*Por Alfredo Antonuccio
Desde hace 25 años, los gobiernos democráticos que precedieron a la dictadura militar intentaron sancionar una Ley de Radiodifusión que reemplazara al Decreto-ley 22.285 que el 15 de septiembre de 1980 firmaran Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz; sin conseguirlo, debido a las múltiples presiones de los intereses que se posesionaron en el ámbito de las comunicaciones, cuyo natural patrimonio es del pueblo y no de los negocios de las empresas mediáticas. Estas corporaciones de multimedios y sus beneficiarios presionaron en lobbies de todo tipo sobre legisladores y ámbitos de los poderes del Estado. Al contenido de dicho Decreto-Ley (el 22.285) se le sumaron las reformas de los años noventa, convirtiéndolo en un traje a medida para iniciar una inescrupulosa y alevosa concentración de los medios en pocas manos. El resultado consecuente fue: MENOS VOCES, MÁS GANANCIAS Y MENOS DEMOCRACIA.
Nadie pone en duda que la comunicación, la expresión y la radiodifusión son y pertenecen a los derechos humanos, por lo tanto, no pueden ni deben ser considerados para las actividades comerciales como se ha hecho hasta el momento.
Los cambios tecnológicos exigen adecuarse permanentemente a los nuevos tiempos. Cuando la dictadura sancionó con la 22.285 no había tampoco Internet, ni se hablaba de la televisión digital, ni del triple play. Estos encuentros modernos tienen que ser regulados adecuadamente por esta nueva Ley que se avecina. Por lo tanto será también legislar para todos los ciudadanos, otorgándole pluralidad de voces y no que haya, como hasta el momento, un solo discurso hegemónico de los monopolios mediáticos funcionales a los intereses de unos pocos.
Por lo expresado, adhiero fervientemente a la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión ó de comunicación audiovisual que garantice el derecho a la información de todo el pueblo argentino.
Buenos Aires, Abril de 2009,
*Diputado Provincial Frente para la Victoria
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