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26 de abril de 2009

ABERRANTE JUICIO CONTRA CUATRO DELEGADOS GRÁFICOS


El adalid de la libre expresión criminaliza a sus trabajadores


*Por Claudio Díaz

Con una treintena de testigos (que en su gran mayoría eran, más que eso, jerarcas de la parte acusadora), la “exposición” de cientos de fotos que nada aportaron hasta el momento como prueba testimonial y hasta la difusión de un tedioso video que intenta ser una película de terror protagonizada por trabajadores (pero que no muestra “ni una gota de sangre”); el intento de criminalización de un derecho tan humano, elemental y constitucional como es el “Derecho de Huelga”, se acerca a su fin sin que sus promotores tengan la seguridad de que pueden hacer sonar las clarinadas en son de triunfo.  

Estamos hablando del juicio oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 13, integrado por los doctores Gamboa Enrique, Guardia Diego y Calveta Adolfo, contra cuatro delegados de Artes Gráficas Rioplatense, empresa  perteneciente al Grupo Clarín. Todos fueron procesados por los supuestos delitos de privación ilegitima de la libertad, daños, hurto, amenazas simples, amenazas coactivas y usurpación. Parece demasiado, claro, pero a estos trabajadores se los acusa de todo eso.

En la historia de lucha de la clase trabajadora argentina casi no existen antecedentes de un juicio de estas características. Todo se inició hace casi cinco años. Entre el 28 de Agosto y el 2 de septiembre de 2004, los trabajadores gráficos de AGR participaron de un conflicto gremial originado por la propia empresa al imponer una jornada ilegal de trabajo que incluía los sábados a la tarde y domingos, con el pago de horas simples, en violación a lo establecido en el Convenio Colectivo de trabajo.

Luego de reiteradas denuncias efectuadas por la Federación Gráfica Bonaerense y la comisión interna ante el Ministerio de Trabajo, una asamblea general del taller ubicado en el barrio de  Pompeya resolvió un paro total de actividades. La huelga se prolongó durante cuatro días y culminó con un operativo policial de características ciertamente intimidatorias, del que participaron 600 efectivos uniformados y de civil resueltos a reprimir.

La empresa despidió a 119 trabajadores y, tras la conciliación obligatoria, 48 de ellos no fueron reincorporados, incluidos todos los integrantes de la Comisión Interna. Pero cuatro de los delegados: Luis Siri, Javier Alfonso, Nicolás Rivero y Cristian Quiroz, con el apoyo de la Federación Gráfica Bonaerense, mantuvieron la firme decisión de reclamar su reincorporación bajo el amparo de la garantía de estabilidad gremial que los protege.

Transcurridos más de cuatro años de aquellos acontecimientos, quedó demostrado que el verdadero motivo de este proceso fue el de judicializar un conflicto puramente gremial para impedir o al menos obstaculizar el funcionamiento de las actividades sindicales, lo que podría generar un antecedente de sumo riesgo para los trabajadores. La CGT se ha expedido públicamente en ese sentido reclamando que no puede usarse a la Justicia para enmascarar una flagrante violación al principio de libertad sindical.

Un dato aleatorio muy significativo: aunque la representatividad de los delegados gráficos sometidos a juicio fue ratificada en forma democrática por el voto de sus compañeros de trabajo (en elecciones de comisión interna realizadas en  2005, 2006, 2007 y 2008), en la práctica se ven imposibilitados de cumplir con las funciones gremiales que les corresponde.

Como parte de su estrategia, Artes Gráficas Rioplatense radicó denuncias ante la justicia laboral y penal, tratando de demostrar que la legítima huelga (que curiosamente nunca fue declarada ilegal), representó en realidad una usurpación del establecimiento y que algunos de los trabajadores fueron intimidados por los delegados para obligarlos a acatar la medida. No obstante ello, los delegados fueron absueltos en reiteradas oportunidades por distintos jueces del ámbito penal y protegidos en el ámbito laboral. Sin embargo, recurriendo a otras vías judiciales, y utilizando la presión y el lobby que lo caracteriza, el Grupo Clarín forzó el inédito juicio oral y público y, además, logró que se les trabara embargo a los 10 delegados imputados por $ 40.000 cada uno.

Este martes 28 se darán a conocer los alegatos de la parte acusadora, y al día siguiente los de la defensa. De modo que el miércoles a la tarde se conocería la sentencia. ¿Qué dejó hasta ahora el caso?  Sorprendió que la empresa presentara como testigos (unos 35) a una abrumadora mayoría de su personal jerárquico, como así también a su apoderado legal. El 17 de marzo, en tanto, hizo exhibir un video grabado durante los días de conflicto, editado por la propia empresa. Cuando el tribunal preguntó qué criterio se había utilizado para su compaginación, la respuesta del abogado del Grupo Clarín fue: “El que creímos conveniente para un conflicto de estas características”.

El material dura cerca de cuatro horas y tanto una voz en off como el testimonio de los testigos hablan de que los delegados incautaron material; que llevaron a sus compañeros a la rastra para que tomaran parte de la asamblea que decidió el paro; que amenazaron y agredieron a personal de la planta… Pero en ningún momento el video muestra esos supuestos incidentes. Al ver el material fílmico, la mayoría de los presentes comentó que les hizo recordar a las publicidades que se emitían durante la última dictadura militar.

También fue muy importante el testimonio del primer testigo de la defensa: el secretario adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amicheti. Su declaración sirvió para dejar en claro la posición del gremio, ya que la empresa planteó en todos los ámbitos que la medida de fuerza cuestionada, como así también todos los reclamos hechos por la comisión interna, nunca fueron avalados por el sindicato y que los delegados actuaron de forma inconsulta. Amicheti dijo que el gremio no solo apoyó la medida sino que además la promovió.

De no mediar ningún cambio más, el próximo miércoles, con la lectura de los alegatos de la defensa, acabaría entonces este juicio que ya lleva más de un mes. “Aguardamos la sentencia con la esperanza de que el veredicto sea el de la absolución de todos los cargos que nos endilgaron. Y de ahí en más trabajar para recuperar el lugar, el tiempo que se nos fue y los derechos que nos quitaron hace casi 5 años”, dice Luis Siri en su nombre y en el de sus compañeros enjuiciados.

La sentencia también será seguida desde muy cerca por los millones de trabajadores de la Argentina, por el precedente que podría sentar en caso de que los delegados de Clarín resulten condenados a recibir alguna pena. Es que en este juicio parece haber quedado en claro que lo que se buscó es sentar una jurisprudencia sobre el derecho a huelga, con todo lo nefasto que eso representaría para el futuro del movimiento obrero. 

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