HOY, es necesario un cambio comunicacional y una nueva legislación en el servicio de medios audiovisuales
Opinión, comentarios de análisis
Parte II
El momento restituyente de las decisiones del Estado democrático llegará en su momento y con seguridad
Evaluar en estos momentos el tiempo preciso, oportuno y político para presentar en el Congreso un Proyecto de Ley de Servicios de Medios Audiovisuales vemos y sabemos que no es moco de pavo, pero sí, con certeza imprescindible. Es más, es una promesa y un objetivo del gobierno de Cristina Fernández que el Proyecto con la nueva Ley se presentará en tiempo y forma durante su gestión. Para esta esperada presentación, deben llevarse también a cabo aciertos de naturaleza política muy rigurosos por el impacto a ocasionar en los ámbitos corporativos mediáticos al vapulearse intereses habidos y muy celados. ¿Caben las negociaciones? …tal vez algunas, pero no olvidemos que estamos moviéndonos entre apreciaciones de límites que enmarcan contextos ideológicos, dado por un proyecto de gobierno que quiere cambiar el modelo y dar marco para que la población haga uso de la información como un servicio. Delegado éste por sobre la expresión neoliberal instalada de un sistema comunicacional en el ámbito empresarial y de los negocios mediáticos. Podrán haber o no algunas negociaciones parciales sobre algún aspecto, al respecto; pero de lo que sí estamos seguros de que una nueva Ley de Servicios de Medios Audiovisuales NO SE NEGOCIA; menos, cuando se trata ya de un asunto de Estado.
Ley de Servicios de Medios Audiovisuales y la normativa del sistema de digitalización
Por otra parte, es de suma importancia vincular el tiempo de sanción de una nueva Ley de medios con la instalación de sistemas y normativas operativas de la digitalización de medios que se avecinan en el futuro inmediato. Esta normativa debe ser introducida al nuevo sistema comunicacional con la reglamentación ineludible de la misma Ley de Medios Audiovisuales promulgada con antelación; y no hay variable alguna que determine lo contrario. Por lo tanto, si esta normativa ya está seleccionada, el borrador del Proyecto de Ley que irá al Poder Legislativo Nacional la tiene que contemplar, obviamente en todos sus mínimos detalles. También es sabido que esta normativa operativa de la digitalización, no es seleccionada por azar o por un mero capricho de elección gubernamental; sino, que responde a un estudio minucioso de pro y contras y a una precisa política llevada al plano regional y compartida con otros países integrantes del bloque del Mercosur.
La teoría cuasi destituyente del “hecho consumado”
Hay grupos de monopolios de medios que ya dan por asentado la normativa a elegirse, basados en el poder corporativo sobre el que están montados y operando abiertamente en base a la teoría del “hecho consumado”. Es así que intentan operar con equipos adecuados a normativas vigentes que ellos consideran felices para sus intenciones e intereses, sin reparar en ningún momento en las bondades para el cuerpo social sobre el que deben operar; y que incluso ya hubieron adquirido con antelación por propia decisión de sus ejecutivos. Esta metodología de imposición como los dueños del mundo a través del “hecho consumado” defenestra abusivamente el trámite que en origen debe responder a una reglamentación impartida por la administración del Estado soberano, o sea el Gobierno nacional, sobre una normativa a través de una Ley adecuada a los efectos.
En los últimos tiempos han surgido comentarios de orden periodístico en notas virtuales y agencias con las que operan estos monopolios de medios. Por ejemplo, tratando en una oportunidad de opacar la figura y gestión del interventor del COMFER, diciendo que éste está durmiendo o con sus ángeles y señalando que ellos eran los “piolas” porque ya habían adquirido los elementos para incorporar la normativa de digitalización que ellos mismos habían seleccionado. Por lo tanto señalaban que ellos iban a la vanguardia del mundo mediático. Digamos una vez más, que en un sistema democrático y republicano, donde la elección de normativas y la discusión sobre un Proyecto de Ley que sancionada como tal fije y reglamente, debe pertenecer a la acción de los poderes de la república que componen a un país civilizado y moderno; y no a las corporaciones que con prepotencia inaudita hacen causa a un sistema desgastado y en decadencia. Se puede encontrar en estos señores dueños de la “verdad” única, no solo el avasallamiento de los principios periodísticos y de la ciencia de la comunicación, sino una inmoralidad agresiva, enfermiza y cuasi destituyente de un verdadero sistema democrático.
Una clave de poder a tener siempre presente dentro de un marco estratégico.
Cabe agregar la vital importancia que tiene en este proceso de cambios, para la crisis comunicacional en que nos encontramos inmersos, el conocimiento de la masa poblacional sobre este tema que nos ocupa. Como también es fundamental y de suma importancia, el peso que parte de un consenso favorable y positivo procedente del conjunto de la ciudadanía. Esto es tan necesario como imprescindible, a los efectos de generar poder a partir de la relación dialéctica entre gobierno y las mismas bases de la población. Estos fueron los principios que se dieron en la construcción política del consenso social, las bases con sus trabajadores en relación a la administración del Estado, con el éxito redituado que todos conocemos y que quedó sellado en la historia nacional; me refiero concretamente a los primeros gobiernos peronistas.
Por otra parte cabe observar, la importancia de fijar paradigmas a partir del producto de un avance educacional y proporcionar medios de información adecuados a la población en su conjunto. Hay algo que no debe dejarse de atender por su importancia, es sumamente vital el implementar correctas políticas en el plano social que generen calidad de vida y de comunicación integral; descontando que esto fortificará más nuestro aspecto cultural a futuro.
En la actualidad las políticas sociales son muy deficitarias aún y lo programas no se concretan con los resultados esperados, debido a las falencias en las evaluaciones de las conflictivas redes y fragmentaciones sociales; y por ende en la aplicación de los mismos. La cartera que se ocupa en concreto tiene una ardua tarea; es la hora de los aciertos sin pérdidas de más tiempo. Ya está demostrado al momento que tecnocracia y capital de por sí, no sirven de mucho si no se acierta en los verdaderos canales de acción sobre los desplazamientos sociales y las características lamentables heredadas del sistema neoliberal. No hace a estas líneas buscar los “peros” en las programáticas ministeriales, pero por razones que hacen a un contexto estratégico, citamos y vale la pena dejar en claro estas particularidades, que tanto retrasa al proyecto nacional y popular que persigue esta gestión de gobierno; y que todos los que por identidad política y/o por defensa del sistema democrático nos encontramos en la trinchera, acompañamos.
Sigue dejando mucho que desear el objetivo de construir políticas desde abajo hacia arriba. Estas políticas en el orden social, además de la permanente búsqueda de los múltiples beneficios para la sociedad, tienen que ser capaces de proyectar e instalar adecuadamente que se recupere la identidad de ciudadanía, instruyendo a la población sobre sus derechos universales; que se conozca y se tenga plena conciencia, entre otras cosas, de la necesidad del derecho a la información para todos los habitantes de nuestra Patria.
Todo habitante debe tener conciencia del derecho a la información de que es merecedor como ciudadano. En este derecho, los intereses de capital no pueden prevalecer sobre los derechos universales del hombre; esto debe señalarse como factor de justicia social y también en el paradigma regente en el campo de los Derechos Humanos.
El deber del Estado nacional es proporcionar los medios adecuados en que prime la pluralidad de canales y las vertientes de información necesaria, que amplíe el espectro comunicacional y otorgue verdadera solvencia de identidad a nuestra cultura.
Enero de 2009
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*Docente, periodista.
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