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26 de abril de 2009

APORTE SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Segunda Parte)

*Por Lic. Fabián Bicciré


CONCENTRACIÓN Y GRUPOS MEDIÁTICOS

 

La sociedad Argentina padeció a partir de las políticas neoliberales y de ajuste permanente, implementadas en las últimas décadas del siglo XX, un proceso de descomposición y desintegración que cambió el tejido social de nuestro país. La estructura social se modificó sustancialmente, experimentamos una marcada movilidad social descendente con un retroceso exponencial en la distribución del ingreso, lo cuál, desencadenó una pérdida creciente de la cultura del trabajo y la producción, con enormes contingentes poblacionales en situación de extrema pobreza y exclusión. Este paisaje social es una arena ideal para el surgimiento de patologías sociales (adicciones, prostitución, alcoholismo, delincuencia, etc) de las más diversas.

Por otra parte, se produjo una profunda crisis de representación institucional, una evidente carencia de legitimidad del conjunto de la dirigencia política, sindical y empresarial, y una falta de credibilidad en las Instituciones públicas estatales como: el Parlamento, el Poder Judicial, las Organizaciones Empresariales y Sindicales, las Fuerzas Policiales, etc.

También se fue instalando a través de los años una cultura individualista en importantes sectores de la población, con sus consecuencias de pérdida y resquebrajamiento de los lazos de solidaridad ciudadana.

El libre juego de la oferta y la demanda iba a democratizar la sociedad, y a permitir una mejora en la calidad de vida para todos. El mercado era proclamado como el mejor mecanismo para asignar los recursos en la sociedad. El Estado debía limitarse a garantizar la propiedad, la ley y los contratos. Parecía que todo era intercambiable en el mercado, importantes derechos ciudadanos y bienes públicos, comenzaron a considerarse casi exclusivamente, como parte del juego de la oferta y la demanda en el mercado.

Las democracias actuales que se perfeccionan y profundizan, son el resultado de una combinación compleja y, a veces tensa, pero sumamente enriquecedora de múltiples formas de producción, administración y gestión. En estas formas conviven el Estado, lo público no-estatal (organizaciones del denominado tercer sector) y el mercado. Es importante destacar que el tipo de mercado y Estado construido en la Argentina de aquélla época, estuvo muy lejos de potenciar y desarrollar tales combinaciones. Al contrario, generó y consolidó: una fenomenal concentración de la riqueza, una notable incapacidad del Estado para garantizar bienes esenciales como la salud, educación, seguridad y la justicia; y agudizó geométricamente la exclusión y pobreza en más del 50 % de la población.

“En algunos países de Latinoamérica, el Estado se habría vuelto incapaz de proporcionar los bienes públicos puros (defensa, seguridad, justicia, administración) que remiten a los roles constitucionalmente fijados. La prédica y la práctica antiestatista de cierto neoliberalismo habría arrasado incluso con aquéllas funciones que dentro de su imaginario resultan las únicas legítimas”.[2]

La constitución y entramado de este período histórico brevemente analizado, tuvo  su correlato estructural en el sistema mediático y las denominadas industrias culturales.

El mencionado proceso tuvo una clara manifestación en el mundo de las comunicaciones, la cultura y los medios. Cada día se produce una mayor expansión, concentración y centralización de grandes corporaciones transnacionales de la comunicación. De esta manera, tenemos mercados muy concentrados, conformados por un extenso circuito de empresas de medios de comunicación, que tienen entre sí alianzas estratégicas y propiedades cruzadas. Los grandes grupos de multimedios tienden a diversificar sus inversiones en distintos ámbitos: productoras de programas, agencias de noticias y publicidad, estaciones de radio y televisión, televisión satelital y por cable, productoras cinematográficas, diversas publicaciones: diarios, revistas y libros, parques de diversiones, negocios electrónicos, imprentas y servicios financieros.

 

La Propuesta de Ley “Servicios de Comunicación audiovisual” establece contundentes disposiciones para revertir dichas manifestaciones concentradoras. “Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.

El régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia, se establezcan ahora o en el futuro.

Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 38, 39 y concordantes de la presente ley”.[3]

La concentración fenomenal del sistema comunicativo en la Argentina, limita y condiciona profundamente: el Derecho a la Información, a una concepción de la comunicación más plural y participativa, a la libertad de expresión, al pluralismo informativo, a la multiplicidad de las fuentes de información, y a las distintas manifestaciones de las diversidades culturales y sociales del sistema a nivel regional y nacional.

En la tarea de impulsar políticas públicas activas para modificar esta tendencia, los Organismos de Aplicación serán fundamentales:

“-Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea posible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación.

-Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y / o abuso de posición dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con competencia en la materia”.[4]

La implementación del modelo comercial-lucrativo de las comunicaciones en forma casi exclusiva, genera que las corporaciones mediáticas transnacionales traten a las audiencias como clientes-consumidores, no existe para estos grupos concentrados la dimensión ciudadana en el proceso comunicativo. Los productos de los medios son creados para servir exclusivamente a los objetivos del mercado.

Con este sistema y lógica comercial de medios de naturaleza excluyente, tienden a desaparecer del esquema mediático, la mayor parte de los contenidos que apelan al análisis reflexivo y crítico de las noticias complejas, como los comentarios profundos de los asuntos públicos y las discusiones y documentales.

“La primera premisa a considerar radica en el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos humanos sobre la Presencia de Monopolios U Oligopolios en la Comunicación Social y en el Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría Especial, apartado D, conclusiones, las cuáles señalan:

“D. Conclusiones

La Relatoría reitera que la existencia de prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios de comunicación social afecta seriamente la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos de los Estados miembros, y no son compatibles con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática”.[5]

También dichas prácticas concentradoras causan erosiones en las culturas locales (atentan contra las producciones propias, regionales y la diversidad cultural) y en el espacio público democrático. Los medios configuran una realidad basada en la cultura efímera, ligera, frívola, donde la inmediatez y el presente continuo son lo único que importa. Todo este modelo cultural expresado en el entramado mediático, desencadena una cierta apatía y pasividad en los ciudadanos hacia la vida pública, falta de participación en los asuntos públicos, y en el análisis y selección de los representantes de la vida política.

Es decir, todo este proceso cultural y político-ideológico, limita nítidamente el funcionamiento pleno de la democracia.

La comunicación y los bienes culturales no deben reducirse al concepto de meras mercancías intercambiables en el mercado.

La propuesta de Ley del Poder Ejecutivo Nacional de “Servicios de Comunicación Audiovisual” (PSCA), considera a la comunicación y a los productos culturales, como bienes públicos y sociales a los que todos los ciudadanos tienen derecho. Es una propuesta legislativa que está constituida sobre la base de desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios. En todo su planteo se reafirma la importancia para la conformación de un sistema mediático democrático de: la pluralidad de voces, la diversidad sociocultural y la universalización del acceso a los medios. El concepto de “ciudadanía comunicativa” se pone en vigencia, el derecho de todo ser humano de apropiarse y crear bienes culturales, y de participar plenamente en todo el proceso comunicativo.

“La definición de Comunicación Audiovisual está planteada recogiendo las preocupaciones a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC, donde se ha exigido que los servicios históricos de radiodifusión sonora y televisiva, así como la actividad de la televisión a demanda, la definición de la publicidad y productora, por sus características y consecuencias en virtud de las cuáles se las incluye, entre las que se alinean los servicios audiovisuales, se excluyan de la liberalización en el marco de la Ronda de negociación relativa al AGCS. En el mismo orden de ideas, en tanto nuestro país ha ratificado la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales, donde se afirma, en particular, “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como sí solo tuvieran un valor comercial”, dichas circunstancias toman un valor preponderante”.[6]   

 

 * DECANO FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y R.I.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

PRESIDENTE DE LA RED DE CARRERAS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

 DE LA REPÚBLICA ARGENTINA                

   

 Gentileza:  www.peronismocordobes.blogspot.com

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