*Por Carlos A. Bozzi
Las recientes manifestaciones de Graciela Fernández Meijide acerca de las cifras reales de personas desaparecidas durante la década del 70, las numerosas repercusio- nes causadas, que también motivaron una declaración de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la reciente absolución del coronel Alejandro Guillermo Du ret por un Tribunal Federal en la ciudad de Mar del Plata, introdujeron otro cariz al tema de los derechos humanos en Argentina.
Más allá de los disgustos y las molestias que puedan ocasionar opiniones diversas, es necesario ver que la polémica no es mala en sí, sino por el contrario es necesaria e imprescindible para diseñar una estrategia superadora que permita la condena de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y más aún, que esa condena sea dictada por el actual sistema de justicia que tiene la República Argentina en este momento histórico y no por otra justicia, que deseamos, pero no aparece, salvando los casos de excepcionales jueces, que aun quedan y poco pueden hacer..
Las cifras las tiene el Estado
El 24 de marzo de 1976, no fue producto de algunas ideas alocadas de ciertos perso- najes que emergieron de la nada, con ansias purificadoras y la misión de salvar a la patria de las tinieblas y el caos. Fue el resultado de una política que se apropió del aparato del Estado Argentino y que a través de sus funcionarios y empleados, diagra mó una estrategia de exterminio de disidentes políticos y sociales.
Así lo hemos dicho en reiteradas oportunidades a través de las páginas de “El Orti- ba”,en artículos escritos en el 2006 y 2007,en los cuales como síntesis se concluía: “Este diagrama de la muerte se diseñó como una POLITICA DE ESTADO, método que por una parte buscó ocultar los hechos, mientras que por otra registraba minuciosa y administrativamente todo detalle de cada asesinato. Y así, responsable único de esta historia, el ESTADO, el de ayer como el de hoy, sea quien fuere el que se encuentre al frente de su administración ,va evadiendo lentamente su obligación de brindar y poner al alcance de todos, los elementos necesarios e imprescindibles para que miles de argentinos reconstruyan su historia”.[1]
Nadie puede ignorar las dificultades de todo tipo que han tenido los familiares de las personas desaparecidas para realizar adecuadamente sus denuncias en aquellos tiempos. Basta imaginar, las penurias que atraviesa hoy un argentino que desea ha cer una denuncia similar en cualquier dependencia policial o judicial país, para com prender la magnitud del problema. Por ello, no se entiende lo que pretende decir la señora Meijide cuando cuestiona las cifras de desaparecidos, ni adonde apunta su planteo y cual es el beneficio de una u otra visión de la cuestión.
No solo, existe el informe de Arancibia Clavel (Policia Chilena,DINA) que en 1978 decía: “ se tienen computados 22.000, entre muertos y desaparecidos desde 1975 a la fecha…”, sino también el informe de un militar argentino a la Nunciatura Apostó- lica , que a diciembre de 1978, confesaba: “las fuerzas de seguridad se habían visto obligadas a hacerse cargo de más de 15.000 personas” (en la jerga,, quiere decir: “se habían cargado, más de 15.000 personas), con lo cual no quedan dudas que las cifras son mucho más superiores a las denuncias iniciales efectuadas ante la Cona dep. Y teniendo en cuenta,la cantidad de centros clandestinos de detención, el núme- ro de hombres de armas puestos en acción, la inmensa tarea que aún resta en muchas localidades del interior del país para censar desapariciones no denunciadas,no es difí cil imaginar un número que supera ampliamente los 30.000 desaparecidos.
Pero en donde difiero con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, es que la cifra exacta y los datos de la cantidad de desaparecidos, se encuentre en poder de los asesinos, si como tales identificamos a los Videla,Massera,Bussi, Menéndez, etc. En realidad, el asesino fue el Estado Argentino, el que realizó esta atrocidad a través de sus agentes, quienes anotaron, registraron y archivaron minuciosamente to- do, como lo hace cualquier empleado público que se precie de tal..
Y sobran los ejemplos. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA) descubierto en el año 1999 y el ahora reciente informe sobre otros archivos descubiertos en Rosario y Santa Fe, como algunos desenterrados en la ciudad de Corrientes, muestran que hay datos y muchos. A más de ello, aun conti- núan las amenazas anónimas a madres y abuelas,en la cuales macabramente se trans- miten detalles de la muerte de sus hijos, detalles que solo pueden saber aquellos que participaron en esos homicidios. En estas páginas, también hemos relatado el episo- dio sufrido por los hijos del matrimonio Sasso, desaparecido en Mar del Plata en febrero de 1979, a los que una mano anónima, dejara por debajo de la puerta del de- partamento de uno de ellos, la cédula de identidad de su madre..¿Quién había archi- vado ese documento durante 21 años y lo había mantenido intacto?..[2]
Lo que pasa es sencillo: hay que tener ,mostrar y ejercer voluntad política para bus- car esos datos y ningún gobiernos desde 1983 en adelante, la ha tenido y creo que tampoco la tendrán los que vengan en el futuro. Y aquí está el mello de la cuestión, pues la dilucidación final de estos hechos esta en manos del mismo Estado, que es quién cometió el delito. ¿Cuántos dictámenes favorables a la reparación de daños a familiares de personas desaparecidas,emitidos por la Secretaría de Derechos Huma nos de la Nación,son rechazados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministe rio de Justicia?.Es bueno que se sepan, no solo la cantidad, sino también las razones del rechazo. Tengo ejemplos, nada gratos y que en el fondo mellan la tarea de hom- bres de talla del Dr.Eduardo Luis Duhalde, porque se originan en el área de la deci- sión política ministerial , ajena a su secretaría y demuestran las diferencias entre una y otra visión sobre los hechos de la década del 70.
La realidad es una sola. Esto tiene nombre y apellido y no se soluciona con excusas ni discursos llenos de pretextos.Solo se necesitan datos,fechas,registros,anotaciones, documentos, resoluciones secretas y publicas, nomina de pilotos militares en el pe riodo 1976 a 1982, listado de todos los conscriptos clase 1955 a 1958, fecha de ope- raciones y quienes son ,al menos algunos, de los 150.000 hombres que participaron en la represión, todo lo cual esta en poder del Estado y no ha expuesto públicamente a la luz hasta ahora, en la dimensión que corresponde. Detrás de cualquier puerta, esta todo lo que se busca. Solo se necesita abrirla.
El caso Duret : la realidad a la vista
En los artículos mencionados anteriormente, habíamos sostenido que la justicia ar gentina estaba en deuda con la problemática de los derechos humanos, pues dicho po der, se había convertido en una máquina de hacer tiempo a la espera de que la biolo- gía haga su trabajo, de manera que los malos vayan muriendo paulatinamente y así eludan cualquier posible condena. Al igual que un mediocampista de fútbol, hace tiempo con la pelota. la amasa, la pisa. Demora el pase, espera que los demás se aco- moden o acomoden las cosas ( especialmente el poder político) y después actúa.
Pero con el caso del coronel Alejandro Guillermo Duret esa regla se quebró. Llegó la hora de actuar ,pues no quedaba otro remedio y procedió: lo absolvió de culpa y cargo, porque nadie lo vio cometer el crimen del joven Labolita. En realidad el argu mento no es nuevo. En los asesinatos de los Doctores Candeloro y Centeno, los ma- gistrados que juzgaron a las Juntas Militares, dieron por acreditado el secuestro de los mismos y nada más, con esta lacónica frase: "...Frente a tan escaso cuadro pro batorio, resulta forzoso concluir en que no se encuentra acreditado que esta muerte haya sido la consecuencia del accionar violento de sus captores..."...
Pero, más allá de este fallo sobre el coronel Duret, cuya suerte final esta en manos de la apelación, resulta interesante remarcar algunos puntos de la defensa.. El mili tar remarcó algo llamativo: “El Estado, me perjudicó al destruir toda la documenta ción relacionada con la lucha antisubversiva”. Urge probar que no es así, porque el argumento va a prender como hongos en la humedad.
Y la segunda cuestión, más preocupante aún, es cuando dijo: "Hice el 75 por ciento de mi carrera en gobiernos democráticos y ascendí a coronel en abril del 2000 con acuerdo del Senado. El 12 de abril de 1994 fui designado al cuartel de Zapala en pleno Caso Carrasco. No me hubieran designado a cumplir esa misión si fuera un violador de Derechos Humanos", con lo cual estaba reafirmando lo que mucho sos- tienen, al decir, que el peso de la represión recayó entre la oficialidad que aquel en tonces contaba entre 25 a 35 años. Ello son en realidad, quienes pueden informar fe- hacientemente sobre aquellos hechos.
Y no es el primer caso de un acusado de violación a los derechos humanos que siguió prestando servicios al Estado. Ejemplos sobran: el número 226 de la Revista “El Periodista”, informaba en enero de 1989, que el Teniente de Fragata, Jorge Luis Radice, miembro de la plana mayor del Grupo de Tareas 3.3. de la ESMA, había si- do designado asesor de seguridad en el minibloque del ultra peronismo en la Cáma- ra de Diputados. En julio de 2006, mucho tiempo antes de ser detenido, informába mos desde estas paginas, que el ex Capitán de Fragata, Luis Roberto Pertusio, Jefe de la Fuerza de Submarinos en 1976 en Mar del Plata, aún integraba el Comité de Es tudios de Estrategia Militar y Organización Superior del Centro Naval Argentino, participando en paneles auspiciados por la Escuela de Defensa Nacional.[3]
Cuando fue detenido Aldo Carlos Máspero, ex jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (AADA 601), también señalamos que sus tareas docentes como pro- fesor de la Escuela Superior de Guerra estaban avaladas por la fuerza ejército y la no minación al premio a la “Vocación Académica” (34° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires) , fue propuesta por un jurado constituido por rectores y decanos de Universidades e Institutos Terciarios Argentinos y por los organizadores de las Jor- nadas Nacionales sobre la Vocación,la Capacitación y el Empleo en la República Ar gentina. [4] . Y hasta el propio Alejandro Guillermo Duret, participó de la comitiva presidencial, cuando Carlos Menem concurrió al juramento de Chavez en Venezue- la, allá por febrero de 1999. (Ver Diarios “La Nacion” y “Clarín”, 3 de febrero de 1999).Es decir, parece, que todos aún están y estuvieron hasta hace poco en el Estado, al cual le prestaron servicios desde muchos antes de 1983 y quizás en la ac tualidad, buena parte de aquellos 150.000 hombres, permanezcan en distintos pues tos burocráticos. Esta es la cuestión central a resolver, porque sin refundar un Esta- do, que tiene sus actuales cimientos en las leyes de los gobiernos cívicos-militares, será casi imposible torcer la historia de la Argentina.
El regocijo de los malos
Es posible y ciertamente probable que estas polémicas despierten regocijo en algu- nos personajes, que no han hecho otra cosa que justificar vejaciones, torturas y crí menes, sin poder demostrarle a la sociedad que un “solo” desaparecido haya sido el autor de algún hecho ilícito en la década del 70. Y no la pueden mostrar, porque sus defendidos han asesinado a todos los sospechosos…se han quedado sin prueba algu- na. Los principios en que se fundamenta la justicia son superiores, pues nadie podrá desvirtuar que todo homicidio es un crimen y por ello tendrán que responder, hoy, mañana o pasado, no sé, pero lo tendrán que hacer ante los tribunales de justicia.
*Abogado
Sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”
Publicado en “El Ortiga.org”
[1] “¿Y entonces, me pongo de nuevo la capucha?”, “Todavía Están”, “Haciendo Tiempo”,etc.
[2] “Documentos Secuestrados .Documentos devueltos. Cedulas de Identidad recuperadas. Misión cumplida”.
[3] “Jefes Navales detenidos en Mar del Plata”
[4] “Regreso sin Gloria.Mas Militares detenidos fueron llevados a Mar del Plata”.-
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