LA ANULACIÓN DE LAS LEYES DE LA IMPUNIDAD

El 25 de marzo de 1998 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas por el Congreso Nacional, pero las causas de los militares seguían cerradas. Luego, el 6 de marzo de 2001, el juez Gabriel Cavallo declaró la "inconstitucionalidad y la nulidad insanable" de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El 9 de noviembre del mismo año, la Sala II de la Cámara confirmó por unanimidad el fallo dictado por el juez Cavallo y por eso ratificó la inconstitucionalidad de las dos leyes de impunidad. El 12 de agosto de 2003, la Cámara Nacional de Diputados anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el 20 del mismo mes la Cámara Nacional de Senadores finalizó su anulación. El14 de junio de 2005, la Corte Suprema ratificó la inconstitucionalidad de las leyes, declarándolas "constitucionalmente intolerables". Cómo consecuencia pudieron iniciarse nuevamente juicios contra militares acusados de violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar

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