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4 de septiembre de 2013

1 DE SEPTIEMBRE DE 1957: EL DR. OSCAR ALENDE LE NIEGA VALIDEZ A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE SANTA FE.


*Por Prof. Daniel Chiarenza

Las elecciones para convencionales de julio de 1957, han constituido una manifestación de repudio popular hacia los “fusiladores”. El elevado número de abstenciones, así como la magnitud del voto en blanco, significan un triunfo para el peronismo, a pesar de cierta natural dispersión de su electorado. Tampoco se duda que buena parte de los sufragios obtenidos por los “intransigentes” corresponden a votantes justicialistas.


El partido que cuenta con el beneplácito oficialista –la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)- obtuvo la primera minoría en cantidad de votos, sólo superada por el voto en blanco. Es evidente que, con el radicalismo dividido, Perón se convertirá en árbitro de las próximas elecciones generales, aún no convocadas.

Por otra parte, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) viene impugnando la convención constituyente, no obstante haber participado en los comicios. El gobierno de facto –empeñado en mantener la imagen de una falsa legalidad- persiste en su obstinación: la convención se reuniría en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.

El sistema proporcional utilizado en la elección, ha otorgado al radicalismo intransigente primacía en la convención: cuenta 77 escaños contra 75 del radicalismo del pueblo. El socialismo ha obtenido doce, ocho la democracia cristiana, siete el partido demócrata y cinco la democracia progresista. Figuran entre los electos notorias personalidades políticas: Juan Carlos Pugliese, Jorge Walter Perkins, Arturo Mathov y Mariano Roberto por la UCRP; Alfredo Palacios, Nicolás Repetto y Américo Ghioldi por el socialismo (aún no dividido); Adolfo Vicchi, Emilio Hardoy y Reynaldo Pastor por los conservadores; Horacio Thedy y Luciano Molinas por la democracia progresista.

Pero a nadie se le oculta que la convención está viciada por sus orígenes. El bloque de la UCRI –el más numeroso- se muestra dispuesto a ser consecuente con la actitud crítica asumida por el partido, retirándose de las deliberaciones. Así lo ha resuelto en una reunión en la que ha designado al doctor Oscar Alende como presidente de la bancada.

Desde Buenos Aires, Frondizi se muestra dudoso. A último momento llega a Santa Fe, López Serrot, delegado metropolitano, portador de una orden del jefe del partido para que sus representantes participen en la convención. Pero el bloque ya ha discutido y decidido la actitud a adoptar: así se lo hace saber Alende al recién llegado, previa consulta con los demás convencionales.

El 28 de agosto de 1957 acudieron al paraninfo de la Universidad santafesina. Por ser el grupo mayoritario se les había asignado el Salón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y entre esas vetustas paredes los intransigentes redondearon su plan de acción: no reconocerían su calidad de convencionales, no cobrarían las dietas asignadas, no ocuparían las instalaciones especialmente reservadas para ellos por el gobierno, de su propio bolsillo harían efectivo el pago de los hospedajes.

Luego, el bloque de la UCRI va al recinto y Alende pide la palabra a Nicolás Repetto –que preside la reunión inaugural-: anuncia que los representantes de la UCRI se encuentran allí a título de “ciudadanos argentinos” e impugna con severas palabras las facultades de la convención, convocada por un gobierno ilegítimo. En medio de una barahúnda de gritos y protestas del resto de los partidos, el bloque intransigente abandona el recinto.Es un duro golpe para la convención y para el gobierno producto del cuartelazo que la ha convocado. Ya no existe siquiera una ficción de legitimidad. Se llevará a cabo, no obstante, una treintena de reuniones (las últimas sin quórum, a causa del retiro de los radicales sabattinistas). Se declarará la vigencia de la Constitución de 1853, con sus reformas de 1860, 1866 y 1898 (eliminándose la de 1949) y se incorporará el artículo conocido como “14 bis”. También se incluirán los códigos de minería y de trabajo y seguridad social entre los que el Congreso está facultado para sancionar.
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