Un dictamen favorable a la educación sexual amplia en las escuelas estaba por ser aprobado en comisión, el macrismo propuso convocar a una audiencia pública. Los impulsores del proyecto lo calificaron como una medida “dilatoria”.
La ley 2110 (Caba) obliga y compromete a las escuelas a garantizar que los contenidos de educación sexual integral lleguen a todas las aulas y a todas/os las/los alumnas/os de la Ciudad.
En la Legislatura porteña se discutió sobre educación sexual en las escuelas de la ciudad. El macrista Santiago de Estrada –impulsor del proyecto que, en sintonía con la Iglesia, deja en manos de los padres la definición de los contenidos por enseñar en las aulas–, anunció que logró reunir más de 21 mil firmas en iglesias evangélicas y colegios religiosos para pedir que el tema se debata en una audiencia pública el año próximo. Fue interpretado por el kirchnerismo como una “maniobra dilatoria” para postergar el tratamiento de la ley molesta para la jerarquía católica. Redoblando la apuesta, los legisladores del Frente para la Victoria buscarán en la próxima sesión que la cuestión se defina en una consulta popular el 25 de noviembre. El proyecto que apoyan legisladores kirchneristas y otras fuerzas propone que sea el Estado el que seleccione los contenidos de educación sexual tanto para las escuelas públicas como las privadas y que se dicte desde el preescolar.
El ultramontano legislador del Pro y vicepresidente de la Legislatura porteña Santiago de Estrada.
Estaba previsto que de la Comisión de Educación saliera con dictamen de mayoría el proyecto impulsado por los kirchneristas Diego Kravetz y Ana María Suppa, la exmacrista y ahora radical Florencia Polimeni, Juan Manuel Velasco (ARI) y la independiente María Eugenia Estenssoro. El proyecto iba a quedar en condiciones de ser llevado al recinto. Pero, el vicepresidente de la Legislatura, Santiago de Estrada, reconocido chupacirios, dio a conocer sus planes y la reunión quedó sin quórum y la firma del dictamen se trasladó para el próximo encuentro de la comisión. “Lo de la audiencia pública es una maniobra dilatoria. Quieren que el tema se trate el año próximo: con la entrada de Enrique Olivera, el ARI va a estar más cerca de De Estrada que de Melillo”, sostuvo Kravetz, titular de la bancada kirchnerista. Fernando Melillo, cuya orientación es de centroizquierda, encabeza el bloque del ARI, que apoya el proyecto de Kravetz.
Las diferencias entre los proyectos son irreconciliables –aunque los dos proponen que la educación sexual sea obligatoria–, el más conservador está redactado en consonancia con el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, que llegó a calificar el año pasado a los impulsores de la otra iniciativa de “fascistas”. El texto del kirchnerismo sufrió algunas correcciones respecto al del año anterior. En esa negociación se añadió, entre otros puntos, que cada escuela, “en consulta con la comunidad puede agregar los contenidos relativos a la formación basada en los valores éticos y morales del ideario institucional que considere pertinente”. Las discrepancias entre ambas iniciativas se resumen en los siguientes aspectos:
El arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio atribuyó a la masonería el querer incorporar Eduación Sexual a la currícula escolar.
- ¿Quién define los contenidos básicos de educación sexual a dictar en las aulas? Para Kravetz, el Estado, a través de la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta una serie de temas enumerados en el proyecto que no pueden obviarse: entre otros, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo adolescente, prácticas sexuales responsables, diversidad sexual, discriminación y violencia de género. Para De Estrada, cada colegio en consulta con los padres “titulares de la patria potestad”, determinará qué escucharán los alumnos de acuerdo con las “creencias religiosas de la familia”.
- ¿A partir de qué nivel se debe dictar? Para Kravetz, desde el preescolar. Para De Estrada, a partir de séptimo grado.
- ¿Quién capacitará a los docentes? Para Kravetz, la Secretaría de Educación porteña. Para De Estrada, independientemente de la formación que se brindará oficialmente, cada escuela podrá elegir cuál será la institución que capacite a los maestros.
El llamado a una audiencia pública, se trata de un procedimiento previsto en la Constitución de la CABA, que no es vinculante, pero sí obligatorio para la aprobación, por ejemplo, del Código de Planeamiento Urbano.
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