El fallo de la corte contra el movimiento obrero
Durante aquella orgía de borrachos asesinos, que algunos ingenuos siguen llamando "Revolución francesa", más que destruir los cimientos del orden feudal, lo que se hizo fue sentar las bases del neo-feudalismo de las grandes corporaciones capitalistas. La llamada Ley Le Chapelier, promulgada el 24 de junio de 1791, dio señales más que evidentes de lo que se preparaba. Copiamos textualmente:
"No existen más corporaciones en el Estado. No existe más que el interés particular de cada individuo… No se permite a nadie que inspire a los ciudadanos un interés intermedio en la cosa pública para un espíritu de corporación. Los ciudadanos de un mismo Estado o profesión no podrán, cuando se hallen reunidos, nombrar presidente ni síndico, ni llevar registros ni tomar decisiones o deliberaciones, ni constituir reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes…" (Se proclamaba así lo que alguien, años después, llamaría la política del zorro en el gallinero libre". Invocando la libertad individual, la "revolución" ahogaba la libertad colectiva de los trabajadores.
Todo el siglo XIX y buena parte del XX fueron testigos de las luchas de los trabajadores para reafirmar sus derechos colectivos. Recién en 1884, la Francia de la III Republica toleró la formación de sindicatos obreros. En la Argentina hubo que esperar hasta la Revolución Peronista de 1945 para que los sindicatos tuvieran existencia real, formando parte de un proyecto nacional compartido, más allá de las habituales reivindicaciones salariales. Desde 1955 en adelante, se sucedieron los intentos de los hijos de... de Adam Smith, para eliminar la presencia del movimiento obrero organizado de la escena política.
Es con la llegada del peronismo al poder (1945) que los sindicatos se constituyen en "columna vertebral del Movimiento Nacional" (Perón dixit). La contra-revolución de 1955 pone especial interés en eliminar de raíz el poder sindical peronista, por la vía de recurrir al sindicalismo amarillo de socialistas y radicales, en siniestra alianza de la izquierda burguesa y la progresía reaccionaria. No hay contradicción en estos términos, a poco que se analicen. Ghioldi y Santamarina del bracete y por la calle, así como enormes retratos de Churchill y Stalin en los actos de la Unión Democrática (donde el embajador de Estados Unidos era invitado preferencial), subrayan esa colusión contra-natura. Hay muchos "memoriosos" que preferirían olvidar estos molestos detalles sobradamente documentados en libros y fotografías.
Y si no gustan de recurrir a las bibliotecas y a los archivos, al menos que tomen nota de lo que Perón les dijo a los trabajadores nucleados en la CGT el 21 de febrero de 1973. Como todo lo que emanaba de su pensamiento, el testimonio es memorable: “…el reciente caso de una entidad estatal y por lo tanto manejada por los agentes de la dictadura (Somisa) es suficientemente elocuente. En ella un grupo de agentes de provocación copa sus instalaciones con la clara connivencia sospechosa de sus directivos y se agitan slogans contra la Central Obrera y su secretario general, José Rucci, fabricando a la vez al dirigente de la triste figura (Agustín Tosco) para crear un conflicto artificial con la finalidad de crear gremios ‘independientes’, como lo habían hecho ya en Córdoba con SITRAX y SITRAN. Este empeño formidable de la dictadura hacia la formación y funcionamiento de tales sindicatos es una clara demostración de la perversa intención de destruir la organización sindical argentina (…). Todo esto tiene un trasfondo: dividir. El régimen quiere cientos de sindicatos y no un gran sindicato. Anhela dos o tres centrales obreras y no una CGT unida y poderosa, y menos aún si es peronista. Los designios de semejantes desatinos están bien claros y a la vista. Si los trabajadores argentinos cometen el error de no apoyar con todo su entusiasmo y toda su decisión las actuales organizaciones y mantener el régimen justicialista orgánico funcional de su organización gremial, pagarán muy caro su desaprensión”.
El fallo, acordada o como se llame, de la Suprema Corte, asfalta el camino que no consiguieron pavimentar ni gerentes del liberalismo ni milicos encaramados al poder con invocaciones a la libertad sindical. Y pone en vías de ejecución este nuevo intento de abrir la puerta del gallinero al zorro hambriento. La ley Le Chapelier quería que nadie se hiciera cargo de los problemas colectivos del trabajo; alguien pensó que sería más eficaz que cualquiera lo hiciera.
Así podrían lograr tener un frente del trabajo fragmentado para negociar con una patronal monolíticamente unida. Y en medio de una tremenda crisis mundial que hace temblar los cimientos del edificio laboriosamente erigido por el liberalismo durante los últimos 200 años.
Los muchachos de la izquierda burguesa -algunos bienintencionados y otros no tanto- se alegrarán de lo que consideran un triunfo sobre la "burocracia" sindical, como festejaron en su momento el asesinato de Rucci. Cuando despierten, se darán cuenta de que los engañaron como en 1975. Pero entonces será, otra vez, tarde.
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