo acompañara en su decisión.

Carlos Bulgheroni en la residencia de Olivos en otros tiempos.

Menem designó abogados para integrar un tribunal arbitral internacional. Lo mismo hizo la parte empresaria. Pero el cuerpo no terminó de constituirse. Las causas quedaron congeladas. De la Rúa estuvo cerca de tomar la misma medida que adoptó Kirchner, pero a último momento se amedrentó. Recibió un dictamen del procurador del Tesoro, Ernesto Mercer, que advertía sobre la “inconveniencia económica” de someter a laudo controversias que el Estado podría ganar cómodamente en la Justicia, y recomendaba anular el decreto de Menem. Duhalde atravesó por la misma experiencia, y a pesar de que la Procuración le sugirió exactamente lo mismo que al radical, también desistió con el decreto ya redactado. Bulgheroni seguía siendo un empresario poderoso. Su familia recibió unos 400 millones de dólares por la venta del 60% de Bridas a la estadounidense Amoco. La asociación derivó en la creación de la compañía Pan American Energy.

Ernesto Mercer, procurador del Tesoro en tiempos de De la Rúa, asegura que el Estado ganará cómodamente en la Justicia.

La anulación del tribunal arbitral posibilita que la Justicia retome las causas desde donde habían quedado. El procurador Rosatti detalló que hay juicios abiertos que involucran a distintas firmas del grupo. Uno de ellos recae contra el desaparecido Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), por deudas pendientes con el Banco Central. También tiene cuentas sin saldar con el fisco Papel del Tucumán, que tramita su quiebra. Un tercer caso de deudas tributarias involucra a Bridas Sapic. En total, Rosatti estimó que los compromisos que puede reclamar el Estado “no son menores a los 500 millones de pesos”. Durante el gobierno de la Alianza se había calculado la deuda en 1200 millones. Rosatti, en tanto, sostuvo que el Grupo Bulgheroni reclama por incumplimientos de YPF (de su etapa estatal) que ascenderían a 50 millones de pesos.