Apresuramiento y politización
"Quedaremos siempre con la sensación de que esta fue una legislación contra los medios, no una regulación que defienda el derecho a la comunicación del público". Con esas palabras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a criticar el clima en el que se aprobó la ley de medios durante la madrugada del sábado.
En un comunicado, la SIP expresó su "solidaridad con las entidades periodísticas y medios de comunicación que criticaron varias normas de la nueva legislación, especialmente aquellas que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes del Poder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años".
Entre otros puntos polémicos de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada en la madrugada del sábado en la Cámara del Senado, sin modificaciones, tal "como la despachó la Cámara de Diputados, incluye la regulación de los canales de televisión por cable; el otorgamiento de parte del gobierno central de licencias en aquellas ciudades con poblaciones mayores a quinientos mil habitantes del interior del país; y la obligación a los multimedios a desprenderse o vender sus permisos o licencias de operación en menos de un año", subrayó la SIP.
La entidad dijo que el "apresuramiento" y la politización en torno a la aprobación de la nueva norma, podría ser la razón de la "inexistencia de un diálogo profundo entre los políticos y los dirigentes gubernamentales – dijo el presidente de la SIP , Enrique Santos Calderón – ya que se observó mucha diligencia para 'castigar' a los medios, pero muy poco para que se visualice el papel del Estado en el manejo de la información y en su papel de ordenador".
Santos Calderón, del diario El Tiempo de Colombia, recordó la falta de normas que regulen la distribución transparente de la publicidad oficial y destacó que así, se desconocen las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, "que en un fallo de septiembre de 2007, estableció que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación" y reclamó que se legisle al respecto.
El texto de la SIP agrega: "Más allá de que los medios y las entidades estén planificando buscar la inconstitucionalidad de la norma y de que la oposición en el Congreso ya hable de modificaciones después de que las mayorías parlamentarias cambien a partir de diciembre próximo, Santos Calderón agregó que es "triste que el clima polémico y politizado haya desvirtuado el sentido de una legislación, que terminó siendo revanchista, olvidándose de la pluralidad pregonada. Quedaremos siempre con la sensación de que esta fue una legislación contra los medios, no una regulación que defienda el derecho a la comunicación del público".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP , Robert Rivard, representante del periódico estadounidense San Antonio Express-News, mencionó que la SIP se mantendrá "en alerta sobre la situación", adelantando que representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras organizaciones nacionales, podrán seguir debatiendo este tema en la asamblea general que la institución hemisférica realizará entre el 6 y el 10 de noviembre en Buenos Aires.
"No puede haber verdadera pluralidad sino se incluye la libertad de empresa y otros estándares internacionales en materia de libertad de prensa", concluyó Rivard.
Gentileza: Coco Plaza
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