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13 de diciembre de 2010

SEPARAR ESTOS HECHOS DE LOS SUCESIVOS VATICINIOS DE DUHALDE SERÍA UN GRAVE PECADO DE INGENUIDAD


(*)  Por CARLOS RAIMUNDI
 Nuevo Encuentro

    Tras los comicios de junio de 2009, la oposición más recalcitrante, enrolada en el Grupo A con el cual colaboraron algunos legisladores titulados de centroizquierda, había prometido ejercer una suerte de gobierno parlamentario paralelo de alta calidad institucional que repararía los supuestos excesos del oficialismo. Lo cierto es que no consiguieron unidad ni eficacia, y todo quedó reducido a poner en evidencia las profundas grietas internas que la inhabilitan para gobernar, y su consecuente inoperancia, hasta estallar en la ridícula escena final de la impotencia, mediante la agresión física a un diputado.    El segundo camino que intentaron fue el de los golpes de mercado. El primero de este año fue la saga del Banco Central, que paralizó durante tres meses una estrategia correcta, tanto que, de hecho, luego de los pagos efectuados el Banco acumula más reservas que antes del episodio. El segundo intento fue el cinismo con que abordaron un tema tan sensible como la expectativa de los jubilados, exigiendo un desembolso sideral del Estado, al que, paralelamente, le escatimaban recursos oponiéndose a la recuperación del ANSES y procurando eliminar retenciones. El tercero y último, hasta ahora, fue sabotear un presupuesto, que, no obstante merecer críticas y mejoras importantes, se encuadra en un marco de crecimiento, desendeudamiento y superávit que no puede desconocerse. Todo esto con la agitación de la inflación como telón de fondo, desde una intención reducida al alarmismo, sin la más mínima apelación propositiva a una acción conjunta entre Estado y Sociedad.    Agotadas estas vías deplorables para derrotar a la Presidenta y resituar a las corporaciones en el centro del poder, pero sin incursionar hasta el momento en violencia efectiva, y en la medida en que crece la figura presidencial y se acercan los comicios, deciden echar mano a la estrategia del enrarecimiento del clima público, funcional a la última apelación de Duhalde en Harvard, donde planteó que el valor supremo que el país necesita es "el orden". Esta vez no podemos, como ya nos sucediera, tardar varios años en darnos cuenta cuánto de orquestado encierran estos hechos de desestabilización, que exacerban "el desorden", para justificar luego "el orden", cuyas consecuencias también conocemos.    No me refiero a que sucesos como los de estos días estén meticulosamente planificados desde un único centro de decisión que los activa con sólo pulsar un botón rojo. De lo que se trata es la puesta en marcha de toda una cadena de contactos y afinidades político-ideológico-metodológicas, que, si bien ya no están en aptitud de controlar todos los resortes del Estado, manejan algunos dispositivos capaces, por ejemplo, de liberar una zona de conflicto u organizar una revuelta. Si uno les preguntara por distintos aspectos de la realidad, todos compartirían una cosmovisión de mucha disconformidad con el actual momento del país y la región, a la que podríamos englobar en otra reciente afirmación de Duhalde, "dar un lugar a los que quieren a Videla".          Por eso, pensar que nada tienen que ver los últimos sucesos con aquella advertencia del ex presidente, a cuyo lado estaba Graciela Camaño, "les aseguro que se retiran, ya sea por knock out o por abandono, cré-an-me-lo", sería, cuanto menos, un serio pecado de ingenuidad.    Ahora bien, ¿cómo neutralizar la situación? Está claro que ni la muerte de Mariano Ferreyra, ni la represión de la comunidad Qom en "La Primavera" ni los hechos de Villa Soldatti implican al gobierno nacional. Está claro, y es plausible, la decisión de no reprimir la protesta social. Son, asimismo, elogiables determinadas medidas de inclusión, como la política migratoria llevada a cabo en el marco del Mercosur. Pero, llegado el momento de enfrentar estos resortes más desmesurados e inescrupulosos del poder, a ello debe sumarse la profundización de las políticas concretas en áreas clave como la política de tierras y vivienda social, así como la desarticulación efectiva de aquellos nichos autoritarios aún enquistados en las fuerzas de seguridad.         Debemos ser conscientes de que este proceso no va a aminorar, sino que intentarán agravarlo y diseminarlo territorialmente, con un desparpajo absoluto y sin límites éticos, a medida que se aproximen los comicios. Sería infructuoso combatirlo foco por foco. Me inclino, en cambio, por una profunda acción pedagógica de despliegue de todas las herramientas que provee el Estado para emplear a fondo la dimensión docente de la política, denunciando y esclareciendo acerca de cómo operan estos factores de desestabilización. Y, fundamentalmente, profundizando la agenda de inclusión. No hay que esperar a que ocurran hechos-límite para efectivizar trabajadores precarios, o para reconocer el derecho a la tierra y la vivienda. Por eso Evita es inexpugnable, porque donde había una necesidad ponía un derecho.

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