DIEZ AÑOS DE LA LEY DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA




Según consignó Tiempo Argentino, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección se redujo un 36% entre 2011 y 2014 porque la vulneración de derechos que antes ameritaba su internación en hogares ahora se resuelve fortaleciendo a las familias: ese es uno de los logros más importantes de la Ley de Protección Integral que este lunes cumplirá una década de vigencia.

"Argentina venía de tener enormes institutos de menores con más de 100 chicos cada uno y esa realidad cambió completamente: ahora son hogares más pequeños y solo se llega a separar un niño cuando corre un riesgo real en una familia que ya no es capaz de cuidarlo", aseguró Manuela Thourte, especialista en Protección de Derechos de Unicef.

"La ley establece que la sola escasez o ausencia de recursos materiales (pobreza) no es causa suficiente para separar a un niño de su medio familiar; y entonces ya ninguno ingresa (a una institución) por el solo hecho de ser pobre", explicó a Télam Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Así, los niños, niñas y adolescentes (NNYA) que fueron retirados del cuidado de sus familias o referentes afectivos como medida de protección excepcional y se encuentran al abrigo de una familia de acogimiento o de un hogar convivencial -también llamados "NNYA sin cuidados parentales"- eran 14.417 en 2011 y se redujeron a 9219 en 2014.

No hay datos anteriores a 2011, cuando la ley llevaba seis años de aplicación, lo que hace pensar que la reducción sería más pronunciada si se tomara como punto de partida la fecha de sanción.

Al eliminar los motivos "sociales" (pobreza, muerte o abandono de los padres), la Ley de Protección Integral reservó las medidas de institucionalización solamente para aquellos chicos víctimas de violencia, maltrato y abuso sexual en su medio familiar; y la decisión ya no puede tomarla arbitrariamente un juez sino que le corresponde a organismos administrativos específicos.


Fuente: Infonews

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