Por Víctor Leopoldo Martínez*
La "Nobleza” de la Toga
A propósito de la reforma judicial que había impulsado el gobierno Nacional aprobada por el Congreso y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación, se hace necesario rescatar algunos aspectos históricos que hacen al meollo de la cuestión relacionados lógicamente con errores políticos cometidos desde el oficialismo. Desde que este mundo es mundo se sabe que los sistemas de poder que se construyeron a la largo de la historia o bien se acabaron, o fueron sustituidos por otros; pero no se conocen casos de suicidios sistémicos. Resultaba una estupidez pensar que el poder judicial argentino de un día para otro lo haría.
El español Francisco Quevedo solía sostener: “Donde no existe justicia es peligroso tener razón.” Si a eso le agregamos la idea que el griego Trasimaco tenía sobre la legislación: “Los poderosos siempre hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses y conveniencia”, para el caso argentino y en este tema tenemos “cartón lleno”.
La “nobleza de la Toga” argentina, genial denominación dada por el brillante historiador Jorge “el colorado” Abelardo Ramos, y esta acordada casi unánime de inconstitucionalidad de la reforma en cuestión es el más fiel y acabado ejemplo Quevediano. Históricamente fue y sigue siendo evidente el nivel de politización que siempre prevaleció en las sucesivas y anquilosada jerarquía judicial a la hora de expresarse, quedar bien con el poder de turno, o ver en riesgo su quintita de poder. El alto nivel de corrupción que siempre existió entre los miembros del cuerpo en sus distintos niveles, estamentos e instancias es el otro detalle interesante. “Precedentes” ex profesamente soslayados por una prensa complaciente en función de intereses sectoriales mutuos sobran; la educación hizo el resto en cuanto a domesticar a la ciudadanía.
Con solo detenerse y recordar aquello que nos fue vendido escolarmente como logro de avanzada para la época, la “abolición de la esclavitud” sancionada por la asamblea del año XIII de hace dos siglos, basta: “A partir de la sanción del presente estatuto serán libres los hijos de esclavos (libertad de vientre)” ; pero se cuidaron muy bien de no liberar a los esclavos que constituían la servidumbre de los patricios de la época. “Hecha la ley hecha la trampa”; el resto quedó en mano de la prensa e historiadores oficiales que lo vendieron como “logro social” y la educación que lo internalizó como valor sagrado. Tan es así que hace unos días casualmente escuché de boca de un juez “casamentero” y hablando de los “sentimientos” -aristotélico (1) el hombre, no solo en lo ideológico sino por lo peripatético en lo lingüístico- justificar la esclavitud humana como un “estado natural ya que constituía un sentimiento previo muy arraigado en los esclavos, algo que ni la libertad se lo podía quitar”; o sea un esclavo libre no sabría qué hacer con su vida(¿?). ¡Un disparate! Esto lo escuché en junio de 2013.
Estructurada de manera perversa en cuanto a su enmarañado funcionar, con sumo agrado la justicia Argentina siempre estuvo al servicio de los intereses de los poderosos de este país; funcionó así desde su misma génesis porque debía hacer honor a la palabra empeñada ante ellos.
La pátina de ser un “poder republicano” con que se barnizó le sirvió y sirve para garantizar su carácter de intangible. Pero también lo utilizó para facturarle a esos poderosos el “costo” de su servidumbre. Sus miembros gozan de altos privilegios que ningún ciudadano tiene y los transforma en dioses de un imaginario Olimpo; reciben un trato diferencial en lo jurídico en cuanto a beneficios y para ellos es natural el elevado y gracioso nivel de vida con el que pasan sus días mundanos, paradójicamente algo totalmente contradictorio hasta con el propio espíritu constitucional de valores ciudadanos y de igualdad ante la ley. Estoy hablando de una nobleza judicial instalada en un republicanismo verborrágicamente dibujado que hasta se anima a hablar de cuestiones políticas manchadoras de su impoluta tarea de impartir justicia.
Sin embargo hay algo en ellos digno de elogiar. La “familia judicial” quizá sea el único caso de “familia” que se cuida muy bien de no ventilar públicamente sus trapos sucios; en eso sí son respetuosos del código de honor que les facilita acceder al carnet de pertenencia y recibir seguridad jurídica.
Argumentar la inconstitucionalidad de la ley que pretendía la elección directa de los integrantes de los Consejos de Magistratura como lo hicieron los integrantes de la Suprema Corte sobre la base de querer contrarrestar una posible “politización partidaria” de dichos Consejos, es tan absurdo como sostener que toda ley nace políticamente aséptica y no por una decisión política; tan absurdo como negar la interpretación subjetivamente ideológica que muy a menudo suelen hacer los jueces al aplicar ciertas leyes. Lo que hizo la Corte fue presentar un dictamen de inconstitucionalidad de una manera aséptica y asexuada con el burdo argumento de ajustarse al “espíritu de la Carta Magna”; una contra natura negación del peso de la condición humana y de interés sectorial a la hora de emitir juicios de valor en formato de argumento legal. La quintita judicial corría peligro.
Estoy seguro que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe muy bien de esta historia y de estos menesteres y no desconoce sus vericuetos; simplemente por ser una profesional de la abogacía. El problema está en la mediocridad en algunos casos y la torpeza e impericia en otros que evidentemente existe en sus operadores políticos en el marco del Congreso Nacional y del Ministerio de Justicia.
La paparruchada
Las cuestiones legales siempre estuvieron construidas a la medida de ciertas necesidades sectoriales, políticas (la reforma del “94” por caso) y/o intereses económicos. Los intricados vericuetos donde hasta el respeto por “las formas” y “los tiempos” pasan a tener un valor fundamental deben ser conocidos hasta en sus más mínimos detalles por los que pretenden plantear una batalla en ese terreno. Las movidas y presentaciones realizadas por hombres del oficialismo fueron paparruchadas poco serias.
Como en otras ocasiones y temas este fracasado intento de reforma judicial tiene responsables concretos y dichas paparruchadas legales deben ser tenidas en cuenta por la Sra. Presidenta para que no se repitan. El pueblo argentino en su gran mayoría no duda de las buenas intenciones presidenciales aunque los medios hegemónicos se la pasen intentando sembrar el avance del descreimiento y la duda generalizada en la población. Pero en ocasiones con las intenciones no alcanza; “el camino al infierno suele estar empedrado de buenas intenciones.” Es evidente que el actual gobierno tiene enquistado en sus filas de gestores un sector “filo progresista” cuya inexperiencia de gestión político-administrativas le está generando al ejecutivo más de un incendio, no pocos dolores de cabeza y una sobre exigencia sobre la tarea presidencial que a cada rato debe salir a defender imprudencias ajenas con argumentos políticos genéricos y coyunturales; aun sabiendo Cristina que hay torpezas indefendibles.
A la nobleza de la toga no se la puede enfrentar jurídicamente con slogan y consignas panfletarias; menos correrla por izquierda porque en esencia y en lo ideológico sus hombres y mujeres son de derecha. Además está armada con la batería legal necesaria para contrarrestar y/o entorpecer cualquier peligroso ataque. Es un error garrafal pretender dar una batalla en el terreno jurídico con chicanas leguleyas que intentan soslayar los vericuetos legales; más que error resulta una torpeza imperdonable cuando son varios los frentes de ataque que el gobierno nacional debe enfrentar en estos momentos.
El Pueblo...
...seguramente era y seguirá siendo el más interesado en una posible reforma judicial. Por lo general lo afecta directamente. La celeridad o lentitud de los procesos judiciales siempre tuvieron claras connotaciones políticas ya que determinaban el futuro de causas en tiempos, formas y en estrecha relación al nivel social del o los imputados además de la repercusión social de cada caso. Quién hoy en día puede dudar de la infinidad de plantaciones de pruebas falsas para imputar a “perejiles” con operaciones mediáticas como apoyo logístico y de esa formar liberar “zonas” para que los verdaderos delincuentes sigan operando con total impunidad y complicidad policial. Quién hoy en día puede desconocer cómo se opera desde la Justicia para que los poderosos puedan seguir actuando a su antojo también con total impunidad.
Ahora la Corte seguramente fallará a favor del gobierno en el tema ley de medios. Una lógica y poco llamativa compensación. Pero todos los recursos presentados por los operadores del grupo monopólico Clarín cumplimentando adecuadamente con las formas legales le permitieron a Magnetto ganar casi tres años, tiempo más que suficiente para reacomodar y rearmar la estrategia que seguramente dará continuidad a su actual control masivo de medios de comunicación. De esta forma la Corte lava esa mancha “antipopular” por el reciente fallo, queda bien con el gobierno y todo seguirá como entonces pero con nueva fachada. El pueblo como siempre seguirá esperando por una justicia un poquito más ecuánime.
Especial para El Esquiú.com
(*) Director de la Publicación digital EL EMILIO
Notas:
(1)Aristóteles, Estagirita griego fue el que contrapuso a la República de Platón un Estado fundado sobre una justicia inflexible y el deber que tenían todos los ciudadanos de contribuir al “bien público” (¿?), Estado y justicia Aristotélica que solo debía ser manejada y dirigida por los más aptos, para quienes no habría leyes aplicables en su contra ya que son la encarnación misma de ellas. En términos criollos y con un ejemplo de actualidad basta para entender esto: Carlos Saúl I acaba de ser condenado a prisión por uno de los tantos delitos cometidos durante su gestión, pero por ahora se salva de la cárcel al estar amparado por los fueros “constitucionales” de legislador. Para encarcelarlo habría que lograr el desafuero parlamentario sin lo cual es imposible que la sentencia se cumpla. Un Estado Aristotélico con una justicia a la medida de Mariano Grondona quien aplaudió a rabiar la gestión menemista.
(1)Aristóteles, Estagirita griego fue el que contrapuso a la República de Platón un Estado fundado sobre una justicia inflexible y el deber que tenían todos los ciudadanos de contribuir al “bien público” (¿?), Estado y justicia Aristotélica que solo debía ser manejada y dirigida por los más aptos, para quienes no habría leyes aplicables en su contra ya que son la encarnación misma de ellas. En términos criollos y con un ejemplo de actualidad basta para entender esto: Carlos Saúl I acaba de ser condenado a prisión por uno de los tantos delitos cometidos durante su gestión, pero por ahora se salva de la cárcel al estar amparado por los fueros “constitucionales” de legislador. Para encarcelarlo habría que lograr el desafuero parlamentario sin lo cual es imposible que la sentencia se cumpla. Un Estado Aristotélico con una justicia a la medida de Mariano Grondona quien aplaudió a rabiar la gestión menemista.
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