UN PUNTO DE VISTA SOBRE "SEGURIDAD"



(*) Dr. Alberto Felipe Pannoni


Cuando me puse en la tarea de pensar sobre el concepto de seguridad, no pude desprenderme de mi conciencia togada, y la cuestión devino inmediatamente dilemática, puesto que la lógica jurídica se enfrentó rápidamente con la formal.
La problemática de la seguridad se me presentó tanto como una cuestión jurídica, tanto como una cuestión social.
La seguridad jurídica, inicialmente, para un abogado, es viabilizar o amparar la realización efectiva de un crédito cualesquiera sea su naturaleza. La seguridad social, por otra parte, no es más que el aseguramiento de la realización efectiva del crédito vital, del cual, cualquier persona es acreedora, por el mero hecho de ser hombre que pertenece y se vincula con una comunidad organizada.

En ese punto, pude encontrar una coincidencia liminar. Porque el aseguramiento social son aquellos mecanismos jurídicos prevencionales, que impuestos legalmente, aseguran el buen funcionamiento del sistema de convivencia social de una comunidad, precaviendo que este falle, se frustre o se violente. Y en ese punto es donde se encuentra lo jurídico con lo social. Es la encrucijada donde el orden social se asienta en la norma para ser justo, para procurar la paz y el progreso social de todos los hombres por igual.
El advenimiento del nuevo milenio nos ha enfrentado a una crisis en la reestructuración de la convivencia humana, con la nueva visión del mundo como una aldea global, con la difusión universal de nuevos parámetros valorativos, que han producido engaño, distorsiones considerativas sobre las conductas humanas, que antaño fueron universalmente aceptadas sin cortapisas, y hacen que esta sea una época de significativos interrogantes, que atentan contra la cohesión social y dilatan las vinculaciones éticas de los individuos con la comunidad.

Cada comunidad, estructurada según sistemas particulares, que tiene necesidades diferentes, que son determinados según la propia cultura informada por un plexo axiológico, que en cada caso, son aceptados como imperativos categóricos por la conciencia colectiva, da respuestas diversas a fin de salvaguardar su orden social, la paz y el progreso común ante la crisis y sus consecuentes resultados no queridos.

Los resultados no queridos que provocan cambios disvaliosos, que resultan en agresiones sociales que lesionan al mismo tiempo lo comunitario y lo individual, deben provocar necesariamente, un escalón de resistencia, con una fuerza proporcionada a los ataques probables, operados por organismos de reserva a cargo de la prevención y defensa, que deben contar con la capacidad de acudir a tiempo y con la eficacia suficiente para reestablecer los equilibrios sociales quebrantados.

Debe existir una línea de vigilancia, que es la prevención, y una línea de defensa que será la represión. Ello ha de garantizar la seguridad social como un derecho a la integridad del ser colectivo en el ejercicio de sus fuerzas morales y la explicitación de las facultades individuales de todos y cada uno de de los ciudadanos como entidades necesarias que hacen a la vida misma de la comunidad.

Es el Estado de Derecho, en el marco constitucional que la ley dispone, quien debe proveer a la comunidad la libre disponibilidad de sus prerrogativas como sociedad, instruyendo las acciones de su gobierno sin discriminaciones ni exclusiones, brindando eficacia y calidad en la gestión de sus instituciones y seguridad a las personas y la propiedad.
Solo con el reconocimiento y respeto de tales derechos por parte de las autoridades, de su aceptación universal, del reconocimiento de la dignidad de la persona humana por el solo hecho de ser hombre, se hace posible el cumplimiento efectivo de las garantías que la Constitución Nacional establece, ya que se ha de proporcionar al hombre la seguridad del goce pacífico de su libertad y el efectivo ejercicio de sus legítimos intereses tanto individuales como colectivos. Tales goces solo podrán ser limitados por leyes de igual naturaleza cuando se disfruten en perjuicio de terceros.

Solo la ley ha de imperar. El Estado y la comunidad han de permanecer de manera inclaudicable en el alerta de la prevención para evitar cualquier desajuste lesivo que agravie a la comunidad o a alguno de sus integrantes.

La represión solo ha de ser la oposición que la ley prevea cuando, el Estado o alguna persona o personas, alteren el régimen de convivencia y cooperación social que se encontrara establecido, producido por corrupción política, desorden, o escándalo. 
La represión ha de ser necesariamente ejercida, pues de no serlo, se negaría en su esencia el principio de mayor sustancia democrática que es el de igualdad ante la ley.
El delito y la corrupción política son las causales de mayor disturbio en el equilibrio que establece el orden jurídico. 


Vemos con expectación de sorpresa como la evolución de las prácticas delictivas y la corrupción política, han adquirido en la época, aspectos y modalidades de superlativo grado de perfección, sutileza y sofistificación, operando con mayor astucia y carácter asociativo para eludir o escapar a la acción de la justicia. Esto obliga que para contrarrestar sus efectos se hagan mas eficientes los órganos de contralor estadual, un mayor perfeccionamiento e idoneidad en la administración de justicia, y un mayor grado de capacitación en las fuerzas de seguridad, con lo que sus integrantes mejoraran sus aptitudes profesionales no solo para reprimir, sino, que es lo mas destacable, para prevenir la actividad del malhechor, a cuyos efectos no deben ser inferiores, ni en recursos intelectuales ni en medios técnicos para su accionar. 

El Estado ha de invertir en seguridad presupuestos proporcionados al desarrollo del desequilibrio social que impongan los hechos delictivos en su progreso.
El legislador ha de establecer los contenidos del nuevo y deseado orden jurídico, caracterizar el perfil institucional, campo de actuación y límites de la explicitación del sistema prevencional y represivo, que actualmente se encuentra condicionado por las nuevas realidades que los nuevos modelos comunitarios y la modernidad plantean.

Se ha de dotar el sistema preventivo con un elenco de nuevas herramientas que sirvan de manera formidable para asegurar la efectiva tutela de las garantías que la Constitución Nacional consagra teniendo en miras los verdaderos datos empíricos que la realidad expone y sobre los cuales las normas han de operar.

No es posible mantener sano el cuerpo social sino se desarrolla un programa sanitario de prevención mediante el cual se erradiquen del escenario social argentino la corrupción política, el narcotráfico, los ideologismos, la intolerancia, el clientelismo electoral, la indiferencia, la exclusión y marginación social, el delito de cuello blanco, la defraudación del mandatario con su mandante, el desempleo, y el delito común.

Porque el legislador no ha de aportar solución al problema de la seguridad sancionando un nuevo Código Penal, pues ya lo dijo el maestro Soler: “Cuando la política se corrompe, cuando la religiosidad se vuelve intolerancia, cuando la ética social se transforma en odio puritano, es seguro que se apelara al derecho penal para consolidar la corrupción, la intolerancia y el odio.”

Es la sociedad civil y democrática, la que se ha de imponer en el continuado reajuste de la vida jurídica de la comunidad, y no la legislaciones de oportunidad o coyuntura, que no superan el margen de ser una mera expresión de voluntad del poderoso que circunstancialmente puede contar con las mayorías legislativas.
Es la propia comunidad la que ha de restañar el entretejido normativo del orden jurídico dando las repuestas y originando los reemplazos de las leyes que se han agotado frente a la novedad de las épocas atacando los problemas por sus causas, y no por sus efectos como lo hacen las tristemente célebres “políticas de estado” que solo lo hacen procurando el control de algunos efectos que particularmente perjudiquen los intereses del grupo gobernante.

Lo cierto es que el momento supremo del derecho no es el de la promulgación de las promesas legales, sino el dictado de la sentencia judicial, que permite, mediante la actuación de jueces independientes, pero no ausentes, la verdadera realización de la justicia distributiva, en el caso concreto, donde la acción no debe perjudicar la intención, potenciando de tal modo las garantías constitucionales, al elevar en equidad, el escalón de prevención y seguridad individual de las personas de manera igualitaria.

La justicia es el único aldabón que hace sonar la campana del espíritu humano.
La verdadera dinamización del cambio que la inseguridad impone, en el sentido lato en el que se ha venido explanado, exige un replanteo ético sobre la determinación de lo que es un orden social justo, y dentro de ese orden discernir cual es el crédito vital que cada hombre debe titularizar como inalienable.

El origen de la inseguridad es polifacético a partir del concepto que el mercado es el supremo repartidor, y la verdad, la igualdad, la justicia y solidaridad social se han relegado, como consideraciones éticas al plano de meras antiguallas nostálgicas.
La corrupción política, los delitos de cuello blanco, el narcotráfico, y el aliento del ocio improductivo de una gran parte del pueblo, mediante planes estaduales que pretensamente se exponen como de “aliento social”, que no hacen mas que mantener vacante y al margen de la vida comunitaria a millones de argentinos, pueden caracterizarse como los puntos mas salientes de la “sensación” de inseguridad que nos agobia, nos confunde y nos preocupa.

Se alimenta una tentación estructural hacia la corrupción desde los medios de difusión que han adquirido enorme significación social, y desde los cuales se proyectan los nuevos candidatos, Standard de conductas, arquetipos y modelos sociales, fenomenología que a la postre no hace mas que poner de manifiesto, con la misma celeridad con la que instalan sus mensajes heterodoxos, la incapacidad de procesar las demandas sociales en el marco de dinámica de los pseudos-programas de reestructuración económica que promete un futuro auspicioso para el pueblo.

Lo dicho, y el creciente cuestionamiento ético que se cierne sobre la dirigencia política nacional, podrían no solo seguir aumentando el volumen de la inseguridad sino también atentar contra la supervivencia de los instrumentos básicos del sistema democrático.
Las mejoras sociales no se operan solo en base a la particular concepción de algún técnico de nota, sino fundamental y excluyentemente en base a la promoción de reformas sobre una concepción humanista y moral que tenga presenta una consideración ética de la persona humana, de la familia, y de la sociedad en su conjunto, tal como lo sostuviera Su Santidad Juan Pablo II “…Solo una nueva propuesta de los valores morales fundamentales como son la honestidad, la austeridad, la responsabilidad por el bien común, la solidaridad, el espíritu de sacrificio y la cultura del trabajo, puede asegurar un mejor desarrollo integral para todos los miembros de la comunidad.”

Para propender a la obtención de la seguridad que la sociedad argentina reclama, sería menester crear un entorno político, económico, social, cultural y jurídico que permita a los hombres desarrollarse socialmente dentro de una comunidad organizada, donde encuentre satisfacción a las necesidades que la cosmovisión actual plantea, promoviendo la estructuración de una comunidad estable, segura, justa, basada en la defensa de los derechos humanos, rechazando la exclusión, la marginación y la intolerancia, haciendo culto del respeto a la igualdad, a la solidaridad, a la seguridad social, a la participación de todos, incluso la de los grupos o individuos desfavorecidos y vulnerables, al acceso universal y equitativo a la salud y a la enseñanza gratuita, asegurando de tal modo el mas alto nivel de salud física y mental.

Debemos como imperativo de la hora, dar férrea clausura al acceso al los estratos de gobierno a la vergonzosa decadencia que plantea la peor de las corrupciones que es la intelectual, porque tal como lo ha sostenido Douphine “…Una sociedad que admite abiertamente la corrupción, no estalla, no se pulveriza, no se fractura, simplemente se pudre.” 
Hagamos como el Quijote, que con hidalgo heroísmo defendió una amorosa ilusión. Porque ilusionarse con el propio futuro no es una utopía, sino un desafío a nuestras propias capacidades.
Tal vez por eso, con toda humildad considero, que la mejor manera de asegurar nuestro crédito vital como personas, es llevar de potencia a acto todo el inventario axiológico enumerado, por que así podremos renovar la esperanza para argentinos del porvenir, que no son ni más ni menos que nuestros propios hijos.
Así Dios lo quiera.

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