*Por Alberto
Lettieri
A falta de
votos y de proyecto político propio, la oposición ha encontrado desde hace
tiempo un argumento óptimo para su predica conspirativa y destitúyete: la
inseguridad.
Cotidianamente, las pantallas de TN y Canal 13, las radios multimedia ticas, Clarín,
Los medios,
naturalmente, pasan por alto que la multiplicación de la violencia no es un fenómeno
propio de nuestro país –en realidad contamos con uno de los índices mas bajos
de America-, sino de un capitalismo voraz, exacerbado aquí en los años 90,
cuando los mismos medios que hoy denuncian eran entonces beneficiarios y
voceros del proyecto privatizador y librecambista que destruyo el empleo y las
normas básicas de convivencia en nuestro país. Antes de eso, la dictadura cívico-militar
y la falta de una política de desarrollo económico coherente durante los años
del alfonsinismo, crearon las condiciones ideales para la ruptura del lazo
social y el retorno a un moderno estado de naturaleza hobbesiano.
Hace
algunos años, el drama de Cromagnon se llevo consigo en la CABA a Aníbal Ibarra. Ibarra
no estaba procesado, sin embargo, la manipulación política de los medios y la
operación política del PRO, posibilito su destitución. Por el contrario, el
actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, registra múltiples procesamientos judiciales
por motivos diversos y, pese a que esto lo coloca en situación de separación de
su cargo según la Constitución
porteña, cuenta con el paraguas protector de Clarín y sus acólitos,
beneficiarios directos de sus licencias, tercerizaciones y pautas oficiales.
El domingo
pasado, Cañuelas se ha teñido de luto por dos crímenes cometidos en un
supermercado local. El móvil de la venganza, prima facie asignado por el fiscal
de turno, parece resultar bastante adecuado según las pruebas disponibles. El
supuesto victimario habría cumplido una condena judicial, razón por la cual no habría
motivo para mantenerlo en la cárcel. La intendenta de la localidad no tiene
ninguna clase de responsabilidad institucional sobre el caso, y tal vez para
los partidarios de la mano dura esto podría haberse resuelto con leyes más
dura, mayor presencia uniformada o una policía “brava”. Sin embargo, los medios
nacionales y locales nos han bombardeado desde entonces, como tema de agenda
excluyente, exigiendo la destitución de la funcionaria, la reforma del código
penal, denunciando complicidades policiales y judiciales, etc., montándose en
la situación de pavor colectivo que esos mismos medios consiguen instalar tan
hábilmente, aprovechando la ingenuidad y el deseo de protección inmediata de
los ciudadanos.
Naturalmente, los partidos de oposición, tan incapaces al momento
de seducir al electorado con propuestas o gestiones concretas, aprovechan el
dolor ajeno y la natural sensibilidad de los habitantes para conseguir a través
de su manipulación aquello que los votos reiteradamente les niegan.
A esos
multimedia “independientes” y a esos partidos de oposición, cabe recordarles ha
llegado hace tiempo a nuestro país el Estado de Derecho. Que las acciones públicas
son juzgadas por la justicia o por los votos populares, y no por el interés de
empresarios periodísticos o dirigentes opositores anquilosados en el tiempo. Si
el accionar policial o judicial merece objeciones o sanciones, allí esta la Justicia para
determinarlo. Asignarle a la
Intendenta competencia judicial o policial, implica la confirmación
del escaso conocimiento de los códigos y normas por parte de la población, y de
la nula voluntad de tenerlos en cuenta por parte de los manipuladores de la
opinión publica, en la medida en que se oponen a sus inconfesables y egoístas
intereses.
La solución
no es destitución, mano dura, ni similares, sino consolidación institucional,
funcionamiento estricto de los resortes judiciales, más educación, más
compromiso ciudadano. Rodear a la intendente en la búsqueda de una solución, en
lugar de exigir su destitución seria una elemental estrategia republicana y democrática,
algo que difícilmente propondrán los cómplices de las dictaduras cívico-militares
y co responsables del saqueo de nuestro país en antes del 2003.
*Historiador
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