*Por Sudestada
Siempre es complejo manejarse con la agenda de otros, más aún cuando los temas son instalados por personajes con nulos antecedentes en la defensa de los intereses de los trabajadores. Por el contrario, muchos de ellos fueron responsables de votar a mano alzada las leyes de flexibilidad laboral, respaldar la extensión de las licencias de los grandes monopolios de prensa -que hoy dicen intentar limitar- o aplaudir de pie el pago por adelantado de la deuda al FMI, entre otras aberraciones de no hace mucho tiempo atrás.
Pero esta vez, el tratamiento del proyecto de ley de Comunicación Audiovisual ha generado un debate que resulta imposible soslayar. Por eso, vale señalar que cualquier proyecto que reemplace una ley anacrónica, producto de una dictadura militar, es un paso adelante, más allá de las discusiones técnicas y políticas que, de todos modos, son válidas proponer. Una vez más, es vergonzoso el papel que han asumido no ya los grandes monopolios de la prensa, con Clarín a la cabeza, sino más bien algunos de sus empleados reconocidos (para evitar denominarlos “periodistas”), que se han condenado al basurero de la historia por su papel genuflexo y lamebotas ante sus patrones. Nunca ha quedado tan claro como ahora la manera en que los sicarios con micrófono defienden con ímpetu sospechoso las ganancias de sus jefes. Para muchos, que recién ahora parecen descubrir el papel cómplice de Clarín durante la dictadura, que nunca habían pronunciado una sola palabra contra los métodos de este multimedia, que al parecer no vivían en el país el 26 de junio de 2002, cuando el mismo matutino responsabilizó a “la crisis” por el asesinato de dos manifestantes (por dar un mínimo ejemplo), hoy se disfrazan de abanderados de una lucha que siempre observaron con indiferencia o desde una saludable distancia.
También es vital apuntar que estos mismos personajes que hoy emergen en la escena política, en particular aquellos ligados a la gestión de gobierno, son los que desde hace décadas controlan el aparato político y son funcionales a esa dinámica clientelar y caudillista que se multiplica en cada provincia, que manejan la caja política y la policial como sostén de su estructura “militante” y que nunca han propuesto una solución concreta a problemas centrales de los sectores postergados. ¿Acaso no es válido preguntarse dónde estaba el Estado y sus funcionarios cuando la policía reprimía a los trabajadores despedidos de la fábrica Kraft-Terrabusi? ¿Dónde estaban esas madrugadas en que las fuerzas de seguridad arremetían contra cientos de familias instaladas en terrenos ociosos en la zona sur del Conurbano? ¿En qué despacho se ocultan para no avanzar un paso en la investigación de dos casos emblemáticos (pero no los únicos) de desaparecidos en democracia, como Julio López y Luciano Arruga, con denuncias de encubrimiento y sospechas de una trama política por detrás? ¿En qué cajón duermen los proyectos concretos para generar trabajo en un país en el que mueren 8 chicos por día a causa de enfermedades relacionadas con la desnutrición?
Una ley que modernice la comunicación audiovisual, que pretenda ponerle un freno a la concentración mediática y que pueda generar una red mínima de medios nuevos puede resultar un paso adelante. Pero la proyección se enturbia cuando observamos quiénes hoy protagonizan la discusión parlamentaria. Lo complejo, en todo caso, es observar que por fuera de este conflicto de intereses cruzados, miles de personas asisten al debate como espectadores, delegan su responsabilidad y no esperan ningún tipo de solución de apellidos ligados desde siempre a los aparatos partidarios que han devastado el país. El mismo país que los medios -cómplices del desastre- eligen no televisar desde hace décadas, más allá de leyes y negociados en disputa.
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