*Por Camilo Carbonelli
La complicidad civil en los delitos de lesa humanidad es una de las deudas que falta saldar más allá de los notables avances que se hicieron desde 1983 (profundizados desde 2003) en el juzgamiento a los represores. En los últimos tiempos se ha optado por la definición “cívico – militar” para dar cuenta de la última dictadura: ese cambio indica el largo camino que resta recorrer, ya que hasta ahora la Justicia alcanzó, salvo excepciones, a los responsables castrenses.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no fue obra de un grupo de sicópatas. Las fuerzas represivas fueron el brazo ejecutor de un programa ideado por las empresas monopólicas, las familias de la oligarquía y otras instituciones que pretendieron reformatear un país entero a la medida de sus ambiciones. La dictadura tuvo “mandantes económicos”, como señaló Horacio Verbitsky en una entrevista reciente con AGENCIA PACO URONDO.
Los grupos económicos impusieron sus hombres en el gabinete militar (José Martínez de Hoz es el nombre más emblemático). Tal acompañamiento tuvo su rédito. Para citar algunos ejemplos: Pérez Compamc pasó de tener 12 empresas en 1976 a 48 empresas en 1983; Techint, de 30 a 46; Bunge y Born, de 59 a 112 al final de la dictadura. Se estima además que alrededor de 600 empresas fueron apropiadas ilegalmente gracias a la intervención castrense.
El terror, por supuesto, no quedó afuera de las empresas: existen denuncias de secuestros y desapariciones de trabajadores, delegados gremiales o abogados laboralistas en, por lo menos, las siguientes industrias: Mercedes Benz, Ford, Ledesma, Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca (grupo Techint), Loma negra, General Motors, La Cantabrita, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Tensa, entre otros. En algún caso, la Justicia avanza, lentamente, en la búsqueda de responsables.
Caso Mercedes Benz
La participación de la empresa automotriz Mercedes Benz en la represión es investigada por el Juzgado Federal de San Martin Nº 2. Fueron secuestrados 17 trabajadores, de los cuales sólo 3 sobrevivieron. Todos pertenecían a la Comisión Interna que no estaba alienada con el SMATA nacional, dirigida por José Rodríguez. Ya fallecido, el hombre es señalado por su complicidad con la patronal.
Según surge de la investigación judicial, las fuerzas represivas se infiltraron entre los trabajadores haciéndose pasar por “empleados de vigilancia”: así buscaron información sobre la actividad política y sindical en la empresa. Tal es el caso de Rubén Luis Lavallén, que simulaba ser jefe de seguridad en la planta pero que en realidad era un subcomisario de la Brigada de investigaciones de San Justo. Lavallén es apropiador de la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Logares.
También está comprobado que el exgerente (jefe de la producción de la Mercedes), Juan Tasselkraut, entregaba listas de trabajadores. El mismo está denunciado por los familiares de trabajadores desaparecidos de la fábrica. Además se sospecha que tanto Juan como su hermano, Alejandro Tomás Tasselkraut, se apropiaron de dos bebés.
Los 14 trabajadores desaparecidos fueron: Alberto Arenas, Oscar Bauman Álvarez, Héctor Belmonte, Carlos Cienciala, Fernando Del Contte, Alberto Gigena, Miguel Grieco, Carmen Grossi Charles, Jorge Leichner, Juan José Mosquera, Diego Nuñez, Esteban Reimer, Víctor Ventura y José Vizinni. Por su parte, Juan y Alfredo Martín, y Héctor Ratto, fueron detenidos, torturados y lograron sobrevivir.
Esta tarde, en Ciudad Evita, la agrupación H.I.J.O.S. va a homenajear con una placa a Diego Núñez, uno de los trabajadores desaparecidos: fue detenido en su domicilio el 13 de agosto de 1977. Se trata de uno de los debates que la democracia argentina tiene que dar para seguir siendo un ejemplo en materia de Derechos Humanos.
La complicidad civil en los delitos de lesa humanidad es una de las deudas que falta saldar más allá de los notables avances que se hicieron desde 1983 (profundizados desde 2003) en el juzgamiento a los represores. En los últimos tiempos se ha optado por la definición “cívico – militar” para dar cuenta de la última dictadura: ese cambio indica el largo camino que resta recorrer, ya que hasta ahora la Justicia alcanzó, salvo excepciones, a los responsables castrenses.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no fue obra de un grupo de sicópatas. Las fuerzas represivas fueron el brazo ejecutor de un programa ideado por las empresas monopólicas, las familias de la oligarquía y otras instituciones que pretendieron reformatear un país entero a la medida de sus ambiciones. La dictadura tuvo “mandantes económicos”, como señaló Horacio Verbitsky en una entrevista reciente con AGENCIA PACO URONDO.
Los grupos económicos impusieron sus hombres en el gabinete militar (José Martínez de Hoz es el nombre más emblemático). Tal acompañamiento tuvo su rédito. Para citar algunos ejemplos: Pérez Compamc pasó de tener 12 empresas en 1976 a 48 empresas en 1983; Techint, de 30 a 46; Bunge y Born, de 59 a 112 al final de la dictadura. Se estima además que alrededor de 600 empresas fueron apropiadas ilegalmente gracias a la intervención castrense.
El terror, por supuesto, no quedó afuera de las empresas: existen denuncias de secuestros y desapariciones de trabajadores, delegados gremiales o abogados laboralistas en, por lo menos, las siguientes industrias: Mercedes Benz, Ford, Ledesma, Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca (grupo Techint), Loma negra, General Motors, La Cantabrita, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Tensa, entre otros. En algún caso, la Justicia avanza, lentamente, en la búsqueda de responsables.
Caso Mercedes Benz
La participación de la empresa automotriz Mercedes Benz en la represión es investigada por el Juzgado Federal de San Martin Nº 2. Fueron secuestrados 17 trabajadores, de los cuales sólo 3 sobrevivieron. Todos pertenecían a la Comisión Interna que no estaba alienada con el SMATA nacional, dirigida por José Rodríguez. Ya fallecido, el hombre es señalado por su complicidad con la patronal.
Según surge de la investigación judicial, las fuerzas represivas se infiltraron entre los trabajadores haciéndose pasar por “empleados de vigilancia”: así buscaron información sobre la actividad política y sindical en la empresa. Tal es el caso de Rubén Luis Lavallén, que simulaba ser jefe de seguridad en la planta pero que en realidad era un subcomisario de la Brigada de investigaciones de San Justo. Lavallén es apropiador de la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Logares.
También está comprobado que el exgerente (jefe de la producción de la Mercedes), Juan Tasselkraut, entregaba listas de trabajadores. El mismo está denunciado por los familiares de trabajadores desaparecidos de la fábrica. Además se sospecha que tanto Juan como su hermano, Alejandro Tomás Tasselkraut, se apropiaron de dos bebés.
Los 14 trabajadores desaparecidos fueron: Alberto Arenas, Oscar Bauman Álvarez, Héctor Belmonte, Carlos Cienciala, Fernando Del Contte, Alberto Gigena, Miguel Grieco, Carmen Grossi Charles, Jorge Leichner, Juan José Mosquera, Diego Nuñez, Esteban Reimer, Víctor Ventura y José Vizinni. Por su parte, Juan y Alfredo Martín, y Héctor Ratto, fueron detenidos, torturados y lograron sobrevivir.
Esta tarde, en Ciudad Evita, la agrupación H.I.J.O.S. va a homenajear con una placa a Diego Núñez, uno de los trabajadores desaparecidos: fue detenido en su domicilio el 13 de agosto de 1977. Se trata de uno de los debates que la democracia argentina tiene que dar para seguir siendo un ejemplo en materia de Derechos Humanos.
Fuente: APU
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