*Por Alberto Lettieri
El debate
sobre una eventual reforma constitucional que habite una nueva reelección presidencial
se ha instalado en la opinión pública.
Por si algo
faltaba para agitar los fantasmas de la oposición, la encuesta realizada por
Ricardo Rouvier constató una intención de voto superior al 50% para Cristina
Fernandez de Kirchner, con una diferencia de mas de 30 % respecto de su
inmediato perseguidor, Mauricio Macri.
Desarticulada,
carente de propuestas e incapaz de seducir a la sociedad, la oposición se
dispone a cerrar filas para resistir la reforma constitucional. El titular de la UCR , Mario Barletta, desde la
autoridad moral un tanto emparchada que le brinda el 5,9% de intención de sufragio
de su candidato mejor posicionado, Ricardito Alfonsín, destacó el respaldo del
socialismo, la Coalición
Cívica y Libres del Sur, y la opinión favorable del Pro y de
Patricia Bullrich a su propuesta: “No debemos cejar ningún esfuerzo para evitar
cualquier aventura reeleccionista.”
Llamativamente,
fuerzas políticas que expresan intereses minoritarios y escaso respaldo popular
adoptan un discurso institucionalista para sostener el status quo constitucional, pretendiendo asociar ese inmovilismo con
una supuesta defensa de la democracia y de la republica. ¿De que pretenden
defenderlas? ¿Del autoritarismo al que ha sido tan afectas en el pasado? Nada
de eso! El peligro no es otro que ejercicio sin limitaciones de la soberanía
popular, que expresa mayoritariamente su respaldo a la continuidad presidencial.
“¡Miente, miente, que algo quedara!”
Una extensa
literatura permite afirmar que, para resultar efectivas, las constituciones
deben expresar la relación de fuerzas sociales, los proyectos y las expectativas
predominantes en una sociedad en un momento determinado. Por esa razón, en la
medida en que las condiciones de producción se modifiquen drásticamente,
resulta necesario reformularlas para sintetizar ese nuevo consenso, ya que
resulta absurda la pretensión de proveer al bienestar general presente
aplicando principios y normativa consagrados por un consenso social pretérito.
Habida cuenta del nuevo modelo de sociedad que los argentinos hemos ido
construyendo a partir del año 2003, resulta lógico propiciar una adecuación
constitucional que incluya sus fundamentos y normativa, y no se limite
exclusivamente a la reelección presidencial.
Naturalmente,
un proyecto de estas características provoca el pánico entre quienes reconocen
en la vieja constitución inspirada en Las
Bases, y sus posteriores emparches, el marco legal apropiado para el modelo
social excluyente, dependiente y autoritario de su preferencia. Por eso recurren al popular consejo de apelar a
la mentira sistemática, formulado por Gaspar de Jovellanos a fines del Siglo
XVIII, para tratar de instalar juicios
erróneos en la opinión publica, presentándose como adalides de una democracia a
la que en realidad desprecian.
La nave del Estado nacional y popular avanza
incontenible en la Argentina
actual, conducida a por su capitana con mano firme y segura, recogiendo un
mayoritario respaldo popular. Frente a esta realidad evidente, la estrategia
“institucionalista” adoptada por la oposición, tratando de identificar su
negativa a la reforma con una supuesta vocación democrática, resulta endeble y
sin mayor sustento. La oposición a un cambio respaldado por más de la mitad del
pueblo argentino en las urnas expresa por el contrario una consecuente vocación
autoritaria, que apunta a mantener los valores y criterios de un orden pretérito
y excluyente, haciendo caso omiso de las mayorías. Esta negativa expresa, ante
todo, su disposición a aferrarse como tabla de salvación a una norma que
reconoce las marcas de la notoria desigualdad imperante al momento de su redacción
original, en 1853, y modificada en 1994, en la década de la “pizza con
champagne” que tantos sufrimientos y daños causó a nuestra patria.
*Historiador
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