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2 de septiembre de 2012

EN TORNO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL



*Por Alberto Lettieri

El debate sobre una eventual reforma constitucional que habite una nueva reelección presidencial se ha instalado en la opinión pública.
Por si algo faltaba para agitar los fantasmas de la oposición, la encuesta realizada por Ricardo Rouvier constató una intención de voto superior al 50% para Cristina Fernandez de Kirchner, con una diferencia de mas de 30 % respecto de su inmediato perseguidor, Mauricio Macri.

Desarticulada, carente de propuestas e incapaz de seducir a la sociedad, la oposición se dispone a cerrar filas para resistir la reforma constitucional. El titular de la UCR, Mario Barletta, desde la autoridad moral un tanto emparchada que le brinda el 5,9% de intención de sufragio de su candidato mejor posicionado, Ricardito Alfonsín, destacó el respaldo del socialismo, la Coalición Cívica y Libres del Sur, y la opinión favorable del Pro y de Patricia Bullrich a su propuesta: “No debemos cejar ningún esfuerzo para evitar cualquier aventura reeleccionista.”    

Llamativamente, fuerzas políticas que expresan intereses minoritarios y escaso respaldo popular adoptan un discurso institucionalista para sostener el status quo constitucional, pretendiendo asociar ese inmovilismo con una supuesta defensa de la democracia y de la republica. ¿De que pretenden defenderlas? ¿Del autoritarismo al que ha sido tan afectas en el pasado? Nada de eso! El peligro no es otro que ejercicio sin limitaciones de la soberanía popular, que expresa mayoritariamente su respaldo a la continuidad presidencial.

“¡Miente, miente, que algo quedara!”

Una extensa literatura permite afirmar que, para resultar efectivas, las constituciones deben expresar la relación de fuerzas sociales, los proyectos y las expectativas predominantes en una sociedad en un momento determinado. Por esa razón, en la medida en que las condiciones de producción se modifiquen drásticamente, resulta necesario reformularlas para sintetizar ese nuevo consenso, ya que resulta absurda la pretensión de proveer al bienestar general presente aplicando principios y normativa consagrados por un consenso social pretérito. Habida cuenta del nuevo modelo de sociedad que los argentinos hemos ido construyendo a partir del año 2003, resulta lógico propiciar una adecuación constitucional que incluya sus fundamentos y normativa, y no se limite exclusivamente a la reelección presidencial.

Naturalmente, un proyecto de estas características provoca el pánico entre quienes reconocen en la vieja constitución inspirada en Las Bases, y sus posteriores emparches, el marco legal apropiado para el modelo social excluyente, dependiente y autoritario de su preferencia. Por  eso recurren al popular consejo de apelar a la mentira sistemática, formulado por Gaspar de Jovellanos a fines del Siglo XVIII, para tratar de  instalar juicios erróneos en la opinión publica, presentándose como adalides de una democracia a la que en realidad desprecian.

La nave del Estado nacional y popular avanza incontenible en la Argentina actual, conducida a por su capitana con mano firme y segura, recogiendo un mayoritario respaldo popular. Frente a esta realidad evidente, la estrategia “institucionalista” adoptada por la oposición, tratando de identificar su negativa a la reforma con una supuesta vocación democrática, resulta endeble y sin mayor sustento. La oposición a un cambio respaldado por más de la mitad del pueblo argentino en las urnas expresa por el contrario una consecuente vocación autoritaria, que apunta a mantener los valores y criterios de un orden pretérito y excluyente, haciendo caso omiso de las mayorías. Esta negativa expresa, ante todo, su disposición a aferrarse como tabla de salvación a una norma que reconoce las marcas de la notoria desigualdad imperante al momento de su redacción original, en 1853, y modificada en 1994, en la década de la “pizza con champagne” que tantos sufrimientos y daños causó a nuestra patria.


*Historiador
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