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14 de septiembre de 2013

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012: LA JUSTICIA ORDENA LA REINCORPORACIÓN DE LOS DOCENTES SEPARADOS DE SUS CARGOS POR PARODIAR AL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO MAURICIO MACRI

*Por Prof. Daniel Chiarenza

Los "caras de intelectuales" de Macri y Bullrich, pretendieron sancionar a directivos, docentes, padres, alumnos y hasta al portero de una escuela de Monte Castro (se salvó un loro que pasaba en ese momento por allí, porque no fue bien captado por la cámara alcahueta), porque aparentemente en una teatralización que hicieron,
se sintieron involucrados.

“Es por demás alarmante desde el punto de vista de la democracia que esto esté ocurriendo”, dijo la jueza Elena Liberatori al enterarse la forma en que fueron interrogados y luego sancionados los seis maestros y el portero de la escuela de Monte Castro (CABA). La misma le ordenó al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que reincorpore a los sumariados en este pueril episodio.

Jueza Elena Liberatori, al fin una persona con sentido común y principios éticos en la Justicia porteña.

Los otros maestros dijeron que la medida tomada por las autoridades porteñas se presentó como un “presumario”, sin informarles de qué los acusaban ni de su derecho a un abogado o a no declarar en su contra. Los docentes describieron que los interrogatorios se dieron en un clima de intimidación sobre su futuro laboral. En el fallo la magistrada analizó la resolución que dictó Bullrich, donde se encontró con “la falta de una fundamentación adecuada, plagada de adjetivos para centrar la cuestión en una gravedad que aún está por verse, dado que aún no se ha realizado el sumario”. Su Señoría no dejó de resaltar “el método ilegal” de los interrogatorios en el ministerio. En este día los docentes darían una conferencia de prensa y reingresarían a la escuela.

Retornan llenos de felicidad a la escuela de Monte Castro los docentes discrecionalmente separados de sus cargos por el ministro macrista Bullrich. 

El 20 de marzo de 2012, en pleno conflicto docente por el cierre de cursos que impulsaba la gestión PRO, se hizo una dramatización en la escuela de Monte Castro en la que representaron a Bullrich y a Mauricio Macri. Un video filmado por un padre llegó al Ministerio de Educación local y luego arribó a los noticieros en una forma que ningún funcionario macrista explicó. Con el argumento de la gravedad en que se difundieran los hechos, Bullrich dictó una resolución en la que separó a la directora, la vicedirectora y la secretaria de la escuela por “haber participado de algún modo” en la actividad. O haberse negado a delatar –esto de las delaciones es recurrente en Bullrich, él, de niño, y de joven debe haber sido un “flor de buchón”, según el análisis psicoanalítico- a los participantes. También separó a dos maestras, al bibliotecario y al portero por faltar a “la moral y las buenas costumbres”. Dos gremios docentes hicieron un paro de 24 horas y diversos actos, pero Bullrich no dio marcha atrás y no recibió a los docentes.

Los afectados por la medida relataron el domingo pasado cómo los interrogaron en el Ministerio de Educación, al mejor estilo “procesual”: “acá se dice la verdad”, “usted se va cuando yo diga”, “por no dar nombres, va a tener consecuencias”, “dígame si eran masculinos o femeninos”, “si se tiene que quedar diez horas, se va a quedar”, son algunas de las frases que los docentes recordaron de sus interrogadores, los abogados del ministerio Claudia Escribal y Juan Manuel Arretino, llenos de satisfacción porque en su “juego de roles” estaban parados en pleno 1976/77.

Tras la aparente "dulzura de mirada de padre" del Dr. Juan Manuel Arretino, se esconde un inquisidor digno de los tiempos de Torquemada.


El titular de una de las CTA, Hugo Yasky, presentó un pedido de amparo, patrocinado por el defensor general Mario Kestelboim y el defensor adjunto Andrés Gallardo. Le pidió a la jueza que suspenda la resolución por la que Bullrich reubicó a los seis docentes en forma preventiva hasta que se resuelva el sumario. En el escrito, advirtieron la contradicción de la medida de Bullrich, que inició un sumario para investigar lo ocurrido y, a la vez, separó a los docentes. Entre la “prueba” recolectada por los macristas, el pedido de amparo menciona la “declaración de los propios imputados en un estado ‘presumarial’ lo que, según se les dijo, les imponía la obligación de declarar en su contra”. También advirtieron que no se les permitió ofrecer otra prueba en su defensa y que no se tuvo en cuenta las autorizaciones por escrito de los padres para que sus hijos participaran de la dramatización.

La jueza Liberatori hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que sostenía que "el comportamiento de las autoridades educativas de la ciudad de Buenos Aires, a través de prácticas persecutorias que buscan el disciplinamiento por miedo, genera un enorme daño no solo para la propia educación pública sino también respecto de los gremios que actúan en su defensa, de los propios docentes y de los padres y alumnos que concurren a educarse".


A partir de la lectura de la resolución de Bullrich, indicaron que “carece de elemental sustento más que de afirmaciones desprovistas de prueba y análisis técnico básico y plagadas de subjetividades inconducentes”. Entre ellas, señalaron: - “Toda la imputación se construye en base a un video que no puede verse ni oírse bien, en el que no se distinguen con claridad quiénes son los participantes, ni se sabe si fue editado, adulterado o recortado”. - “Se les tomó declaración a los imputados sin que estuviera un abogado y en una situación de amenaza y amedrentamiento” sobre su trabajo. - Advirtieron que a Bullrich, quien toma la decisión, es a quien –en su perspectiva– “ridiculizan” en la teatralización. “Tal vez hubiera resultado más decoroso que el ministro se abstuviera de intervenir.” - En ningún lugar de la resolución se detalla qué fue lo “contrario a la moral y buenas costumbres”. La resolución no hace “un análisis de hechos y derecho”, sino que se deshace en “una serie de afirmaciones dogmáticas, abstractas, que no refieren a prueba alguna”. - “A lo largo de toda la argumentación no se hace referencia a la afectación de la educación o al modo en que el comportamiento de los docentes podría entorpecer el proceso educativo de los niños, ni se da cuenta del consentimiento de los padres” en la teatralización. - También argumentan que no se entiende, si el hecho era tan grave, cómo los dejaron en los cargos entre marzo –cuando hicieron la protesta– y agosto, por cuatro meses. “En contrario sensu, si el hecho de que pudieran permanecer en su cargo todo ese tiempo no afectó el proceso de aprendizaje de los niños, no se advierte cuál es el impedimento para que continúen en sus cargos (...) Parece más bien una medida infundada que expresa sólo un fuerte desacuerdo ideológico”.

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