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13 de febrero de 2011

UNA REPARACIÓN ESTRATEGICA


(*) Por Jorge Rachid

Con la decisión del Gobierno Nacional de declarar al año 2011 como el Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores (decreto 75/11), se comienza a cerrar un ciclo de ignominia y denigración de los trabajadores argentinos, avasallados y arrastrados por la corriente neoliberal que invadió el planeta –y por ende la Argentina–, destruyendo años de construcción social de un modelo solidario, basado en la cultura del trabajo y el consecuente andamiaje jurídico-legal –que los protegía y am-paraba– ante el avance arrollador de un capitalismo cada vez más salvaje, que intentaba eliminar las conquistas obtenidas por las luchas primeras del movimiento obrero en los albores de la revolución industrial.

Una historia de lucha

Las 8 horas de jornada laboral que costaron las vidas de los Mártires de Chicago, constituyen el inicio de una época de dignificación de los trabajadores, que en el año 1915 con la Ley 9.688 en nuestro país, le da un marco legal a la protección integral de la salud de los trabajadores, valorados de acuerdo a profesionalidad y su capacidad para desarrollar tareas, antes que una sumatoria de partes del cuerpo valoradas ahora como disección humana, a la hora de la visión aseguradora de los tiempos actuales, al amparo de la Ley 24.557 neoliberal y discriminatoria de la clase trabajadora. Dicha Ley que por decisión de la Justicia ha sido declarada anticonstitucional e incluso impugnada en sus artículos fundamentales 39 y 46 por la Corte Suprema (pese a lo cual sigue vigente),  produciendo un silencio al genocidio oculto de tres muertos diarios y cientos de miles de accidentados anuales de los trabajadores en blanco, sin contabilizar el 34% del trabajo no registrado. Como vemos, hemos retrocedido casi 100 años en cuanto a la protección de la salud y evaporado el esfuerzo de Bialet Massé y Ramón Carrillo, pioneros en la medicina del trabajo en nuestro país.

Los orígenes del retroceso

Así como el gobierno nacional fue capaz de eliminar el saqueo producido por la concepción individualista del ahorro en la conciencia previsional argentina a través de las AFJP, debemos asomarnos al análisis de las aseguradoras de riesgos de trabajo llamadas ART, verdaderas herramientas del poder financiero antes que herramientas de protección del trabajo como deberían funcionar de acuerdo a la misma ley que intentó colocar responsabilidades en higiene y seguridad en trabajo –sistemáticamente ignoradas por estas empresas recaudadoras– que al amparo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo elude sus responsabilidades. Lo hace modificando criterios médicos, deshecha en forma casi administrativa patologías derivadas del trabajo, evita los exámenes periódicos con la complacencia de la SRT, accediendo a realizarla sólo a un supuesto mapa de riesgos que no figura en la ley, rechaza accidentes aduciendo que son enfermedades inculpables, ignora enfermedades profesionales y no profesionaliza ni exige a las empresas las normas de seguridad, además de modificar el Baremo de acuerdo a sus  intereses económicos , a través de su organismo regulador al cual financian las mismas empresas aseguradoras, cuyo único fin es el lucro, no la salud.

Fue de tal magnitud el daño producido por estas políticas impulsadas por el Banco Mundial desde el golpe del 76 y profundizadas en la década infame de los 90, que el poder apeló al genocidio social de millones de argentinos –expulsados de la pirámide social inclusiva del empleo– para que sirvieran de colchón, desde la desocupación, a los reclamos crecientes contra la explotación,  flexibilización laboral y las humillantes condiciones de trabajo exigidas bajo el paraguas de una legislación destinada a fortalecer estructuras de costos de las empresas, la acumulación financiera para las aseguradoras, garantizar el bajo conflicto social ante la masa de desocupados dispuestos a aceptar cualquier condición laboral y a obtener líneas de crédito internacionales, que endeudaron el país con el objetivo de demoler las políticas sociales solidarias, cambiando el eje cultural por políticas macroeconómicas basadas en el objetivo y resultado financiero del capital privado.
La “coherencia” de esas políticas

Así fueron penetradas y fragmentadas las políticas solidarias, en especial de salud produciendo la incorporación de las prepagas en el sistema de obras sociales; se gerenció el PAMI produciendo su desfinanciamiento y se estableció la privatización de la higiene y seguridad en el trabajo a través de las ART, sobre quienes se delegó el control de los mecanismos de seguridad en las empresas que contratan sus servicios. O sea quien contrata –empresa–  a la ART debe ser auditada por ésta, y quien controla a ésta –SRT– es financiada por las aseguradoras que debe controlar –ART–. Un verdadero disparate que lleva 15 años de cuestionada existencia y miles de muertos acumulados por su presencia desde 1996.

Mientras tanto, la SRT sigue emitiendo resoluciones que limitan el acceso al derecho de los trabajadores siniestrados, colocando trabas que no figuran en la ley para llegar a las Comisiones Médicas que deberían evaluar los tratamientos y secuelas de la siniestralidad laboral, como así también los rechazos y las probables enfermedades profesionales, sin más trámite que el simple reclamo. Así se acumulan formularios, pedidos de especialistas, certificados de médicos “califi-cados” que avalen lo que dice el trabajador, cuando el trámite del pedido debería ser su acceso a la evaluación médica urgente.

Eso no sucede en  la práctica diaria, siendo una verdadera carrera de obstáculos para el trabajador accidentado con la carga emocional que conlleva, ya rechazado por la ART o dado de alta en forma temprana a fin de evitar seguir pagando salarios, con la complicidad empresaria con las ART para que no les aumenten las primas del seguro. Todo un verdadero enredo en el que el trabajador, desalentado y agotado de trámites e idas y venidas, abandona declinando el reclamo ante la mirada cómplice de la aseguradora, la empresa y la SRT, que debería proteger su integridad física y síquica, que es único capital que posee el trabajador, su salud integral la verdadera llave de integración social y laboral
Lo evitable, no es accidente

Debe tomarse conciencia que esta declaración del gobierno nacional implica una lucha estratégica en derribar las estructuras de poder creadas por el neoliberalismo y de desmontar una cultura dominante que privilegia el lucro por sobre la salud de los trabajadores. No es una lucha sencilla, ya que después de varios años de las declaraciones de inconstitucionalidad de la ley 24.557, aún no hubo posibilidad de acceder a un nuevo cuerpo legal,  debido a la imposición empresarial y el lobby financiero de las ART, pese a que la CGT hace ya 4 años había elaborado un proyecto de reemplazo que, sin recuperar totalmente el espíritu de la ley 9.688, evitaba al menos que el rechazo de las ART se tradujese en una carga para el trabajador accidentado, el hospital público y para su obra social. Una verdadera zona gris, sin definición legal para el trabajador y una pérdida de derecho a futuro en caso de incapacidad.

Ese proyecto elaborado por la CGT fue tachado de “marxista” por las patronales, acostumbradas a combatir los derechos de los trabajadores desde una posición ideológica, en vez de plantear discusiones racionales desde el punto de vista de la protección y la inversión en ese sentido, que permitan proteger el recurso humano, siempre valioso aún desde pensamientos tan deshumanizados como los del capitalismo salvaje. Se pretende cambiar salud por dinero en la máxima del pensamiento reaccionario e inhumano.

Así acuñaron el término peyorativo de “industria del juicio”, como si los trabajadores, para acceder al derecho debieran pedir permiso, frente a quienes siempre rechazaron el trámite administrativo del Ministerio del Trabajo y evitaron durante años invertir en higiene y seguridad en el trabajo, abandonando las responsabilidades producidas por accidentes o enfermedades profesionales derivadas de dicho accionar.


Una verdadera tragedia humanitaria.
Cachetazo moral en el siglo XXI

Cuando los esclavos se compraban en la antigüedad, los dueños que invertían en ellos los cuidaban y alimentaban para proteger su inversión. Ahora los trabajadores son descartables y menos cuidados que las máquinas, que son verificadas cada año, se les hace un servicio preventivo (para las máquinas, sí, a los trabajadores, no), se las lubrica mientras que a los trabajadores se los coloca en situaciones laborales de riesgo o de condiciones, a las cuales seguro no someterían las patronales a ningún familiar cercano.

Esas condiciones provocan en el trabajador deterioro en su salud, envejecimiento precoz no valorado adecuadamente por las ART ni la legislación vigente, como por ejemplo, las patologías columnarias en trabajadores que durante años soportan pesos no admitidos en el resto del mundo de acuerdo a las recomendaciones de la OIT; cercenamiento de su futuro laboral, tampoco valorado, ya que la incapacidad limita el universo de trabajo, un chofer con amputación de mano sólo es evaluado físicamente sin tomar en cuenta su profesionalidad de la cual debe despedirse; una intoxicación laboral crónica –enfermedad profesional– es sólo valorada por sus secuelas y no por el daño infligido a su capacidad laborativa, y podría seguir con ejemplos sobre los cuales la realidad cotidiana nos informa y nos lastima moralmente ante tanto desprecio humano.

Ni hablar del trabajo esclavo que debe juzgarse con el código penal en la mano, ya que se trata de reducción a servidumbre y trata de personas. Cachetazo moral en el siglo XXI que debería llenar de vergüenza a quienes lo propician, con la consiguiente condena social y penal públicamente exhibida.

El trabajo decente  establece condiciones de legalidad absoluta en las relaciones comerciales y de servicios, como comprar en blanco, no comprar ni vender a quienes practican competencia desleal con trabajo no registrado o condiciones de servidumbre laboral, ni a quienes evadan impuestos y no registren sus pagos, como forma de ordenar una conciencia colectiva de un destino común.

Mientras en el mundo se plantea el trabajo decente y en nuestro país ya funcionan comisiones mixtas de obreros y cámaras empresariales, las relaciones laborales cotidianas se ven sometidas a condiciones que originan los mal llamados “accidentes”, cuando en realidad deberíamos estar hablando que los mismos se deben a  falta de inversión, falta de capacitación y falta de compromiso con los seres humanos en un verdadero retroceso social.

La Constitución de 1949 estableció los Derechos del Trabajador que hoy hacen empalidecer a quienes creen que la única estatura de la relación capital / trabajo es económica. La dignidad del trabajo, pilar indispensable en la comunidad, es la que genera cultura solidaria: es la que permite un sistema social de pacto intergeneracional previsional y atender la salud de millones de argentinos a través del sistema de obras sociales. Sin trabajo no existe modelo solidario, ni movilidad social ascendente, ni destino común.
Rindiendo culto al trabajo decente

Para terminar, es necesario formular algunas propuestas en este año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores.
·        En primer lugar es urgente un nuevo marco legal que contemple integralmente el único capital del trabajador: su salud y su profesionalidad laboral como un todo.
·        Que dicha valoración sea herramienta del Ministerio de Salud y no de las aseguradoras de riesgos, como asimismo que los baremos de ambas leyes –24.241 y 24.557– sean unificados y debatidos en ámbitos académicos sanitarios, lejos de asociaciones  llamadas “de medicina del trabajo” de índole patronal, que han servido de base a la destrucción de la conciencia sanitaria de los trabajadores.
·        Que la nueva legislación contemple las impugnaciones de anticonstitucionalidad establecidas sobre la ley neoliberal 24.557 y agregue las figuras de homicidio culposo para la siniestralidad mortal basada en la falta de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Que esas normas y protocolos, hoy de rango internacional, no descansen en su aplicación  a cargo de entes privados con fines de lucro como las ART.
·        Recrear la Secretaría  de Salud y Medio Ambiente Laboral para que se ocupe exclusi-vamente del seguimiento de las normas y protocolos de seguridad e higiene, las enfer-medades profesionales, las medidas de prevención, la utilización de sustancias tóxicas, las patologías derivadas de mecanismos ergonómicos y sobrepesos inviables, hacerse cargo de las actuales Comisiones Médicas, constituyendo una base de datos real que permita actuar sobre el riesgo y no hacer de testigo como en la actualidad, donde nos ocupamos de contar muertos y patologías con sesgo simplemente estadístico.
·        Penalizar el trabajo esclavo, la acumulación de siniestralidad laboral, la falta de medidas de higiene y seguridad en el trabajo; promulgar con tratamiento parlamentario una ley sobre cantidad máxima de peso que no pueda exceder los 25 kg.; nacionalizar la ley de comisiones mixtas haciendo obligatorias las mismas; establecer los delegados de higiene y seguridad en el trabajo, como funcionaron en las empresas autogestionadas y cogestionadas hace más de 30 años; hacer del Ministerio de Salud el eje de la salud de los trabajadores, indepen-dientemente del proceso productivo, recreando una valoración socialmente justa y huma-namente sabia en cuanto al cuidado de nuestros compatriotas.
·        En suma, derrotar la idea cultural que el crecimiento del país se puede dar sobre  inválidos y muertes de jóvenes trabajadores que destruyen los sueños y las expectativas de vida de miles de familias por año, idea fuerza instalada por el neoliberalismo de trabajadores descartables, durante décadas, recreando la cultura del trabajo y la solidaridad social en una sociedad más justa.
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