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8 de julio de 2012

MANIPULANDO EL DOLOR


*Por Alberto Lettieri


A falta de votos y de proyecto político propio, la oposición ha encontrado desde hace tiempo un argumento óptimo para su predica conspirativa y destitúyete: la inseguridad. 

Cotidianamente, las pantallas de TN y Canal 13, las radios multimedia ticas, Clarín, La Nación, La Razón, y sus centenares de versiones locales y provinciales dispersas a lo largo de la geografía nacional, privilegian de manera excluyente este argumento para tratar de descalificar al partido gobernante, denunciando complicidades y desatenciones con un mismo objetivo final: la remoción de las autoridades designadas por el sufragio popular.

Los medios, naturalmente, pasan por alto que la multiplicación de la violencia no es un fenómeno propio de nuestro país –en realidad contamos con uno de los índices mas bajos de America-, sino de un capitalismo voraz, exacerbado aquí en los años 90, cuando los mismos medios que hoy denuncian eran entonces beneficiarios y voceros del proyecto privatizador y librecambista que destruyo el empleo y las normas básicas de convivencia en nuestro país. Antes de eso, la dictadura cívico-militar y la falta de una política de desarrollo económico coherente durante los años del alfonsinismo, crearon las condiciones ideales para la ruptura del lazo social y el retorno a un moderno estado de naturaleza hobbesiano.

Hace algunos años, el drama de Cromagnon se llevo consigo en la CABA a Aníbal Ibarra. Ibarra no estaba procesado, sin embargo, la manipulación política de los medios y la operación política del PRO, posibilito su destitución. Por el contrario, el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, registra múltiples procesamientos judiciales por motivos diversos y, pese a que esto lo coloca en situación de separación de su cargo según la Constitución porteña, cuenta con el paraguas protector de Clarín y sus acólitos, beneficiarios directos de sus licencias, tercerizaciones y pautas oficiales.

El domingo pasado, Cañuelas se ha teñido de luto por dos crímenes cometidos en un supermercado local. El móvil de la venganza, prima facie asignado por el fiscal de turno, parece resultar bastante adecuado según las pruebas disponibles. El supuesto victimario habría cumplido una condena judicial, razón por la cual no habría motivo para mantenerlo en la cárcel. La intendenta de la localidad no tiene ninguna clase de responsabilidad institucional sobre el caso, y tal vez para los partidarios de la mano dura esto podría haberse resuelto con leyes más dura, mayor presencia uniformada o una policía “brava”. Sin embargo, los medios nacionales y locales nos han bombardeado desde entonces, como tema de agenda excluyente, exigiendo la destitución de la funcionaria, la reforma del código penal, denunciando complicidades policiales y judiciales, etc., montándose en la situación de pavor colectivo que esos mismos medios consiguen instalar tan hábilmente, aprovechando la ingenuidad y el deseo de protección inmediata de los ciudadanos. 

Naturalmente, los partidos de oposición, tan incapaces al momento de seducir al electorado con propuestas o gestiones concretas, aprovechan el dolor ajeno y la natural sensibilidad de los habitantes para conseguir a través de su manipulación aquello que los votos reiteradamente les niegan.

A esos multimedia “independientes” y a esos partidos de oposición, cabe recordarles ha llegado hace tiempo a nuestro país el Estado de Derecho. Que las acciones públicas son juzgadas por la justicia o por los votos populares, y no por el interés de empresarios periodísticos o dirigentes opositores anquilosados en el tiempo. Si el accionar policial o judicial merece objeciones o sanciones, allí esta la Justicia para determinarlo. Asignarle a la Intendenta competencia judicial o policial, implica la confirmación del escaso conocimiento de los códigos y normas por parte de la población, y de la nula voluntad de tenerlos en cuenta por parte de los manipuladores de la opinión publica, en la medida en que se oponen a sus inconfesables y egoístas intereses.
La solución no es destitución, mano dura, ni similares, sino consolidación institucional, funcionamiento estricto de los resortes judiciales, más educación, más compromiso ciudadano. Rodear a la intendente en la búsqueda de una solución, en lugar de exigir su destitución seria una elemental estrategia republicana y democrática, algo que difícilmente propondrán los cómplices de las dictaduras cívico-militares y co responsables del saqueo de nuestro país en antes del 2003.


*Historiador
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