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25 de abril de 2010

EN EL AÑO DEL BICENTENARIO: ¿FEDERALES ó UNITARIOS?

  
(*) Gerardo Milman

Una de las cuestiones que ha signado nuestros primeros 200 años de historia ha sido el debate sobre la recaudación y el reparto de impuestos. Esta cuestión continúa teniendo una enorme vigencia y los conflictos se manifiestan mediante la tensión generada entre quienes recaudan y quienes distribuyen. En efecto, los enfrentamientos entre las provincias y el gobierno “federal” marcaron siempre el pulso político del país
Tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han reclamado históricamente la necesidad de que se haga efectivo el concepto de correspondencia fiscal. ¿Qué significa esto? Que se distribuya proporcionalmente con mayor equidad; que cada jurisdicción cuente con los fondos adecuados no sólo acorde a su capacidad de recaudación sino también a sus necesidades.
Como es sabido, la coparticipación actual de impuestos no respeta el principio de correspondencia fiscal. Esto determina que varias provincias estén al borde de la quiebra al no poder sufragar sus gastos y, menos aún, realizar inversiones.
Este debate histórico puede ser interpretado tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo; es decir, puede analizarse tanto desde los padecimientos provinciales y el de sus ciudadanos como desde la lógica concentradora del gobierno nacional.
Pero lo que nadie puede soslayar son los datos objetivos. Desde la sanción de la ley 23.548, de Coparticipación Federal (1988), el sistema creado tuvo diferentes modificaciones y las provincias se vieron compelidas a firmar “Pactos” por los que se hicieron cargo de la prestación de servicios sin recibir fondos para solventarlos.
A casi tres décadas del regreso a la democracia aún no hemos podido hacer que la realidad concuerde con la letra de nuestra Constitución Nacional que dice que somos un país federal. Uno tras otro, los gobiernos nacionales han venido administrando al país en atención a criterios discrecionales, centralistas, unitarios.
Esto no constituye novedad para los intendentes y gobernadores que para lograr que empiecen las clases, pagar sueldos, atender a las cuestiones de salud o dar la batalla fundamental contra el hambre y la desnutrición, vienen padeciendo situaciones de sumisión. Pero el precio real no lo pagan ellos sino los ciudadanos.
Desde que comenzó el año, el Congreso intenta debatir sobre la posibilidad o no de utilizar las reservas del Banco Central de la República Argentina para “honrar la deuda” con acreedores internacionales y, mientras tanto, poco hacemos para encontrarle una solución a las carencias de nuestras provincias.
En el gráfico que se encuentra más abajo se refleja la imagen objetiva de lo que sucede en materia de distribución de impuestos a las jurisdicciones. (Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Economia de la Nación).
Durante los últimos ocho años la Nación se quedo con más del 70% de la recaudación total contradiciendo, en los hechos, lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 23.548 que le aseguró a las provincias la percepción del 34%.
En este contexto, es necesario recordar lo que dice nuestra Constitución sobre la distribución de la recaudación: “…La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional…” (artículo 75, inc. 2).
Hoy, lamentablemente, nadie en su sano juicio puede afirmar que se estén aplicando estos criterios de reparto. Y somos los legisladores quienes tenemos la responsabilidad de hacer que se cumplan.
Si primara lo estatuido constitucionalmente junto al criterio de correspondencia fiscal, las provincias y los municipios recibirían lo que les corresponde, los gobernantes harían su trabajo con menores condicionamientos y los ciudadanos serán, en definitiva, quienes los evalúen premiándolos o castigándolos libremente con su voto.

FUENTE :
http://www.prensamarplatense.blogspot.com/

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