El Bloque de diputados provinciales del Movimiento Evita, que integran los legisladores Gerardo Rico y Eduardo Toniolli, sostiene y defenderá la postura que ya adelantara en los inicios de la discusión sobre la mal llamada reforma tributaria: "Actuaremos con responsabilidad institucional y justicia social, exigiendo participación activa del Estado sin distorsión de la carga tributaria".
El mensaje del Ejecutivo en una ostentosa “reforma tributaria” esconde a todas luces un criterio de aumento masivo de la carga impositiva sin conservar esa equidad tributaria, que nosotros como Bloque exigimos.
Tanto sostener “no aumentar ningún impuesto” como esta “reforma” que es una carga desproporcionada y masiva, ambos conceptos en su distorsión benefician a los grandes grupos económicos, cayendo sobre las espaldas de los pequeños emprendimientos, trabajadores y sectores más humildes.
Sostenemos el concepto solidario del tributo en el marco del pacto social que organiza la comunidad, en un equilibrio en el que los sectores más beneficiados en el juego de la economía aporten proporcionalmente para el sostenimiento del andamiaje social.
Exigimos equidad tributaria donde la política –como expresión de la defensa de la sociedad- debe regir a la economía. No cediendo a las presiones de las corporaciones, que es un volver al pasado.
Hoy, sin ir más lejos, estamos viviendo presiones destituyentes de mercado. Y como una reedición de aquellos negros días de 2008, las patronales agrarias amenazan a la sociedad toda, y vuelven los agentes del pasado a defender sólo sus excedentes.
En la Legislatura santafesina, detrás de un amañado “consenso”, sólo se recibe a las patronales agrarias, cambiando posturas aún oficialistas. Consensuar no es ceder. Nosotros lo haremos con responsabilidad institucional y justicia social, como ya lo han expresado los compañeros de la FESTRAM.
“Cuando no se legisla explícitamente a favor del mas débil, queda legislado a favor de los poderosos”
El Bloque del MOVIMIENTO EVITA en el FRENTE PARA LA VICTORIA, sostiene y defenderá la postura que ya adelantara en los inicios de la discusión hace varios meses. En primer lugar cuestionamos la política de recaudación que se viene operando desde 2007 a la fecha. Fue errática, ineficiente y creadora sólo de estructuras onerosas que no condicen con una efectiva recaudación; lo que hoy se quiere salvar con un aumento masivo de impuestos.
Respecto de los principales puntos que llevaremos adelante, sin ceder ante ninguna negociación, se encuentran:
El aumento del impuesto inmobiliario urbano debe ceñirse esta vez a una categoría de propiedades que tengan en cuenta la valoración fiscal respecto de los valores de mercado. Las propiedades suntuarias o las urbanizaciones cerradas deben esta vez y en base a esos valores efectuar el aporte correspondiente.
No permitiremos un aumento de irracionalidad tributaria cargando nuevamente con emisiones extras al inmobiliario urbano masivo y que afecte a las viviendas familiares.
Sostenemos el revalúo actualizado del inmobiliario rural, tomando como base el valor de referencia determinado por catastro en las operaciones de compraventa.
(Según el censo agropecuario de 2008, en la provincia de Santa Fe hay una superficie de 11.975.811 de hectáreas rurales. Los números oficiales indican que en 2011 se recaudó –en concepto de inmobiliario rural– alrededor de 159.000.000 de pesos, lo que da una recaudación anual promedio de 13,28 pesos por hectárea, es decir una recaudación mensual promedio de 1,11 pesos por hectárea. Por lo que si no se sincera el avalúo, con un aumento del 300 por ciento del inmobiliario rural sólo se pasaría a abonar un promedio de 3,33 pesos por hectárea).
Insistimos en promocionar la producción y garantizar la soberanía alimentaria desgravando, por ejemplo, a los pequeños horticultores de los cinturones verdes de los grandes aglomerados provinciales.
Esa misma progresividad se debe respetar en un eventual incremento del impuesto a los ingresos brutos de las grandes empresas, en particular a las cerealeras del cordón industrial que va de Timbúes a Puerto San Martín; por lo que proponemos gravar con un 0,5% las actividades del complejo oleaginoso, principalmente exportadoras (gravando con sólo un 0,5 por ciento dichos ingreso, durante 2011 se habrían recaudado aproximadamente 191 millones de pesos, la mitad de lo que el gobierno pretende obtener con un brutal aumento del inmobiliario urbano).
Como medida de protección a la producción local, propondremos gravar las compras de otras provincias de productos primarios locales que se industrializan en aquellas. Dicha protección se sostiene en todas las provincias vecinas, excepto en Santa Fe.
(Por ejemplo el ganado en pie del norte se procesa en frigoríficos del noroeste. Los granos para alimentos balanceados, salen para su manufactura en provincias vecinas).
Sabemos que las arcas de la Provincia quedaron vacías y que es necesario que se implementen medidas para sanear esa situación que nos afecta a todos los santafesinos. Pero las medidas que propone el Ejecutivo no son de transformación ni mucho menos. Apuntan al bienestar de las grandes corporaciones en detrimento del bolsillo de los trabajadores. Las medidas deben inducir equidad al sistema y lograr que paguen más los que mayores ingresos perciben y que en el destino de los fondos adicionales que se recauden se priorice la inversión social y en obra pública.
La discusión sobre la reforma fiscal no puede separarse del debate en torno a cómo se invierten los recursos en esta Provincia. Los gastos de consumo crecieron en estos últimos cuatro años un 65%, la inversión en desarrollo social sólo un 22% en el 2011, muy por debajo del gasto medio que subió un 44%. La participación de la inversión en maquinaria y construcciones sobre el total del gasto descendió un 20%. Queda claro cuáles fueron las prioridades de la gestión de Hermes Binner.
Es simple, para financiar el Estado hay dos formas conocidas: o pagan lo que corresponde los que más ganan, o pagan de más los asalariados. Nosotros sabemos cuál es la que mayores beneficios le brindará a los santafesinos. Ahora resta saber si el Ejecutivo piensa de la misma manera.
Bloque Movimiento Evita FPV
Diputado Prov. Gerardo Rico -Presidente-
Diputado Prov. Eduardo Toniolli
Gentileza de: Horacio Baster
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