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6 de septiembre de 2009

INICIO DE LOS JUICIOS ORALES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN ROSARIO Y SANTA FE.

CONCEPTOS DEL DIPUTADO PROVINCIAL GERARDO RICO.

Vicepresidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la C.D.

Significado.

Después de 33 años de impunidad estamos a las puertas del primer juicio oral en la ciudad de Rosario (el 31 de agosto) y el inicio en la Justicia Federal de Santa Fe al día siguiente.

Extremadamente demorado proceso de juicios orales contra los genocidas de la dictadura. Los mayores crímenes contra hombres y mujeres de la región a lo largo de toda nuestra historia.

Años de trámites, trabas procesales, fiscales federales inhibidos o excusados, una jueza como Cosidoy que mediante trampas de exposición mediática embarra la cancha como para volver a empezar; libertad de Díaz Bessone, amenazas y acoso a testigos .

Ahora, por fin, desembocamos en el inicio de los juicios pese a todo.

Pero éste no es el final del camino, es sólo el comienzo.

Las infinitas trabas y subterfugios que subsisten en las estructuras judiciales estarán a la orden del día para oponer la lerda sustanciación de los juicios.

Pero las audiencias están.

Las voces se podrán y deberán escuchar para reconstruir un discurso de verdad histórica que sacuda un cierto aletargamiento en la conciencia social. Y volvamos a recomponer discursos, valores, calidad institucional en definitiva.

El reclamo de juicio y castigo que lleva 30 años, potenciado en el transcurso de la vida democrática no es mas que eso: calidad institucional.

Impunidad estructural

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el pueblo argentino encabezado por los Organismos de Derechos Humanos reclamó Verdad y Justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio por la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo del 76.

Las llamadas Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y mas tarde los indultos, fueron las herramientas legales utilizadas para imponer –contrariando toda legislación nacional e internacional- la impunidad como política de estado y la negación del derecho fundamental a la justicia a las víctimas y a la sociedad toda. Un andamiaje legal de impunidad.

Las Naciones Unidas lo dictaminaron como Impunidad Estructural en el estado y en los niveles de la sociedad toda.

El inicio de nueva etapa a partir del 2003 con la anulación de las leyes posibilita transitar este arduo proceso de poner fin a esta falta de justicia.

El pacto de silencio de los represores, cómplices e instituciones, promovieron y animan un eco con un pacto inconciente de muchos argentinos similar a aquél “no te metás” y el hoy de un “no miremos para atrás”.

Cada paso que se dio demostró hasta dónde y cuan profunda es la herida abierta.

El mirar para atrás sin odios ni rencores, pero sí con verdad y transparencia es mirar para adelante, y dejar a las generaciones que vengan un relato saneado e inconmovible.

El denodado esfuerzo de los Organismos, de los familiares y luego quiénes pudieron constituirse en querellantes, las más de las veces en soledad, enfrentó esa supraestructura de complicidad y connivencia, y fue logrando trabajosa y artesanalmente: la luz.

Pero es la sociedad misma, integralmente que se debe interpelar hasta dónde por acción u omisión posibilita los rasgos de indolencia y parálisis.

Por eso la movilización

Así es como se torna fundamental una amplia movilización popular para acompañar el inicio y transcurso de los juicios.

Por eso las audiencias deben ser verdaderamente públicas, para que las voces sean oídas y reconstituyamos esa conciencia colectiva de memoria.

La campaña “Los juzga un tribunal. Los condenamos todos” debe resonar en todos los lugares. Escuelas, Universidades, Sindicatos, Iglesias, Asociaciones de vecinos, empresarios y todo lugar en que se reúnan los ciudadanos.

Tanto costó este comienzo, igual va a costar transitar este camino para una rápida sentencia.

La participación efectiva de la sociedad con sus expresiones impedirá toda dilación y más mora.

Hay hechos lacerantes

Se tuvieron que vivir y vivimos hechos que muestran que no se exagera.

Toda la operación del caso Patti –luego de la desaparición de Julio López- y su participación en elecciones, es un mensaje mafioso diciendo aquí estamos, presentes, vivitos y coleando, y encima aspirando apoyo en votos.

Mientras la Justicia sigue empantanada en sus vericuetos y encerronas y no sustancia los juicios

tuvo que salir tardíamente la Cámara Nacional Electoral a fijar el límite y exigir al Poder Legislativo dicte una Ley que inhiba a los procesados y acusados a reciclarse en estructuras democráticas.

Pero los mensajes mafiosos quedaron flotando en el imaginario colectivo.

Como las resoluciones y dictámenes se refieren al caso concreto, no son norma general de aplicación.

Entonces en Santa Fe vivimos hace unos años el caso Facino, y hoy tenemos sin resolver el caso de Pili Rodríguez, candidato a concejal en la ciudad de San Lorenzo -también fue diputado provincial- pronto a concurrir a elecciones el próximo 27 de septiembre.

Pero claro, como aún el Senado no posibilita promulgar la Ley de Inhabilitación que propusimos, y cuenta con media sanción de Diputados, estos mensajes se sucederán.

Son hechos paralelos de una realidad que es un laberinto.

Por un lado se estará en audiencias públicas de las dos principales ciudades, pero la mora de la Justicia en el caso de las causas relativas a la zona San Lorenzo hará que un procesado como partícipe necesario se postule a un cargo legislativo municipal.

El cese de prisión preventiva de Ramón Genaro Díaz Bessone por la Sala II Cámara de Casación Penal, beneficiando al mayor asesino vivo de nuestra zona, al igual que la excarcelación bajo fianza de Lofiego, Marcote y Vergara (la causa Feced) sostiene una jurisprudencia que peligra el mismo estado de Derecho dilatando en el tiempo el procesamiento y la apertura de los juicios producto de su propio “encajonar” trámites.

Mientras… los verdugos se pasearían por las calles.

Así tambaleó el procesamiento del ex Juez Federal Brusa y seis imputados con libertad ordenada al finalizar los máximos términos procesales provocados por la misma corporación que los impidió; freno impuesto recién ahora, hace unos días, con la confirmación de la resolución que eleva a juicio oral el moroso procedimiento.

Y así podemos seguir adelante con hechos, como la complicidad manifiesta de la jueza de la Nación Laura Cosidoy intentando la postergación al infinito de las causas, es decir su no sustanciación iniciando un sin numero de recusaciones, autoimplicándose en amistad manifiesta con los mismos que juzgará.

No prejuzgo. Vea que el Tribunal Federal Nº fijó la fecha de la primer audiencia en la causa Feced para el 9 de febrero del 2010 y esta jueza fue ofrecida por la defensa de los represores Marcote, Vergara y Scortecchini.

A postura de parte, relevo de pruebas.

Sólo una contundente acción de opinión pública, debe exigir la realización de esas audiencias en las fechas fijadas, y como están previstas, con Cozidoy o sin Cozidoy. Y no iniciemos una historia sinfín de recusaciones y excusaciones, que es la verdadera intención de los leguleyos.

Hubo falencias desde el poder político.

La declaración de adhesión a la campaña “Los juzga un tribunal…” por el pronto inicio de los juicios orales, y verdaderamente públicos por parte de la Cámara de Diputados a nuestra propuesta, tuvo un sentido.

Los poderes del ejecutivo provincial, lamentablemente, no estuvieron a la altura de las circunstancias, y nosotros como representantes de la sociedad debíamos dar una señal.

Que las propuestas y reclamos de HIJOS y de los Organismos deben ser tenidas en cuenta.

Como en muchos aspectos ejecutivos, concretos de este gobierno provincial una cosa es la expositiva, la enunciativa, la discursiva, en la cuál estamos todos de acuerdo y otra son los hechos. La ejecución de acciones claras.

Si bien hay una comisión constituida para el apoyo a las instancias de lo operativo en la realización de los Juicios, las respuestas no estuvieron a la altura de las circunstancias. Más aún: se confrontó con Jueces.

Cuando nos perdemos en réplicas, contraindicaciones y justificaciones permanentes, es que no se hizo.

Por lo que dijimos antes de lo entronizado del andamiaje que posibilita la impunidad estructural, es que no podemos dar débiles respuestas a medias, o perdidos en cuestiones burocráticas de dependencias ministeriales.

Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar no hay zonas grises en casos de excepción como el que estamos considerando.

Estamos hablando de los más importantes juicios en la historia, donde el Derecho y las acciones de los hombres están inmersos en la excepción de la hora e impone criterios nuevos, creativos,

Hay una cuestión, diríamos, ideológica que fija prioridades y parámetros que se alejen de las pautas de la burocracia, de la interdependencia de jurisdicciones, de ministerios. Debe primar una visión transformadora que revolucione algunos circuitos.

Sino estamos fritos. Nos gana la visión administrativista en Derechos Humanos.

Cuando Néstor Kirchner en su calidad de comandante en jefe hace sacar los cuadros en el Colegio Militar impone un criterio. Un avance en la aplicación de exigencias simbólicas y determinantes en el imaginario.

Válgame Dios si hubiera hecho un trámite, un expediente…!

Ajustándome a esa visión estoy convencido: hay determinados sectores de la Administración que no entienden nada en el marco del momento que les toca vivir.

Por ejemplo, pese a llevar más de un año, el sistema de protección de testigos no funciona como debiera. Ahora veremos… a último momento se darán explicaciones, pero en el momento y en el lugar preciso las acciones no estuvieron.

Es inexplicable que las audiencias en Rosario se realicen en una sala para 23 asistentes, cuando hubo propuestas adecuadas y negadas por el gobierno provincial y el municipal. Ya lo denunciamos y acompañamos reclamos, pero en realidad nada se hizo para solucionarlo.

En ciudad de Santa Fe no es mejor el panorama. Fue tanta la mora, que ahora, con tal que “la cosa salga” dejemos las cosas como están.

Apuntaré dos aspectos. Uno. El caso de los archivos que nunca tuvieron un método de clasificación y como contrapartida se dividían y desperdigaban en jurisdicciones.

En definitiva, se perdió tiempo, nada se hizo, inutilizados.

Dos. la dimensión de las 40 audiencias testimoniales y mas de 100 testigos no condicen con lo esperable en infraestructura y logística. Hay, concretamente, una ausencia de las áreas específicas en resolver cuestiones que la Justicia ante su excepcionalidad, proveé escasamente.

Sí. Y lo reconozco. Veo con agrado que el jueves 27 se anunció que la Secretaría de Comunicación de la Provincia habilitará un sitio web que transmitirá los juicios. Es un avance respecto de audiencias verdaderamente públicas. No es suficiente.

No hay una política de medios previamente organizada y acordada que democratice tanto la emisión como la recepción y difusión de los juicios y su contenido.

Estamos –quizá- mas preocupados por la propaganda oficial y algunas cuestiones electorales, dónde sí se pone celo, que en una estrategia de política de Derechos Humanos .

Movilización y poder de opinión.

Por eso reiteramos la convocatoria a todas las instancias de la sociedad para asumir un compromiso concreto de movilización efectiva acompañando a los querellantes y testigos en las audiencias que se desarrollen a lo largo de este año.

Y de movilización de opinión que genere concepto, que aquél nunca más sea incorporado de una vez y para siempre en el imaginario colectivo.

Por eso la convocatoria a la ciudadanía a abrazar con calor popular el restañar las heridas que aún no pudimos o no quisimos cerrar.

Que el todo vale, que el todo da igual, que el pasado debe ser enterrado, son incómodas miradas cómplices que apuntan a la impunidad, a lavar de responsabilidad a los asesinos que usaron la estructura del estado para imponer su terrorismo como disciplinador social basamento principal de una planificación económica de despojo.

Que la palabra –largamente silenciada- se desgrane en la escena pública de los juicios y suture memoria, y “ganemos por fin el derecho a olvidar, a convertir ese pasado en verdadero pasado y deje de taladrarnos como presente eterno”. al decir de una querellante.

Los mismos sectores que reclaman ligeramente la pena de muerte o prisión eterna para un menor, proponen con firmeza un velo de perdón a los genocidas; sin ver que ese proceso que convocan olvidar provocó subvertir la escala de valores en la aplicación de la sanción.

Juicio, castigo, cárcel a los genocidas es la sanción y un objetivo aleccionador a la sociedad toda, y sólo será patrimonio de la madurez a la que llegue el pueblo argentino.

Gentileza: Frente cultura

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